La Audiencia juzgará a la excúpula de Interior por la "operación Kitchen" en mayo de 2026

La Audiencia Nacional juzgará desde mayo de 2026 al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al que fuera su “número dos”, Francisco Martínez, al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a otros ocho procesados, entre ellos varios ex mandos policiales por descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación. Así lo ha acordado la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en una resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, en la que acuerda que una vez admitida la prueba propuesta por las partes para la vista oral, las sesiones del juicio comenzarán "los meses de mayo y junio de 2026" en fechas todavía por determinar. Según este acuerdo, las sesiones comenzarán a las diez de la mañana, aunque las sedes correspondientes a cada jornada se especificarán "más adelante".

La decisión judicial se produce tres años y medio después de que, en julio de 2021, el juez Manuel García Castellón cerrase casi tres años de investigación por el supuesto espionaje a Luis Bárcenas que se habría orquestado en 2013 desde el Ministerio del Interior con cargo a fondos reservados para sustraer al ex tesorero documentación comprometedora para el PP relativa al “caso Gürtel”.

Entre los procesados que se sentarán en el banquillo por estos hechos figuran, entre otros, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino; José Luis Olivera, que fue jefe de la UDEF; el comisario Marcelino Martín Blas; y los también mandos policiales José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez y Andrés Gómez Gordo, así como al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.

Según la investigación, Villarejo y García Castaño pretendían quedarse con la documentación sustraída para "presionar" o "extorsionar" a la cúpula de Interior y garantizarse su "impunidad". Los indicios apuntan a que fue Francisco Martínez quien habría autorizado, "con el conocimiento del ministro del Interior", que se pagara con fondos reservados al chófer de Bárcenas.

García Castellón, que situó a Fernández Díaz en "el vértice de la cadena que ordenó la puesta en marcha de la operación", descartó sin embargo la existencia de una trama política ajena al Ministerio del Interior y rechazó sentar en el banquillo a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a su marido, Ignacio López del Hierro por la "debilidad" de los indicios contra ambos por una supuesta "participación intelectual" que no entendió acreditada.

La "operación Kitchen" -cuya existencia Fernández Díaz niega- habría arrancado entre 2012 y 2013 cuando el entonces titular de Interior "con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud" instó supuestamente a Francisco Martínez (quien desde enero de 2013 era secretario de Estado de Seguridad y antes su jefe de Gabinete) a llevar a cabo "una misión encaminada a la obtención de información y documentación" que pudiera estar en poder de Bárcenas. Según expuso García Castellón, el objetivo era que esos papeles no llegaran a manos del juez que investigaba el caso de los "papeles de Bárcenas", una pieza separada del "caso Gürtel".

Francisco Martínez, continuaba el instructor, "asumió la coordinación de la operación, que se encomendó, en cuanto a su planificación y desarrollo" al DAO Eugenio Pino, quien a su vez dejó la operación en manos de Villarejo, quien se sirvió del comisario Marcelino Martín Blas, al frente de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, y posteriormente de García Castaño, responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que "asumió personalmente el compromiso de llevar a buen puerto la misión", sirviéndose de la Unidad Especial de Seguimientos adscrita a dicha Unidad.

Para ello, había que captar a un colaborador cercano a la familia Bárcenas capaz de acceder a esa documentación sensible, para lo que se sirvieron del chófer de Bárcenas, Sergio Ríoz (a quien se referían los mandos policiales como "cocinero", "Kitchen" o "K2"), quien era una persona "de máxima confianza" del entorno familiar del extesorero del PP, que ejerce la acusación particular en el procedimiento. A cambio, Ríos percibió una gratificación mensual de 2.000 euros con cargo a los fondos reservados, cuyo pago según el juez autorizó el entonces "número dos" de Interior, y posteriormente se le facilitó su ingreso en la Policía "con la finalidad de asegurar su silencio". Para conseguir su colaboración, Villarejo y García Castaño recurrieron al inspector jefe Andrés Gómez Gordo.

"Sin perjuicio de las directrices dadas por el ministro y las motivaciones que pudiera tener", explicaba el juez instructor, la finalidad de Villarejo y García Castaño era "incautar y mantener dicha documentación en su poder", sin entregársela a sus superiores, "para poder obtener algún tipo de beneficio personal, extorsionando o presionando con la misma a cargos públicos o responsables del Ministerio del Interior, o bien simplemente con la finalidad de preservar sus respectivos cargos en la cúpula policial" y garantizarse "la impunidad en las actividades ilícitas que, presuntamente, venían desarrollando de forma paralela".

Esa documentación sensible para el PP fue finalmente localizada en 2013 en el taller de restauración de Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, oculta en un armario con doble fondo. Pero al menos García Castaño, a quien Villarejo se la reclamó insistentemente, tenía una copia con el conocimiento de su superior Eugenio Pino.

El magistrado calificó de "intrínsecamente ilegal" esta operación policial, que además sirvió -recalcó García Castellón- para el "enriquecimiento personal" de altos mandos policiales.

Esta "irregular" entrega de fondos reservados había sido "verbalmente autorizada" por el DAO Eugenio Pino "y era permitida, en última instancia", por el secretario de Estado de Seguridad "con el conocimiento del ministro del Interior".