Un 20% menos de gasto por universitario

El Informe 2024 de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) recoge que la inversión de España en educación superior está por debajo del resto de países. Concretamente, el gasto total por estudiante de las instituciones de educación superior en España en 2021 fue de 15.654 dólares, un 23,6% inferior a la media de la OCDE (20.499) y un 21,8% por debajo del dato de la UE (20.027). España ocupaba el decimotercer lugar más bajo de los 38 países analizados, con Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Dinamarca y Noruega liderando la lista.

Si se considera el gasto público en educación superior como porcentaje del gasto público total –indicador que refleja la prioridad que otorgan las administraciones públicas a la educación superior en comparación con otros sectores y niveles educativos–, el porcentaje de España es del 2,19%, por debajo del promedio de la OCDE (2,72%) y también de la UE (2,44%).

En este sentido, el Informe CYD 2024 pone de relieve que en 2021, el 67% del gasto total en instituciones de educación superior en España provenía del sector público, mientras que el 31% de los fondos provenían del privado, porcentaje superior al 28% de la OCDE y al 20% de la UE.

En 2022, el total de ingresos no financieros de las 47 universidades públicas presenciales españolas ascendió a 11.358 millones de euros, mientras que los gastos no financieros totalizaron 10.869 millones de euros. Ambas cifras suponen un notable incremento respecto a las del año anterior, del 8% y del 7,2% respectivamente. En comparación con los valores del año 2009, los niveles del 2022 son aproximadamente un 12% superiores, aunque en términos reales, teniendo en cuenta que los precios aumentaron un 26,3% entre 2009 y 2022, siguen estando por debajo, alrededor del 14%.

En 2022, el 65,7% de los ingresos no financieros del sistema universitario público presencial español correspondía a las transferencias corrientes, el 17,8% a las transferencias de capital y el 16% a las tasas, precios públicos y otros ingresos. En torno al 80% de las transferencias provenían de las administraciones autonómicas, mientras que el 75% de la recaudación por el capítulo de tasas, precios públicos y otros ingresos se debía a las matrículas pagadas por los estudiantes y sus familias. En el caso de los gastos no financieros, la mayoría (65,1%) correspondían a gastos de personal.

«Los recortes implementados por la crisis de la deuda soberana, a partir de mayo de 2010, generaron una brecha en unos presupuestos universitarios ya de por sí bajos, una situación que no se ha logrado revertir en los años recientes. Resulta imprescindible un esfuerzo adicional no solo para recuperar el terreno perdido sino también para alcanzar niveles comparables a los estándares internacionales. La LOSU también reconoce esta insuficiencia en la financiación al establecer el objetivo de llegar a un mínimo de financiación pública del 1% del PIB», apuntó Montse Álvarez, del gabinete técnico de la Fundación CYD.

En el curso 2022-2023 las mayores transferencias corrientes y de capital por alumno recibidas de su administración autonómica las registraron las universidades públicas de La Rioja (9.689 euros), Navarra (9.210) y el País Vasco (9.065). Mientras que Murcia (6.267), Cataluña (5.599) y Madrid (5.362) presentaron los índices más bajos. En porcentaje del PIB per cápita, teniendo en cuenta el nivel de riqueza de la región, Madrid (13,9%) y Cataluña (17,2%), mostraron, de manera clara, los valores más reducidos, frente a los máximos del 34,1% de la Comunidad Valenciana, el 33,4% de Extremadura y el 32,8% de La Rioja.

Por otro lado, las recaudaciones más elevadas por precios públicos por alumno las registraron las universidades públicas de Madrid (1.620 euros), Cataluña (1.508) y Aragón (1.302); mientras que las menores se dieron en Andalucía (815), Canarias (776) y Galicia (738). En porcentaje del PIB per cápita, los valores oscilan entre menos del 3% de Galicia y el País Vasco, y más del 4,5% de Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Cataluña.

En el curso 2022-2023, la plantilla del Personal Docente e Investigador (PDI) en las universidades españolas ascendía a 137.090 trabajadores, el 18,5% de los cuales pertenecían a las universidades privadas. Desde el curso 2018-2019, el PDI se ha incrementado especialmente en las privadas (26,4%), mientras que el aumento en las públicas ha sido de un 6%.

Las universidades privadas, respecto a las públicas, tienen mayor presencia de mujeres entre su PDI (47% frente al 43,5%), más PDI trabajando a tiempo parcial (60% frente a 40%) y más estabilidad: el 82,4% del PDI tiene contrato indefinido, frente al 37,2% de funcionarios y el 15,4% con contrato indefinido de las públicas.

Desde el curso 2013-2014 hasta el 2022-2023, el PDI funcionario ha disminuido un 11,7% en números absolutos frente al ascenso del 36,7% del PDI contratado, de tal manera que su peso relativo en el total del profesorado de las universidades públicas ha caído más de 10 puntos. La situación del PDI en la universidad pública se ha vuelto más inestable. Según indica Álvarez, «las políticas de austeridad, las restricciones presupuestarias, así como las limitaciones a la tasa de reposición del personal de la década de 2010 provocaron que el peso relativo de los funcionarios retrocediera y que aumentara la precariedad del PDI.