Un año de la Ley de Conciliación: una deuda pendiente con el sector público

Este domingo 22 de diciembre se cumplió un año de la promulgación de la Ley N°21.645 de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral, que prometía un avance significativo en la calidad de vida de los y las trabajadores(as) en Chile pero, que al hacer un balance, evidenciamos una realidad agridulce que revela varios desafíos pendientes.

La ley, que facilita el trabajo a distancia como herramienta clave para conciliar la vida laboral y personal de quienes cumplen un doble rol como trabajadoras y cuidadoras, ha sido un alivio para muchas familias del sector privado. Sin embargo, su implementación ha enfrentado desafíos, como la falta de mecanismos de seguimiento y fiscalización, además de la necesidad de acompañamiento con capacitaciones y acciones que promuevan una transformación cultural en términos de equidad, roles y estereotipos de género.

Durante la tramitación de la ley, parlamentarios(as) y organizaciones de la sociedad civil abogaron por la homologación de ésta, para los trabajadores sin importar su calidad contractual, público o privado. El Ejecutivo se comprometió a resolver esta desigualdad en un plazo acotado, pero a un año de estos acuerdos, los avances reales no existen.

La situación es alarmante pues la propuesta de Ley de Reajuste 2025 no solo no cumple con la homologación prometida, sino que además agrega condiciones rígidas para el sector público y se aleja de lo establecido en la Ley de Conciliación, representando un retroceso en las condiciones laborales de miles de funcionarios(as) públicos(as). Esta Ley debiese ser un derecho para todo trabajador en Chile, de otra forma, constituye una discriminación injustificada que va en contra del principio de igualdad.

A pesar de los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil y propuestas parlamentarias, en menos de una semana se han sufrido dos duros reveses que evidencian la falta de voluntad del gobierno para abordar esta problemática. En la Cámara de Diputados, sólo se aprobó una indicación impulsada por la diputada Marta González para priorizar el teletrabajo de personas cuidadoras, en la Cámara Alta se declararon inadmisibles las indicaciones presentadas por la senadora Paulina Núñez.

Anteriormente, ambas parlamentarias lograron impulsar proyectos de acuerdos en esta materia, que contaron con un apoyo transversal, evidenciando que sin importar el color político existe acuerdo y claridad sobre la responsabilidad del gobierno en equiparar en derechos, y que es una urgencia por resolver, estando en la recta final de su período, el plazo para cumplir sus promesas y acuerdo pronto se agota.

Resulta imperativo que el gobierno reconsidere su posición y cumpla con su compromiso de homologar la Ley de Conciliación para el sector público. No hacerlo no solo perpetúa una injusticia laboral, sino que también ignora las necesidades de miles de familias que dependen del trabajo público y que ya se ven perjudicadas por cuanto la ley de las 40 horas no los considera.

A un año de la entrada en vigencia de la Ley de Conciliación, el balance es claro: hemos avanzado, pero queda mucho por hacer y un gran desafío además, cómo generar espacios en el mercado laboral también para esas personas que ejercen un rol de cuidado no remunerado y se tuvieron que exiliar para cuidar. Solo así podremos hablar de un verdadero avance en la protección y bienestar de todas las familias, más ahora comenzando época de vacaciones donde sólo un sector de nuestro país podrá resolverlo de mejor manera con sus hijos(as) a cargo.

 

 

Por Ana Caneo Campillay, presidenta de MOMUSEP y María José Escudero, directora de Incidencia y Desarrollo Fundación Ronda