José María Páez, vocal del CGPJ: "Las presiones a los jueces resultan insoportables"

Seis meses después de la ansiada renovación, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afronta una prueba de fuego para el necesario consenso con la propuesta para reformar el sistema de elección de sus miembros y con la obligación de sacar adelante más de un centenar de nombramientos atascados. Y lo hace en medio de las críticas cada vez más frecuentes a los jueces desde el Gobierno. Uno de sus vocales, José María Páez (Málaga, 1964) asegura que «se ha vuelto insoportable escuchar insultos y acusaciones a los jueces» y reclama que el CGPJ tenga voz en la reforma de la acusación popular. Con la experiencia de sus 34 años en la carrera judicial, defiende además el sistema de acceso a la judicatura que cuestiona el PSOE y hace votos porque el actual Consejo huya de la polarización y sea capaz de llegar a acuerdos. No será fácil.

La presidenta del CGPJ acaba de salir en defensa de la independencia judicial. ¿Esa defensa es hoy más necesaria que nunca?

Pienso que sí. Era muy necesario un pronunciamiento de esa naturaleza clarificando la postura del CGPJ, que además está en plena sintonía con las palabras de Su Majestad el Rey, recalcando sobre todo la independencia del Poder Judicial y reivindicando el trabajo diario de los jueces. Ese pronunciamiento, además, ha colmado las expectativas que tenemos en ella. Estamos en un Consejo renovado por consenso y también es el primero que elige a su presidenta por acuerdo de los vocales, sin venir impuesta por ningún pacto político. Fue un discurso acertado, con mucha mesura y desde luego claro, rotundo y categórico.

Nos estamos acostumbrando a que desde el Gobierno se critiquen las decisiones judiciales. ¿En qué medida esas críticas, viniendo del Poder Ejecutivo, debilitan el Estado de derecho y la confianza ciudadana en la Justicia?

Hay que distinguir las críticas de los ataques, incluso injurias o calumnias. Estamos hablando ya incluso de llamar a un juez prevaricador, que es el delito mas grave que puede cometer. Estamos cansados de oír en los medios de comunicación a personas con altas responsabilidades que utilizan términos totalmente inadecuados. La critica no solo es conveniente, sino deseable. Uno puede discrepar de una resolución judicial y manifestarlo así, pero resulta llamativo y se ha vuelto casi insoportable es escuchar insultos y acusaciones a los jueces que desde luego afectan mucho al Poder Judicial. El ciudadano ve estos en los medios y cree que es una situación normal. Ver sometido tu trabajo a esas presiones resulta insoportable. Se puede opinar, pero no descalificar. El sistema español es absolutamente garantista y todas las resoluciones judiciales son susceptibles de recurso.

Ninguno de los jueces afectados han pedido amparo al Consejo, pero en todo caso ¿debería el CGPJ responder a esos ataques a su labor jurisdiccional?

Tenemos ante todo que cumplir las normas y para conceder amparo a un juez debe de solicitarlo. Con las declaraciones de la presidenta está muy clara la postura del Consejo ante este tipo de ataques e injerencias. Esto no se puede hacer. Lo que no se puede es intentar interferir en la labor de otros poderes del Estado. Pedimos respeto para el Poder Judicial y somos conscientes de que hay que respetar la labor legislativa.

¿Se está intentando entonces con esas críticas interferir en el Poder Judicial?

No creo que se esté intentando interferir, pero en algunas situaciones se confunden las formas. Por ejemplo, el hecho de que un juez pueda opinar sobre una figura jurídica no quiere decir que se esté interfiriendo en la labor legislativa. Manifestar si se está de acuerdo o no con la amnistía no quiere decir que se esté criticando una ley, porque estamos hablando de una figura jurídica. Resulta curioso que si algún juez se ha manifestado en contra porque considera que no tiene encaje en la Constitución, se dice que se está interfiriendo; pero sin embargo si otra opinión dice que es perfectamente constitucional esto no se critica, lo que resulta paradójico.

El Gobierno quiere reformar el sistema de acceso a la judicatura. Se traslada la idea de una carrera judicial endogámica y elitista. ¿Se corresponde con la realidad?

Lo ha dejado bastante claro la presidenta del Consejo. El sistema actual no es solo absolutamente democrático, sino que es hiperrespetuoso con el principio de igualdad. Cualquier personas que haya estudiado Derecho puede aspirar a ser juez. No hay ningún condicionante familiar ni de otro tipo, la única condición es saberse los temas que se exigen en la oposición. Si tú te los sabes te da igual que los padres de otros opositores sean magistrados del Tribunal Supremo o del Constitucional o que hayan estudiado en Harvard. Esa es la verdadera dificultad de la oposición. Es un requisito absolutamente fundamental: saberse las leyes.

[[QUOTE:PULL|||Oposición|||Cualquier personas que haya estudiado Derecho puede aspirar a ser juez. No hay ningún condicionante]]

Sin embargo, el anteproyecto defiende en su exposición de motivos que "no se trata tanto de conocer la ley"...

Al ser un proyecto de ley, el Consejo tendrá ocasión de pronunciarse, pero los que hemos accedido a la carrera judicial por el sistema de oposición libre sabemos lo importante que es el conocimiento de la ley. La ley es la piedra angular de nuestro sistema de convivencia. Entonces, el principal requisito para ser juez es conocer la ley perfectamente y para eso está el control del examen de oposición. Una vez superado, tenemos un periodo de dos años para afinar en la redacción de resoluciones y realizar las practicas suficientes.

¿Cree que detrás de esa reforma subyace un interés en promover un determinado perfil ideológico de los futuros jueces?

Me gustaría pensar que no. Creo que la intención es buena, pero no tiene sentido acabar con un sistema que funciona para poner en marcha otro que no se sabe si funciona. El actual tiene plenas garantías, aunque todo es mejorable, pero hay pasos fundamentales. El conocimiento de la ley es básico. Es imposible aplicar la ley si no se conoce.

El PSOE ha impulsado una proposición de ley para descafeinar la acusación popular y ampliar las causas de abstención de los jueces que hayan expresado opiniones políticas. ¿Está de acuerdo?

Lo primero que hay que respetar es la Constitución y la acusación popular está regulada en la Carta Magna. Lo más adecuado es que se exija un tramite de un proyecto de ley, para que los órganos que tienen capacidad de informar, como el CGPJ o el Consejo de Estado, se pronuncien. De otro modo, puede aprobarse una ley que tenga defectos y sea imposible de aplicar. Obviar ese paso puede mermar las garantías de la figura de la acción popular y que en el pasado ha servido impulsar muchas causas, no solo en España. Lo que deseamos es que el Consejo tenga la oportunidad de pronunciarse.

¿Es necesario entonces que la voz del CGPJ se escuche teniendo en cuenta la trascendencia de la reforma?

Este Consejo trata de sortear la polarización actual. Lo que queremos es llegar a acuerdos y consensos, porque entre todos enriqueceremos el debate y nuestra decisión. Lo que sorprende es que esto no se tramite como proyecto de ley cuando es una cuestión que tiene mucha trascendencia.

¿Cree que esa iniciativa está condicionada por las investigaciones judiciales al entorno del presidente del Gobierno y al fiscal general?

Quiero pensar que no y que todo lo que hace el Ejecutivo es por el bien de los ciudadanos. Sobre los hechos cada uno que juzgue lo que considere conveniente.

[[QUOTE:PULL|||Renovación CGPJ|||Los estándares europeos son muy claros: al menos la mitad de los miembros del Consejo deben ser jueces y elegidos por sus pares]]

El próximo día 5 celebran un Pleno extraordinario para cumplir el mandato de modificar el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial conforme a los estándares europeos. ¿La elección de estos vocales quedará en manos de los jueces?

Eso es lo que dicen los estándares europeos, que al menos la mitad de los miembros sean elegidos por los jueces. Estamos ante la posibilidad de un cambio de sistema. Sé que se ha hecho un trabajo muy riguroso consultando a los principales operadores. Pero que hay que aclarar que el papel del Consejo no es aprobar una ley. Nosotros haremos una propuesta pero el Parlamento aprobará lo que considere oportuno. Pero los estándares europeos son muy claros: al menos la mitad de los miembros del Consejo deben ser jueces y elegidos por sus pares.

¿Es admisible que esa elección directa quede finalmente supeditada al visto bueno del Parlamento?

Eso es una contradicción porque si hay elección directa no puede haber supervisión de nadie, pues entonces ya no es elección directa.

El actual Consejo tiene sobre la mesa más de un centenar de nombramientos judiciales, pero parece que se ha estancado en la elección del sustituto de Manuel Marchena al frente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. ¿Hay riesgo de que esa divergencia termine bloqueando el resto de nombramientos?

Estamos trabajando en el acuerdo, pero es verdad que son temas que despiertan filias y fobias, pasiones incontroladas, porque son puestos de muchísima responsabilidad y hay una gran presión, pero ocurrió lo mismo en verano para el nombramiento del presidente del CGPJ. Estamos en plena negociación tratando de llegar a un consenso siempre con la perspectiva que consideramos más importante: el mérito y la capacidad.

Pero sin resolver antes las presidencias de Sala del Tribunal Supremo, ¿es posible llegar a acuerdos para avanzar en el resto de nombramientos?

Yo espero que sí. De hecho tenemos muchos nombramientos con un solo candidato. Si se bloquea, el que bloquea tendrá su responsabilidad. A mí la palabra bloqueo no me gusta. En una negociación no se puede acusar a nadie de bloquear porque cada uno pone sus condiciones. Si tu no aceptas las condiciones del contrario, ¿quién esta bloqueando, el contrario o tú? Son nombramientos dificultosos, de mucha responsabilidad, todos los candidatos a los 150 nombramientos que tenemos pendientes son de una extraordinaria valía y es muy difícil elegir al más adecuado. Estamos hablando de 150 nombramientos a una media de cuatro o cinco, incluso diez, candidatos por cada puesto; estamos llevando a cabo una labor ingente con las entrevistas, el estudio de los currículos... Esa es una de las labores que nos ocupa en gran medida. Además ahora toca renovar todos los reglamentos de funcionamiento interno y se han aprobado varias leyes de eficiencia procesal y todo eso si no se desarrolla corremos el peligro de que quede en papel mojado. Tenemos unos retos por delante importantísimos y vamos a tratar de que sea el Consejo el que saque todos estos temas adelante con consenso. Pero a lo mejor dentro de un mes tenemos otra conversación y el panorama ha cambiado totalmente. Eso no lo podemos descartar.

[[QUOTE:PULL|||Consenso|||Los nombramientos despiertan filias y fobias, pasiones incontroladas, porque son puestos de muchísima responsabilidad y hay una gran presión]]

El CGPJ ha abierto expediente informativo al juez Adolfo Carretero por su interrogatorio a Elisa Mouriaá. Más allá de que finalmente se determine o no la existencia de una falta disciplinaria, ¿cree que las formas fueron las más correctas tratándose de una víctima de una supuesta agresión sexual?

Como sabe formo parte de la Comisión Disciplinaria y cualquier opinión al respecto me obligaría a abstenerme. Así que hasta aquí puedo leer. Me encantaría darle la opinión que yo tengo sobre cuál debe ser el trato en los juzgados, pero en este caso no me puedo pronunciar en ningún sentido.

Con la actual configuración de la Fiscalía, ¿cree que la instrucción debe pasar a manos de los fiscales o es imprescindible antes reforzar la independencia del fiscal general respecto del Gobierno que le nombra?

El Consejo ya se ha pronunciado en un informe -que por cierto he visto publicado de manera sesgada- en el que se dice que sería adecuado que el Ministerio Fiscal se hiciese cargo de la instrucción pero con unos condicionantes muy claros: cambiar la estructura del Ministerio Fiscal y llevar a cabo una profundo reforzamiento de la independencia de la figura del fiscal general. Y habrá por supuesto que aumentar los medios porque sin dinero es muy difícil afrontar cualquier tipo de reforma.

El fiscal general declara el próximo miércoles como investigado en el Tribunal Supremo. ¿Debería dimitir si se abre juicio contra él?

Estamos viviendo una situación insólita, pero el único que puede valorarla es él mismo. Para opinar ya están las tertulias, los opinadores y cualquier ciudadano, pero el Consejo debe respetar la labor jurisdiccional. Estamos muy acostumbrados a ver en los medios de comunicación a todo el mundo opinando sobre cómo se debe instruir un sumario o qué es una investigación prospectiva, hay verdaderos expertos que jamás han visto un sumario, pero todo se cuestiona. No sé si acabará en procesamiento o se va a archivar, pero sobre la decisión de si un alto cargo del Estado que se ve procesado tiene que dimitir habrá que acudir a la conciencia de cada uno y ver también lo que se ha dicho en anteriores casos. Es insólito ver a un fiscal general acudir al Tribunal Supremo y sentarse en determinados lugares.

La Justicia sigue siendo lenta.

Los jueces son muy pocos, un número ridículo. Aquí no interesa compararnos con los países de nuestro entorno. Todo el arco mediterráneo y las grandes ciudades están en una situación dramática, asfixiante. Al final el sistema es un embudo en el que todos los asuntos los tiene que resolver el juez. Tenemos una montaña de asuntos, ahora todo metido en el ordenador, que los pocos que somos no podemos afrontar. Y eso afecta también a la independencia judicial, porque no funcionamos bien por culpa del retraso y se desprestigia nuestra labor porque tardamos mucho en resolver los asuntos y no podemos dedicarle el tiempo que nos gustaría. La independencia judicial se hace valer también dotando a la Justicia de medios, porque si no nuestro trabajo decae. No olvidemos que la principal misión del Consejo es el gobierno de los jueces y tratar de mejorar la Justicia y este es uno de los objetivos que nos hemos marcado: mejorar la situación de la carrera judicial y de los juzgados.