Editorial: Epitafio del jaguar
Durante meses, el gobierno enfrascó al país en una estéril polémica sobre la necesidad de restringir la inexistente intromisión de la Contraloría General de la República en la administración activa. Tras una letanía de quejas, avivadas por cada fracaso de los afanes del Ejecutivo por evitar los controles normales de la contratación pública y conseguir la potestad de contratar “a dedo”, surgió la llamada “ley jaguar”, evidentemente reñida con la Constitución Política.
La inconstitucionalidad fue señalada desde el principio, pero el presidente Rodrigo Chaves y su ministra de la Presidencia, Laura Fernández, tildaron de mentirosos a quienes denunciamos el intento de recortar potestades a la Contraloría y eliminar garantías básicas para el manejo probo de los recursos públicos.
Cuando de la ley jaguar apenas quedaba alguna pinta, Fernández hizo un último intento de disimular el fracaso y prometió a la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa entregar una “bitácora diaria” de la “coadministración” ejercida por la Contraloría. La intención era impulsar un referéndum para aprobar una norma contra la supuesta injerencia del ente fiscalizador, pero la ley ya existe y no tiene sentido invertir miles de millones en aprobarla de nuevo.
En consecuencia, el Tribunal Supremo de Elecciones rechazó la solicitud de recolección de firmas para enviar la última versión de la ley jaguar a referéndum. No obstante, el ofrecimiento de la ministra quedó en pie, y luego de tantos meses de inútiles sobresaltos y debates, inversión de recursos judiciales, administrativos y del Congreso, era importante aclarar hasta la última duda. Así lo entendió el proyecto Doble Check, de la Universidad de Costa Rica, que pidió la bitácora e, insatisfecho con la respuesta de la Casa Presidencial, planteó un recurso de amparo.
A nadie sorprendió la explicación dada por la ministra Fernández a los magistrados. La existencia de la prohibición impuesta por ley a la invasión de la labor administrativa por la Contraloría es un hecho público y notorio. También es conocida la inexistencia de esa injerencia en la práctica. La bitácora no existe, nunca existió y solo los ingenuos pudieron creer a la ministra cuando ofreció suministrarla.
En su respuesta al recurso de amparo, Fernández admitió la falsedad sin ambigüedades, salvo la ridícula explicación, tan recurrida por el gobierno actual, de haberse expresado “de manera figurativa”. A la Sala Constitucional, le hizo ver la imposibilidad de respaldar sus propias afirmaciones sobre la supuesta invasión de competencias por la Contraloría. “Dado que es una información que como tal no tenemos”, reconoció.
No obstante, ante los diputados se expresó sin asomo de sentido figurado: “Yo les podría, si ustedes quieren, dar una bitácora diaria de la coadministración de la Contraloría. Diariamente, a nosotros nos notifican, a los alcaldes les notifican, a las instituciones descentralizadas les notifican actividades que no son las que la Constitución mandó a la Contraloría a realizar”.
¿Eran notificaciones figurativas o lo figurado son los alcaldes, las instituciones descentralizadas y ese “nosotros” al cual le avisan a diario de la injerencia ilícita de la Contraloría? ¿Por qué ninguna de las entidades afectadas actúa judicialmente, siquiera en sentido figurado, para obligar a la Contraloría a acatar las limitaciones impuestas por la ley? La respuesta de la ministra a la Sala Constitucional es un digno epitafio para un jaguar que se agotó en rugidos. Requiescat in pace.