La Audiencia de Madrid condena a Rato a casi cinco años de cárcel por ocultar su fortuna a Hacienda

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Rodrigo Rato a cuatro años, nueve meses y un día de cárcel en la causa por el origen de su fortuna, la última que tenía pendiente. Los magistrados de la Sección Séptima consideran al que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP) culpable de tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupción entre particulares. Es su segunda condena tras la que recibió por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid. Sí resultó absuelto del fiasco de la salida a bolsa de Bankia.

El expolítico ha accedido a una condena más baja porque el tribunal ha apreciado dilaciones indebidas por el tiempo que duró la investigación. La instrucción, que se inició en 2015, se alargó durante más de nueve años, en los que acumularon más de 70.000 documentos. Los investigadores indagaron en un alambicado entramado societario radicado en parte en paraísos fiscales como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao y oculto a Hacienda.

Además de a la citada pena de cárcel, Rato ha sido condenado a multas por un total de más de dos millones de euros, y deberá pagar a la Hacienda Pública 568.413 euros, según consta en la sentencia, de más de 1.200 folios, que puede ser recurrida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Doble vía para el fraude fiscal

La resolución considera probado que Rato cometió fraude fiscal por una doble vía. Por un lado, ocultando a Hacienda dinero que tenía en el extranjero. Y, por otro, facturando a través de sociedades instrumentales servicios que prestaba de manera personal, como su contratación como consejero asesor en Telefónica. Según la Fiscalía, que pedía para él 63 años de cárcel, evitaba de esa forma que se “disparara” la tributación. 

Uno de los elementos clave del juicio fue determinar dónde tenía Rato fijada su residencia fiscal cuando era director gerente del FMI, entre junio de 2004 y noviembre de 2007. Respecto de uno de los delitos fiscales, el correspondiente al ejercicio 2006, los jueces entienden que, pese a que residía en Washington, seguía manteniendo todo su patrimonio e interés económico en España y, por lo tanto, estaba obligado a presentar sus declaraciones fiscales en este país como efectivamente hizo, así como que el dinero que afloró con la amnistía fiscal no incluía la cantidad defraudada en ese ejercicio.

La otra pata de la causa son las supuestas irregularidades de la etapa de Rato en Bankia, a cuya presidencia llegó en 2010 en medio de una lucha de poder entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, que prefería para ese puesto a Ignacio González. Rato ocupó ese cargo hasta mayo de 2012. La Fiscalía sostuvo durante el juicio que sabiendo que los gastos de publicidad con motivo de la expansión de la marca y su salida a bolsa iban a ser elevados, Rato trató de “sacar provecho económico personal”. Los jueces consideran acreditado que Rato cometió el delito de corrupción entre particulares al imponer que las agencias Publicis y Zenith se hicieran con contratos publicitarios de Bankia a cambio de una mordida de 2.022.154’52 euros.

Respecto al resto de acusados, la Audiencia de Madrid también ha condenado al asesor fiscal Domingo Plazas por su cooperación en dos de los delitos fiscales y en el de blanqueo de capitales. Y a Alberto Portuondo, uno de sus presuntos testaferros, por el amaño de los contratos de la publicidad de Bankia. A este último le impone una pena de tres meses y un día de prisión y una multa de la mitad de la comisión recibida.

El tribunal absuelve, sin embargo, al resto de los acusados por este delito, tanto a los empleados de Publicis y Zenith y a estas sociedades, como su secretaria personal desde 1983, Teresa Arellano; el que fuera su ‘número dos’ en Caja Madrid, José Manuel Fernández Norniella al entender que no participaron en el acto corrupto.

Resultan también absueltos su excuñado Santiago Alarcó, respecto del delito de blanqueo de capitales del que se le acusaba; Ramiro Sánchez de Lerín, quien lo estaba en relación con el contrato de Telefónica; y el administrador de varias de sus empresas familiares, Miguel Ángel Montero, por entender que no tuvo participación en el delito de corrupción entre particulares, y que no podía ser acusado de ningún delito fiscal, al no haber sido investigado por los mismos durante la instrucción de la causa. También resulta absuelto el despacho Plazas Abogados, por no considerar acreditada su participación en los hechos.

Amnistía fiscal

La investigación que llevó a Rato al banquillo por tercera vez se inició después de conocerse que se había acogido a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Ante el tribunal, Rato reconoció que se había “equivocado” al acogerse a esa medida, pues pensó por error que era “el camino más fácil” para aflorar los fondos que tenía en tres sociedades en el extranjero. 

Rato acumula ya otra condena por llevarse dinero público. En su caso, 99.054 euros de Caja Madrid pasando la tarjeta con la que pagó viajes a la nieve, fiestas, alcohol y bolsos de lujo. La sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en octubre de 2018, le atribuye a él y a su predecesor, Miguel Blesa, que se suicidó en julio de 2017, el mantenimiento de un sistema que permitía a la cúpula de la entidad “disponer a su antojo” del dinero de la Caja para sus gastos personales o cualquier otro que ellos decidieran. La existencia de estas tarjetas “black a efectos fiscales” fue desvelada en una investigación de elDiario.es en 2013. Fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, de los que pasó algo más de dos entre rejas tras lograr la libertad condicional en febrero de 2021.

El segundo de los juicios a los que se ha enfrentado sí tuvo un buen final para el expolítico del PP. En septiembre de 2020, la Audiencia Nacional lo absolvió a él y a los otros 33 gestores acusados por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en la salida a bolsa de Bankia. El tribunal entendió que su desplome tras una salida fallida al mercado no se le podía atribuir al equipo directivo del banco porque las decisiones que se adoptaron estaban basadas, o incluso urgidas, por los supervisores y las nuevas leyes sobre sector financiero que se iban promulgando en España y en la Unión Europea.