¿Puede la justicia adaptarse al ritmo de la innovación tecnológica?

La carrera entre los avances tecnológicos y la evolución de los marcos jurídicos para darles soporte es un revival de La tortuga y la liebre, sólo que en este caso la moraleja brilla por su ausencia y la más rápida está ganando la partida sin mayores complicaciones.

Las legislaciones fueron desarrolladas mucho antes de la existencia de blockchain o la inteligencia artificial (IA). De hecho, se crearon cuando internet, los teléfonos móviles o incluso las computadoras de escritorio pertenecían al terreno de la ciencia ficción. Por eso, muchas veces la implementación de soluciones basadas en tecnologías emergentes produce fricciones, dudas y hasta problemas legales insólitos. Y también por eso, el propio aparato jurídico encuentra ciertas restricciones en su avance hacia la transformación digital.

"El ámbito jurídico tiende a ser conservador y la falta de claridad jurídica que rodea a las nuevas tecnologías suele ser una barrera para su adopción", señala Federico Ast, fundador y CEO de Kleros, un protocolo que utiliza blockchain y teoría de juegos para la resolución de disputas y referente de la descentralización de la justicia en el país. "En algunos casos, las innovaciones que facilitan la automatización de tareas pueden entrar en conflicto con las normas que regulan el ejercicio de la abogacía, al tiempo que algunos países requieren que ciertos servicios jurídicos sean prestados por abogados titulados, lo que limita la adopción de herramientas de IT", describe.

El mencionado conservadurismo no está vinculado con los integrantes de más edad del sistema. "Ocurre a nivel de jueces, abogados y otros actores del derecho: la transformación digital requiere cambios en los procesos, en organizaciones y en la forma en que se brinda el servicio y es creencia habitual que la tecnología aplicada al derecho puede restar control o calidad al análisis y desarrollo de la norma", indica Carlos Ruiz Lapuente, asesor en inversiones, abogado y contador.

"Si antes las recopilaciones de leyes y códigos buscaron cristalizar el derecho para facilitar su acceso, hoy contamos con plataformas y buscadores que nos permiten acceder de forma inmediata a diversas fuentes", explica Juan Carlos Frontera, director de la carrera de Abogacía de la Universidad de Belgrano. Ahora, nuestra responsabilidad es ser precisos en la selección de palabras clave y en el análisis de la información, que debemos cotejar y relacionar de manera efectiva", aporta.

¿Falla la transformación digital?

¿Acaso la modernización de los sistemas jurídicos entrega mejores resultados en términos de eficiencia a la hora de impartir justicia? ¿O, simplemente, es tener datos y documentos almacenados en dispositivos electrónicos para que los ciudadanos sigan demorando años en obtener un fallo?

"La tecnología ayuda a evitar la ralentización de la justicia, errores humanos y personas desmotivadas por tareas o procesos repetitivos", dice María Candela Andre, team lead dispute resolutions & legal operations en la fintech Naranja X. "Las asociaciones legaltech están jugando un papel fundamental en esta transformación: gracias a su trabajo, la comunidad jurídica está aprendiendo a integrar la IA de forma responsable y ética", agrega.

"La digitalización en sí misma no implica una mejor servicio de administración de justicia, si no se lleva a cabo conscientemente a través de protocolos y trabajo interdisciplinario entre abogados, peritos e ingenieros y licenciados en sistemas informáticos", afirma Carlos Christian Sueiro, profesor adjunto de criminalidad informática en la UBA y secretario letrado de la Defensoría General Adjunta de la Nación. 

"Se requiere en primer orden alfabetización digital, capacitación y formación en el desarrollo de la actividad jurídica asistida por TIC y tecnologías exponenciales como IA y neurociencias". Desde el punto de vista técnico, el docente y experto agrega que "es necesario contar con con datos limpios, que no estén duplicados ni sean ambiguos o indeterminados".

Ezequiel Braun Pellegrini, CEO de Brevity, plataforma digital para abogados, coincide en la necesidad de la colaboración multidisciplinaria. "No vamos a entender, reconocer las red flags ni abarcar todo sin el trabajo en conjunto", sostiene.

"El sistema legal argentino ha dado pasos importantes en su camino hacia la automatización y digitalización pero, a pesar de estos avances, queda un largo camino por recorrer", apunta Lautaro Carmona, CEO de Unitech, especializada en software y servicios para los poderes judiciales con sus plataformas Iurix para el seguimiento de extremo a extremo de expedientes y Tramix, el sistema de gestión administrativa.

"Concurrir a los tribunales para efectuar presentaciones, y participar de audiencias, diligenciar oficios de informes en organismos públicos y privados, transportar expedientes en papel a fin de que el Ministerio Público evacúe vistas, y diligenciar rogatorias en extraña jurisdicción son prácticas que han caído en la obsolescencia", enumera Juan Martín Morando, Socio de Legales de la consultora BDO en Argentina.

Sentenciado por la pandemia

La digitalización del universo jurídico argentino tiene un punto de inflexión: la pandemia. "En apenas cuatro años, la praxis jurídica cambió drásticamente y rituales procesales arraigados desde hacía más de doscientos años debieron transformarse para permitir el correcto funcionamiento y la adecuada administración de justicia", indica Sueiro.

Desde la aparición en escena del COVID-19, los expedientes y causas judiciales se inician y se tramitan digitalmente mediante la plataforma LEX 100. "Escritos, documentos, actas, recursos, dictámenes y presentaciones generales subidas allí cuentan con firma electrónica y a las rubricadas por magistrados se les suma firma digital", describe Sueiro. Todo esto es clave para la despapelización de la atiborrada justicia. En el fuero penal, las audiencias de menor incidencia jurídica son realizadas a distancia mediante sistema de videollamadas.

 Carlos Christian Sueiro, profesor adjunto de criminalidad informática en la UBA.

Ast suma otros avances como los sistemas de notificación electrónica para abogados. "Sin embargo, la adopción de estos sistemas sigue siendo desigual entre las distintas jurisdicciones del país, en especial porque persisten problemas de infraestructura y conectividad, resistencia al cambio y falta de capacitación en nuevas tecnologías", sostiene.

"Paulatinamente el sistema legal argentino ha ido incorporando herramientas acordes a los tiempos que nos acompañan", coincide Armando Carratalá, CTO de CertiSur, que cuenta con herramientas y servicios que facilitan la integración de firmas digitales, firmas electrónicas certificadas, sellos de tiempos o claves para terceros de confianza. "Sin embargo, observamos que esto no se cumple en todos los casos con la misma rigurosidad ni facilidad de interpretación por parte de todos los actores". Además, agrega que "en muy poco tiempo se ha exigido a muchos profesionales e individuos un conocimiento apropiado de todas las técnicas, cosa que no es posible".

Braun Pellegrini propone contemplar tres espacios antes de hablar del "sistema legal argentino". "La justicia que todos conocemos, los restantes servicios de la administración pública (registros públicos, organismos de control) y el tercero, que es el sistema legal que nos permite interactuar entre privados". 

En ese sentido, asegura que la primera dio pasos agigantados en la transformación del expediente, y las audiencias y mediaciones a distancia, mientras que los segundos continúan rezagados, aunque no todos. Tal como su colega, considera que "una adopción más rápida de la firma digital sería clave y los últimos avances normativos en ese sentido son prometedores".

Modernización penalizada

El número de obstáculos que encuentra el mundo jurídico en su camino hacia la modernización no es menor. Ruiz Lapuente destaca la relación entre la ciberseguridad y el secreto profesional. "Manejamos datos sensibles, tanto a nivel de personas físicas o jurídicas y la digitalización implica enormes riesgos de que esa información quede en manos de hackers o sea vulnerable a ciberataques, por lo que las personas e instituciones podrían enfrentar riesgos reputacionales, consecuencia de esas filtraciones".

La equidad en el acceso a las herramientas digitales también juega en este segmento. "Las brechas existentes, especialmente en sectores o regiones menos desarrolladas, limitan su potencial", aporta Ruiz Lapuente. "La transformación digital en el ámbito jurídico debería asegurar que todas las personas dispongan de las mismas oportunidades de acceder a los servicios legales".

Sueiro enfatiza sobre "la falta de regulación procesal en el Código Procesal Civil y Comercial y el nuevo Código Procesal Penal Federal en torno a la incorporación de nuevos medios de prueba para la adquisición, el peritaje y la conservación de evidencia digital".

Las piedras en el camino abarcan múltiples dimensiones. "El principal desafío no está en las regulaciones, sino en la complejidad técnica y operativa de migrar los datos judiciales a la nube, un paso que implica un cambio profundo en la infraestructura y el manejo de la información", detalla Carmona. "Aunque la nube permite a los poderes judiciales acceder a sus sistemas de manera segura y escalable desde cualquier lugar, la migración exige superar preocupaciones en torno a la privacidad, la seguridad y la resiliencia de los datos, elementos críticos en el sector", completa.

Lautaro Carmona, CEO de Unitech.

En el mundo, la modernización de los sistemas legales se está produciendo de la mano de las empresas conocidas como legaltech: las cifras varían, pero existe un consenso de que se trata de un mercado en crecimiento. Future Market Insights, por ejemplo, estima el incremento en un 8,7% anual de aquí a 2034, cuando llegará a los u$s 68.000 millones.

Derecho a la automatización

Respecto de la automatización, aparecen casos de éxito como el de Juan Gustavo Corvalán y la implementación de Prometea, una herramienta basada en IA para clasificación y gestión de documentos que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires utiliza desde 2017. 

Se trata de un asistente conversacional capaz de elaborar proyectos de escritos, dictámenes o recursos para cada expediente en particular en menos de tres minutos, dependiendo de la complejidad del caso. También realiza traducciones.

"Hoy los equipos tienen la oportunidad de automatizar tareas rutinarias y repetitivas y evitar mucho tiempo de trabajo manual: eso favorece el tiempo de respuesta de los equipos legales y les permite enfocarse en aportar más valor", indica Braun Pellegrini. "Los departamentos legales pierden muchísimo tiempo respondiendo consultas de otras áreas de su organización, lo que a su vez refuerza una imagen del abogado como una traba o demora en los procesos internos", afirma.

Blockchain es otra tecnología clave para este sector: al ser un registro inmutable de transacciones, garantiza transparencia y visibilidad para todas las partes involucradas, algo fundamental, por ejemplo, para evitar manipulaciones en la custodia de pruebas o el registro de actos jurídicos. Los contratos inteligentes, por su parte, que también utilizan esta tecnología como base, permiten ejecutar acuerdos automáticamente cuando se cumplen las condiciones, agilizando transacciones legales.

De nuevo, aparecen algunos riesgos a tener en cuenta. "Uno es la dificultad para corregir errores, consecuencia de la propia inmutabilidad", admite Ast. "Además, la descentralización plantea desafíos de jurisdicción, ya que las redes blockchain no están sujetas a ningún país específico, lo cual complica la aplicación de leyes locales en disputas entre partes en distintas jurisdicciones". Paradójicamente, el exceso de transparencia también puede ser un problema. "Podría exponer patrones de transacción que comprometan la privacidad de los usuarios, especialmente cuando se manejan datos confidenciales en el ámbito jurídico", concluye Ast.

"Blockchain irrumpió y produjo una revolución en el terreno jurídico", cuenta Morando. "Se consideraba que era la base sobre la cual se erigiría el futuro de las firmas, los contratos, las transacciones e, incluso, la moneda pero, promediando la mitad de la tercera década del siglo XXI, sólo ha tenido un gran desarrollo en un puñado de temas relevantes", detalla.

Legal e inteligente

Hoy es prácticamente imposible analizar desde el punto de vista tecnológico una industria, sea cual sea, sin poner la lupa sobre qué ocurre con la IA. El mundo jurídico no es la excepción. Esta tecnología puede ser clave para acelerar la revisión de documentos, la investigación de jurisprudencia, el acceso a los expedientes con lenguaje natural o incluso para acelerar los tiempos judiciales identificando patrones en decisiones previas.

"Los LLM (grandes modelos de lenguaje, la base para el desarrollo de la IA generativa) son entrenados con textos genéricos y cross-domain, pero esto no quita que puedan personalizarse en un dominio específico (ejemplo: legales de Argentina) aunque aún los costos y el expertise para poder hacerlo son desafiantes", expresa Charly Lizarralde, cofundador y CEO de 7Puentes, una consultora que ofrece soluciones basadas en esta tecnología para el sector judicial. "Como todo avance tecnológico, el cambio cuesta y es necesario planificarlo y adoptarlo de forma orgánica para que los proyectos no queden en esfuerzos inútiles", aporta.

"Si bien la IA nos brinda un abanico de posibilidades, la protección de datos es clave, por lo que colaboramos con ciberseguridad y automatización para implementar medidas robustas, cumplir con normativas como el GDPR (marco de protección de datos de la UE) y prevenir ciberataques", relata Andre. La empresa cuenta con un equipo de cuatro abogados y una ingeniera industrial. "Usamos tableros de control para monitorear el funcionamiento de los sistemas de IA, detectar anomalías, evaluar su rendimiento y asegurar la transparencia en la toma de decisiones", agrega.

Sin embargo, estos beneficios contrastan con una serie de potenciales riesgos que, cuando se trata de aspectos vinculados a la justicia, cobran otra dimensión.

Sueiro divide los desafíos entre jurídicos y éticos. En el primero de los casos, explica, "es indispensable que los sistemas asistidos por IA cuenten con algoritmos de caja blanca o transparencia algorítmica, un sistema de auditoría y control algorítmico, para la detección de errores, alucinaciones o sesgos". En el segundo aspecto, considera fundamental "la introducción de protocolos que dejen en claro la subsidiariedad de esta tecnología y la relevancia de toma de decisión de humana".

No perder el juicio con la IA

Este último punto es, tal vez, el más álgido y en el que todos parecen haber armado una suerte de consenso. "La delegación de decisiones a sistemas de IA plantea preguntas sobre quién es responsable en caso de error y sobre una posible dehumanización del sistema, en el que las decisiones se toman sin sensibilidad para interpretar el contexto", indica Ast. "La IA no puede sustituir el juicio humano y su utilización nos deja serias dudas en cuanto a las decisiones que se pueden llegar a adoptar, las cuales podrían resultar equivocadas y no ajustadas a derecho o a la prueba", agrega Ruiz Lapuente.

"La imparcialidad y la transparencia son, en muchos casos, dos caras de la misma moneda: si no tengo transparencia respecto de los datos sobre los cuales la IA trabaja, es muy difícil que haya imparcialidad, por eso es esencial no permitir que tome decisiones de manera autónoma", concluye Braun Pellegrini.

"Resulta difícil prever los límites de sus capacidades frente a la labor humana, aunque podemos identificar un límite fáctico y uno moral: si bien puede procesar grandes volúmenes de información y realizar análisis complejos, la interpretación de valores y principios fundamentales para la justicia sigue siendo una tarea humana", indica Frontera. "La dimensión ética que introduce la emoción en nuestras acciones jurídicas es algo que las máquinas no pueden replicar".

"Muchas de las labores que se desarrollan en el ámbito de los estudios jurídicos y los tribunales están muy lejos de ser reemplazadas. Por ejemplo, la razonabilidad, una cualidad que, por ahora, es insustituible por un algoritmo", indica Morando. De todos modos, afirma que en este campo, "el uso que le damos a la IA es similar a utilizar el Telescopio James Webb para ver si abrió el almacén la esquina: el potencial es abismal, pero aún se topa con las limitaciones de nuestra propia imaginación".