España, líder europeo en inclusión financiera

España se enfrenta a un desafío significativo en la prestación de servicios en áreas rurales, especialmente debido a la baja densidad poblacional y el proceso de despoblación que afecta particularmente a las zonas del interior peninsular. Desde comienzos del siglo XXI la población residente en el estrato de municipios más pequeños se ha reducido hasta la actualidad en un 10%. Estos municipios suponen el 80,7% del territorio, pero solo concentran el 20% de la población española. A esto se suman las complicaciones orográficas del país, que dificultan aún más el acceso a zonas remotas.

Estos factores, junto con la limitada cobertura telemática y el envejecimiento de la población, han aumentado las barreras de acceso a los distintos servicios y recursos. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha publicado el estudio número uno de la colección Informes de 2025, titulado «La inclusión financiera en las áreas rurales de España ante el reto demográfico». Este informe, cuyo autor es el profesor Luis Alfonso Camarero Rioja, catedrático de la UNED, nace de la preocupación acerca de las dificultades y limitaciones en la prestación de servicios para quienes residen o transitan por las áreas rurales y aborda, entre todas las dimensiones que configuran el problema, de forma específica la cuestión de la inclusión financiera. En este sentido, España se posiciona como el tercer país con mayor número de oficinas bancarias por cada 10.000 habitantes, alcanzando un valor de 3,7 respecto a la densidad de población, lo que coloca al país por encima de la media europea (2,9).

Este indicador refleja una mayor presencia de sucursales bancarias en comparación con otros países del continente, subrayando el compromiso de España con la inclusión financiera, incluso en las zonas rurales más remotas.

Equidad

El acceso a los servicios financieros en las áreas rurales de España muestra una distribución más equitativa en comparación con otros servicios públicos esenciales. Según el informe, solo el 0,8% de la población de municipios con menos de 10.000 habitantes carece de un punto de extracción de efectivo como una sucursal, cajero, estafeta o farmacia, lo que es tan solo ligeramente superior a la provisión de servicios de atención primaria de salud (0,2%) y significativamente menor que la carencia de servicios de atención especializada (45%) o educación básica (2%). Este dato subraya el esfuerzo del sistema financiero para garantizar que incluso las comunidades más alejadas puedan acceder a los servicios bancarios.

España ha adoptado diversas iniciativas tanto del sector privado como mediante colaboraciones público-privadas y políticas gubernamentales, alineándose con las mejores prácticas internacionales para combatir la exclusión financiera. En particular, el país destaca por su compromiso con la implementación de un amplio conjunto de estrategias, que incluyen desde redes de cajeros automáticos compartidos hasta subvenciones públicas y oficinas móviles, con el objetivo de garantizar el acceso a los servicios financieros en todas las regiones.

Los resultados del esfuerzo conjunto entre el sector bancario son notables. Entre 2022 y 2023, el número de municipios sin acceso a servicios financieros presenciales se redujo en un 38,4%, pasando de 4.401 a 2.713, lo que permitió disminuir la población excluida de estos servicios en un 71,5%.

En el informe se resalta que una de las medidas más exitosas para mejorar el acceso a los servicios financieros en territorios rurales ha sido el uso de oficinas móviles («ofibuses») y agentes financieros. Estos servicios han proporcionado soluciones bancarias esenciales en comunidades pequeñas, especialmente en municipios con menos de 500 habitantes.

En 2023, el número de municipios con acceso a estos servicios aumentó a 827, lo que representa un incremento de 112 respecto al año anterior. Así España continúa consolidándose como un referente en el acceso a los servicios bancarios, demostrando que un sistema financiero inclusivo no solo es posible, sino también fundamental para el progreso económico y social del país.