El presupuesto 2025 para el derecho a saber y la privacidad

La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2025 con un gasto de 9.3 billones de pesos, 1.6 por ciento menor que en 2024. Se determinaron reducciones en salud (31 por ciento), en seguridad (33 por ciento) y en medio ambiente (36 por ciento).

En el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se asignaron recursos por 499 millones 990 mil 582 pesos (solo el 49 por ciento de los 994 millones que solicitamos en el proyecto de presupuesto). De acuerdo con los legisladores, esos recursos se utilizarán para mantener las operaciones del INAI durante un máximo de 180 días, mientras se redactan las leyes reglamentarias; así como para la liquidación de servidores públicos.

La pregunta se mantiene sin una respuesta clara: ¿qué pasará con el personal después de los tres o seis meses? ¿No se respetará el séptimo transitorio del decreto que extingue al Instituto? Se destinará entonces un aproximado de un semestre para las funciones que se vienen desempeñando, aunque pasen a otro ente público.

Es importante recordar que solo para la seguridad de la Plataforma Nacional de Transparencia se destinan al año 14 millones de pesos, lo que ha permitido que nunca haya sido hackeada, a pesar de los 389 millones 593 mil 512 intentos de ciberataques que se han acumulado tan solo en 2024.

Además, si las funciones serán desarrolladas por la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la incógnita se establece en cómo lo hará con menos presupuesto. Para el 2025, la nueva Secretaría tiene un presupuesto de 1,699,025,258 pesos. Con relación al ejercicio 2024, la entonces Secretaría de la Función Pública contaba con un presupuesto original de 1,636,585,246, con lo cual presenta una variación de 62,440,012, un aumento de apenas el 3.8 por ciento.

De igual manera, considerando la información contenida en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Secretaría de la Función Pública al mes de septiembre de 2024, el presupuesto modificado asciende a 2,514,494,437; en comparación con lo aprobado para 2025, la variación implica una disminución de 815,417,179, que representa un -32 por ciento.

Es decir, para que la Secretaría Anticorrupción pudiera asumir las funciones del INAI debería de recibir una ampliación presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una vez finalizado el proceso de extinción del INAI.

En el proceso de transición debe esclarecerse cuáles serán los plazos y mecanismos para solicitar información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, una herramienta para que la sociedad ejerza su derecho a saber. Tan solo en lo que va del año 2024 han ingresado 963 mil 119 solicitudes en todo el país, gestionadas a través de la PNT.

También deberá establecer cuál será el camino para interponer una queja al no recibir la información que se solicita. En este año han ingresado 53 mil 233 recursos de revisión en todo el país. ¿Se va a judicializar y dejar de lado toda la experiencia que acumuló el INAI (y sus pares en cada entidad) en 22 años para resolver lo más pronto posible priorizando la máxima publicidad de la información y el principio pro persona?

México y sus derechos humanos esperan respuestas claras, objetivas y con diálogo de altura. Como aún comisionada nacional seguiré haciendo un llamado a una transición clara, ordenada y que privilegie el acceso a la información y la protección de datos personales, garantías constitucionales que están intactas en nuestra Carta Magna y que nos hacen un país democrático.