Aborto: Corporación Miles acusa criminalización desproporcionada y estigmatizante
La Corporación Miles presentó un estudio que analiza el tratamiento judicial de los casos de presuntos abortos entre 2012 y 2022.
La organización dedicada a la defensa de los derechos reproductivos analizó 459 causas judicializadas en Chile, que involucran a 444 personas investigadas por presuntos abortos consentidos, en su mayoría mujeres o personas gestantes (321 personas, equivalente al 72,3%).
De este total, el 10% de los casos (44 personas) correspondían a abortos espontáneos acreditados que no ameritaban procesos judiciales, mientras que el 38,7% (172 personas) fueron sobreseídas definitivamente.
Entre otras vulneraciones de derecho, se detectó la violación del secreto profesional y la vulneración del derecho a la privacidad. Estas prácticas incluyen denuncias por parte de profesionales de la salud, detenciones en centros médicos e instancias de coacción hacia las personas atendidas.
La investigación presentada por Corporación Miles, forma parte de la iniciativa “Podría ser yo, por una salud sin miedos”, una serie de investigaciones desarrolladas en países de América Latina y el Caribe que buscan documentar, desde un enfoque interseccional, la criminalización del aborto en la región.
Este trabajo además cobra especial relevancia en un contexto donde se anticipa el ingreso de un proyecto de ley al Congreso para legalizar el aborto más allá de las tres causales permitidas. Con este informe, se busca generar conciencia sobre la urgente necesidad de reformar la legislación y proteger los derechos de las mujeres en Chile.
La directora Ejecutiva de Miles Chile, Javiera Canales. Foto: Miles Chile
“El informe evidencia la criminalización desproporcionada y estigmatizante del aborto en Chile, con graves vulneraciones a los derechos humanos. El impacto en la vida de las personas investigadas afectó su salud mental, privacidad, economía y desarrollo profesional. Incluso cuando no hay condenas, los procesos son percibidos como revictimizantes y traumáticos”, dijo Javiera Canales, directora ejecutiva de Corporación Miles.
“Este informe revela la urgencia de despenalizar el aborto para garantizar los derechos de las mujeres y evitar la judicialización de procedimientos relacionados con la salud sexual y reproductiva, además de implementar un registro de las denuncias realizadas por profesionales de salud para evaluar el contexto y prevenir nuevas vulneraciones”, añadió Canales.
Los principales hallazgos del estudio
– Inicio y contexto de los procesos
En el 19.6% de los casos, las denuncias provinieron del personal de salud, muchas veces en violación del secreto profesional. Le siguen de conocidos (14,9%) y vinculadas a la justicia (2,9%). Sin embargo, en el 59, 2% no se tiene registro de la procedencia de la denuncia.
El 73% de las personas investigadas fueron acusadas de aborto inducido.
Un preocupante 9,9% enfrentó procesos por abortos espontáneos, muchos de los cuales fueron sobreseídos rápidamente tras la falta de méritos legales.
El 43% de las personas investigadas enfrentó graves violaciones al debido proceso, incluyendo retención de documentos personales, inscripción no autorizada en el catastro nacional de mortinatos y divulgación de fichas médicas sin justificación legal.
Desde la entrada en vigor de la Ley N°21.030 en 2018, se observó una reducción en las formalizaciones.
– Medidas cautelares
En 5,9% de los casos (12 personas), se decretó prisión preventiva. En la mayoría de estos, la duración fue menor a un mes.
La medida más común fue el arraigo nacional, aplicado en un 38% de los casos, seguido por la obligación de firmar periódicamente ante una autoridad (29,8%).
– Duración de los procesos
El 91,2% de los procesos ya está concluido, siendo las formas más comunes de término el sobreseimiento definitivo (38,7%) y la decisión de no perseverar (22,1%).
Sin embargo, existen casos vigentes desde 2013-2015, lo que refleja una tramitación que supera los nueve años.
Movilización a favor del aborto sin causales.
– Condenas
Solo el 11% de las personas investigadas (49 casos) fue condenado. De estas, el 89,8% recibió penas sustitutivas, principalmente remisión condicional.
En solo tres casos (6,1%), se aplicaron penas efectivas de cárcel.
El 38,7% de los casos fueron archivados definitivamente, lo que refleja la falta de mérito en una gran parte de los procesos judicializados.
Los estereotipos de género influyeron en el 24,5% de los casos, con lenguaje discriminatorio y medidas como la asistencia obligatoria a programas de “maternidad responsable”.
– Defensa
La mayoría de las personas investigadas (62,6%) contó con defensa pública, lo que resalta la vulnerabilidad socioeconómica de quienes enfrentaron estos procesos.
– Impacto regional
Las regiones con más denuncias por parte de profesionales de la salud fueron Metropolitana (24,1%), Antofagasta (19,5%) y Biobío (9,2%).
– Perfil de las personas criminalizadas
La mayoría de las personas investigadas son mujeres jóvenes entre 18 y 35 años (65,8%), principalmente estudiantes o trabajadoras. Además, se registró el caso de una niña de 13 años que fue procesada penalmente pese a ser inimputable en Chile.
– Diferencias en la criminalización de profesionales de la salud
De las 10 causas públicas contra profesionales por delitos de aborto consentido, ningún caso terminó en condena. Solo en una ocasión se aplicaron medidas cautelares, en contraste con la alta criminalización y estigmatización hacia las mujeres y personas gestantes.