Tribunal declara inadmisible apelación de directivos suspendidos de la CCSS por caso ‘Barrenador’
El Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José declaró sin lugar todos los recursos de apelación presentados por los representantes legales de la expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel Rodríguez, y de otros altos mandos de esa entidad, investigados por presuntos sobreprecios en contratos para la operación de 138 Ebáis en el Área Metropolitana.
Así lo comunicó este lunes el Departamento de Prensa y Comunicación del Poder Judicial, al informar que mediante la resolución N.° 457-2024, el Tribunal resolvió los recursos de alzada presentados Esquivel; la gerenta María Gutiérrez Brenes y los directivos María Isabel Camareno, Zeirith Rojas, y Johnny Gómez Pana, todos suspendidos durante seis meses de sus cargos, mientras avanzan las pesquisas de caso conocido como “Barrenador”. No trascendió el detalle de las apelaciones planteadas por los abogados de los implicados.
Además, el Tribunal declaró inadmisible una apelación en la que se pretendía impedir el acceso a los indicios secuestrados.
El Tribunal Penal de Hacienda notificó a las partes involucradas y remitirá el expediente al órgano de instancia para continuar con el trámite de la causa, conforme a lo que corresponde.
El 23 de setiembre pasado, el Ministerio Público ordenó la detención de Marta Esquivel, quien en ese momento ocupaba el cargo de presidenta ejecutiva de la CCSS, junto con la gerenta María de los Ángeles Gutiérrez, la representante del Gobierno en la junta directiva María Isabel Camareno, los representantes patronales Zeirith Rojas y Johnny Gómez, y otros tres exmiembros de la junta directiva.
En 28 allanamientos efectuados en oficinas de la CCSS, viviendas y centros médicos, las autoridades detuvieron a estas personas para investigarlas por un presunto sobreprecio en la administración de los Ebáis de diez áreas de salud.
En esta causa se investigan delitos contra la Hacienda Pública, como lesión a fondos públicos, tráfico de influencias y prevaricato. Esto se relaciona con la recomendación, emitida el 17 de setiembre, de adjudicar la licitación de 138 Ebáis a las cooperativas Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesain y Asemeco, pese a criterios técnicos que calificaban las ofertas de estas como excesivas.
El desembolso anual de la CCSS habría pasado de ¢29.200 millones, en promedio, a unos ¢53.300 millones, sin representar una mejora en el servicio ni en otros rubros.