Investigado uno de los propietarios de los gallos virales de Valladolid por maltrato animal

La Guardia Civil de Valladolid ha investigado este viernes a un varón, de 43 años, por la comisión de un delito contra los animales por la mutilación de crestas y barbillas a unos ejemplares de gallos de la raza combatiente español sin informe veterinario, una práctica que se realiza cuando estos animales se destinan a las peleas. El pasado 16 de enero la Guardia Civil, tras recibir información de la de Soria sobre la denuncia presentada por el titular, de una explotación, por el robo de varios gallos en unas instalaciones de Valladolid , abrió diligencia por un presunto delito de maltrato animal dando conocimiento a la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Audiencia Provincial de Valladolid. La citada denuncia provocó un gran revuelo mediático y a través de las redes sociales que lograron hacer «virales» a los gallos desaparecidos. Como parte de la investigación, el pasado 22 de enero realizó una inspección de las instalaciones, en colaboración con los Veterinarios de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, en una explotación de gallos ubicada en la localidad de Valladolid. En el lugar se inspeccionaron 21 aves -15 gallos y 6 gallinas - de la raza combatiente español en su mayoría y algún cruce de las razas combatiente español-fénix. Cinco de estos gallos presentaban las crestas y las barbillas amputadas sin acreditar que dicha amputación se debe a causas terapéuticas o de diagnóstico. Estos animales corresponden con los gallos sustraídos y posteriormente recuperados en la localidad de Soria. El resto de los animales se encontraban en condiciones aceptables. Según ha informado la subdelegación del Gobierno, estas intervenciones están reguladas en el apartado 2 del artículo 7, de condiciones de bienestar animal del R.D. 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas. De los hechos inspeccionados se desprendió la carencia total de cualquier tipo de autorización, licencias permiso o comunicación a las distintas autoridades locales y autonómicas, por lo que se han instruido las diversas denuncias administrativas observadas. En este sentido, se detalla como irregular no tener dado de alta un corral doméstico , ni existir comunicación ambiental al ayuntamiento de Valladolid. Tampoco hay inscripción en el registro de explotaciones ganaderas (REGA) de Castilla y León, regulado en la Ley 8/2003, de 24 de abril de sanidad animal, ni se dispone de libro de registro de explotación ganaderas. Por último, no hay documentación que acredite que dicha amputación se debe a causas terapéuticas o de diagnóstico. Asimismo, se están realizando gestiones con la empresa titular de la finca para conocer la legalidad de la situación de la explotación. Los animales han quedado inmovilizados en el lugar debido a la imposibilidad de encontrar una ubicación que cumpla con las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad. Según la subdelegación del Gobierno, el delito atribuido al investigado está tipificado en el Código Penal en su Artículo 340 bis y puede ser castigado con la p ena de prisión de tres a dieciocho meses o multa de seis a doce meses y con la pena de inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia y a la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Audiencia Provincial de Valladolid, si bien se continúa con las investigaciones.