Sánchez dispara casi un 38% el déficit del Estado en once meses y suma 37.853 millones al agujero público

La falta de ajustes en el gasto público ha provocado que las Administraciones Públicas -al margen de las corporaciones locales- acumulen un déficit de 29.411 millones de euros en los once primeros meses de 2024, una cifra un 1,9% superior a la registrada en el mismo periodo del ejercicio anterior, aunque por debajo del objetivo para el ejercicio marcado por la Unión Europea con las nuevas reglas fiscales, del 3% del PIB.

Según justifica el Ministerio de Hacienda tras publicar los datos de ejecución presupuestaria, la causa directa de este incremento se centra en el impacto económico provocado por la DANA y por el reparto de ayudas a los damnificados, al contabilizar un gasto extraordinario de 4.105 millones de euros, un 0,26% del PIB, aunque los que esperan estas ayudas denuncian que les ha llegado menos de un 20% de los prometido.

Además, hay que tener en cuenta que los datos publicados por Hacienda no contabilizan la mayor parte del impacto presupuestario de las ayudas, que comenzaron a partir del 29 de noviembre, algo que sí ha hecho la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que avisa que se disparará seis décimas de PIB entre 2024 y 2025, elevando el déficit de 2024 hasta el 3,3% del PIB, por encima del límite marcado por Bruselas, aunque las autoridades comunitarias ya han asegurado que otorgarán un margen razonable al Gobierno.

Las mismas fuentes ministeriales apuntan que si se descuenta tanto el impacto presupuestario de estas ayudas como el de las ayudas a la banca, el déficit público se situaría en 25.711 millones, un 9,7% menos que en los once primeros meses de 2023.

La Administración Central, cuyas cuentas dependen directamente del Gobierno y de Pedro Sánchez, disparó su déficit casi un 38%, para sumar 37.853 millones al agujero público y elevarlo hasta el 2,38% del PIB), achacable al impacto negativo de la liquidación del sistema de financiación autonómica y local de 2022 y a las mayores entregas a cuenta. Y de nuevo 4.085 millones de euros por los gastos extraordinarios derivados de la DANA -aunque hay que recordar que 4.074 millones corresponden al Consorcio de Compensación de Seguros, es decir, no los aporta directamente el Estado-, así como al crecimiento de otras partidas como las de remuneración de asalariados (4,3%) o intereses de la deuda (11%). Un desfase presupuestario provocado porque los ingresos no crecieron en el mismo sentido, y se quedaron muy por debajo, en el 6,7%.

En el caso de la Seguridad Social, su caja cerró noviembre con superávit, en este caso de 2.791 millones de euros (0,18% del PIB), un 39,6% inferior al de un año antes por el fuerte aumento del gasto derivado, entre otras partidas, de la remuneración de los asalariados públicos, las prestaciones y, sobre todo, por las pensiones.

En contraposición del Estado, que mantiene la partida de gastos muy por encima de los ingresos, las comunidades autónomas registraron un superávit de 5.651 millones (0,35% del PIB), con casi todas las regiones en positivo salvo Murcia (0,86% de su PIB) y Comunidad Valenciana (1,12%), un resultado positivo que fue especialmente destacado en Canarias (1,9% de su PIB) y Asturias y Navarra (1,71% en ambos casos). Este superávit contrasta con el déficit con el que cerraron el año 2023, una situación positiva que Hacienda se apunta como propia por el reparto realizado con la liquidación del sistema de financiación y las entregas a cuenta.