La mayoría de la investidura se rompe de nuevo y complica la negociación de los Presupuestos

183 votos. Es la “mayoría alternativa” posible, en palabras del portavoz del PNV, Aitor Esteban, que se visibilizó este jueves en el Congreso. Los nacionalistas vascos, junto a Junts, PP, Vox y UPN, derogaron el impuesto energético. Fue una votación más bien simbólica porque el tributo estaba ya sentenciado. Pero es un aviso a Pedro Sánchez en vísperas de que se negocien los Presupuestos Generales de 2025, entre otras medidas. Con esas cifras, Alberto Núñez Feijóo sería hoy presidente del Gobierno. Y podría ganar una moción de censura para las que, hoy por hoy, reconoce no tener números.

Las últimas semanas han confirmado que la mayoría que aglutinó Sánchez en 2023 para ser reelegido como presidente tiene unos cimientos endebles cuando se trata de sacar adelante políticas y normas concretas. La tensión entre los socios a la izquierda del Gobierno y los de su derecha se hace evidente en algunas votaciones que toca asuntos ideológicos y económicos. Y la confrontación ha aumentado en el momento clave de la legislatura.

Las cuentas públicas de 2025 marcarán las posibilidades de supervivencia del Gobierno de coalición. Sin Presupuestos, será complicado que Sánchez pueda evitar a la larga un adelanto electoral. Pero es también la ley que determinará en buena medida la orientación ideológica del resto de la legislatura. Y los socios, antagónicos en algunas cuestiones, aprietan la negociación.

El campo de batalla elegido para medir fuerzas ha sido el impuesto a los beneficios extraordinarios que las empresas energéticas han obtenido gracias a que se han disparado los precios tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. El tributo, temporal, ha estado en vigor durante dos años. Este año habrá reportado a las arcas públicas 1.164 millones de euros.

Tanto el impuesto energético como el de la banca debían renovarse, y el Gobierno tuvo pronto claro que no iba a tener los números suficientes. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, planteó un paquete fiscal más amplio del que excluyó el tributo energético a petición precisamente de Junts y PNV. A cambio, ambos se comprometieron a hacer fijo el de la banca, que se incluyó en el paquete fiscal.

La presión de los otros socios del Gobierno llevó a Montero a un escenario bilocado. Por un lado, prometió a PNV y Junts legislar el impuesto fijo a las energéticas como ley para poder introducir sus peticiones. En concreto, que sea recaudado y gestionado por las haciendas forales vascas y navarra y que las inversiones en descarbonización se tengan en cuenta para pagar menos.

Una petición, esta última, de Junts. El partido que lidera Carles Puigdemont insiste en que no se le puede enmarcar en ninguno de los “bloques” que se visibilizan de forma habitual en el Congreso, y dicen que tampoco les molestan las “etiquetas”. En este caso, Junts justificó su posición en las inversiones de Repsol en Tarragona. La empresa, la principal petrolera española, está presidida por el exlíder del PNV Josu Jon Imaz.

Junts ya acordó con el PP otra enmienda que supone la suspensión del impuesto a la generación eléctrica que impuso Mariano Rajoy en 2013 para pagar el déficit de tarifa.

Montero pactó a la vez con ERC, EH Bildu, Podemos y BNG aprobar un real decreto-ley para prorrogar el impuesto temporal en 2025.

La tensión entre los socios, especialmente entre PNV y Podemos, fue percibida por el PP. El partido de Feijóo introdujo una enmienda en el Senado al paquete fiscal del Gobierno, la número 54, que deroga el impuesto energético. Y esa es la enmienda que este jueves logró 183 votos en el Congreso. 

Además, el PP logró el apoyo de las mismas fuerzas a otra enmienda que introduce una exención fiscal a los afectados por la DANA de València que reciban ayudas directas por parte de sus empresas. También se aprobó una enmienda de Junts para reducir al 4% el IVA de los yogures y otros productos de leche fermentada y una última relacionada con los clubes deportivos no profesionales. 

El Gobierno rebajó este jueves el impacto recaudatorio de las enmiendas aprobadas. Pero la derivada política sí puede tener relevancia. A Montero se le complica ahora cumplir con sus socios de la izquierda ya que hay dudas jurídicas sobre la posibilidad de introducir un nuevo impuesto mediante un real decreto-ley.

En todo caso, tanto el decreto-ley para prorrogarlo como el que el Gobierno dice que va a aprobar el próximo lunes para crearlo de nuevo estaban destinados a ser rechazados por el Congreso. Este tipo de textos legales exigen la convalidación de la Cámara Baja, y el PNV y Junts ya habían advertido de que no lo apoyarían. 

Tras la votación, Aitor Esteban compareció ante los medios de comunicación en el Congreso para arremeter contra Podemos y lanzó una advertencia: “Podría presentar muchas cosas en las que creo que conseguiría una mayoría alternativa”. El propio Esteban dijo este mes de septiembre que Pedro Sánchez “tiene un gran escudo” porque “no hay mayoría absoluta alternativa”.

Las palabras del portavoz del PNV no anticipan un giro de los nacionalistas vascos. Tampoco en el PP cuentan con que los ‘jeltzales’ suelten de momento amarras con el PSOE, con quien gobiernan en Euskadi. Este miércoles, en una conversación informal con los periodistas, Alberto Núñez Feijóo dijo que el PNV se ha convertido “en un socio estructural” del Gobierno, mientras alabó la “coherencia” de Junts y el trato personal con su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras.

Pero catalanes y vascos han dado ya un aviso de que sus votos al Gobierno no están comprometidos en todo caso. Tampoco los del otro lado. Un reflejo de la intensidad con la que se abordará la próxima negociación presupuestaria.