Tercer intento de la Diputación de Sevilla para quitar la Medalla de Oro al gobernador civil Utrera Molina

«A lo largo de los 87 meses que duró mi mandato en Sevilla, recibí en audiencia a más de 22.000 personas y cerca de 6.000 comisiones», dejó escrito en sus memorias José Utrera Molina, gobernador civil de la provincia hispalense entre agosto de 1962 y noviembre de 1969. Allí nacieron tres de sus ocho hijos y dejó una impronta de hombre sinceramente preocupado en mejorar las condiciones de vida del ciudadano de a pie. Como ejemplo, la sanción al IX marqués de Villapanés, Juan Antonio Duque de Estrada y Moreno, por falta de laboreo en una finca, o su noche en vela junto a once familias para evitar su desahucio.

El también ministro y vicepresidente en diferentes gobiernos de Francisco Franco fue el único gobernador civil de Sevilla honrado con la Medalla de Oro de la Provincia, «como mérito a sus servicios en el cargo», explica a LA RAZÓN Luis Felipe Utrera-Molina, uno de sus hijos, también letrado. Una distinción que en dos ocasiones ha intentado retirarle la Diputación socialista de Sevilla. La primera vez lo impidió el Juzgado de lo Contencioso 7 de la capital del Guadalquivir, pero ante un recurso del organismo público lo ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por estimar que «en modo alguno consta acreditado que su concesión viniera motivada por su participación activa en el régimen franquista», pues el «reconocimiento» es ajeno a las «circunstancias contempladas» en «la Ley 52/2007», que hacen referencia a «realzar, ensalzar, dignificar o suponer un reconocimiento elogioso» en el marco de «la sublevación militar de 1936, la Guerra Civil o la represión de la Dictadura».

Ahora, el Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el recurso de casación planteado por la Diputación de Sevilla contra la sentencia del TSJA que confirmó la anulación de la retirada definitiva de la medalla a quien también fuera gobernador civil de Ciudad Real y Burgos.

Asegura Utrera-Molina que «no existe en la resolución de 1969 que concede la medalla exaltación alguna» que afecte a la normativa vigente. «Lo que subyace es una exaltación de las cualidades personales de un alto funcionario del Estado por su dedicación a los problemas de la provincia de Sevilla», continúa, «con la particularidad de que se trata de la única medalla que la citada Diputación concedió a un gobernador civil, no sólo de la etapa franquista (y hubo nada menos que 14 gobernadores entre 1936 y 1975), sino en toda su historia , tal y como reconoce la propia Diputación en su web, lo que demuestra sin lugar a dudas que no se le concedió por ser gobernador civil de la provincia (que hubo más de 10), sino por los méritos acreditados en su labor».

[[QUOTE:PULL|||«Haber ocupado un cargo relevante en el franquismo afectaría a Suárez o al Rey Juan Carlos» ]]

Según el abogado, «concurre además una diferencia fundamental con los casos contemplados en las sentencias de contraste, pues José Utrera Molina nació el 12 de abril de 1926 y, por razones obvias, no tuvo intervención alguna ni en la sublevación militar, ni en la Guerra Civil, sin que jamás se haya dirigido acusación alguna contra él relativa a acción represora alguna, al margen de la genérica derivada de su pertenencia al Gobierno de la nación durante los años 1973 a 1975».

Afirma Luis Felipe, que ha ejercido como abogado de la familia Franco, que «durante casi cuarenta años fueron miles los altos funcionarios que intervinieron en la Administración y múltiples las medallas u honores concedidas». Y recuerda «al entonces Príncipe de España, Juan Carlos de Borbón, que llegó a ostentar la Jefatura del Estado interina en 1974, que tampoco tuvo intervención en sublevación alguna ni en la Guerra Civil, sin que se pueda entender que, por tal motivo, participase en acción represora alguna».

Es un «principio inveterado en nuestro ordenamiento que las leyes restrictivas de derechos deben interpretarse de forma restringida y el artículo 15 de la Ley 52/2007 no establece que deban retirarse cualesquiera menciones u honores otorgados a altos funcionarios o cargos públicos del régimen del general Franco por el hecho de serlo», sostiene. Y «tan sólo impone dicha retirada cuando tales menciones u honores impliquen la exaltación aludida. Un extremo que, «como establece la sentencia objeto de recurso, la Diputación de Sevilla no ha acreditado en modo alguno».

Argumenta Utrera-Molina que si el Supremo «decide que la interpretación que debe darse al artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica [hoy Democrática] es que el mero hecho de haber ostentado un cargo relevante durante el franquismo es causa suficiente para que se retire cualquier distinción o mención, qué podría suponer eso con Adolfo Suárez, el propio Rey Juan Carlos y tantos otros». «Será un honor defender la memoria de mi padre en el Supremo, como hice en el juzgado y en el TSJA que anuló la retirada por entender que se la concedieron por todo lo que hizo por Sevilla», concluye, expectante ante un caso en el que el alto tribunal va a sentar doctrina.