Desarticulada una red criminal dedicada al comercio ilegal de anguila europea precocinada
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al comercio internacional ilegal de anguila europea precocinada, una de las especies más amenazadas protegida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES). En la operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de San Sebastián y coordinada con Europol, se ha detenido a una persona, investigado a otras diez, además de seis empresas, en las provincias de Guipúzcoa, Madrid y Badajoz.
Un comercio ilícito encubierto en legalidad
La investigación comenzó a principios de este año cuando los agentes detectaron la exportación de anguila europea (especie Anguilla anguilla) cocinada hacia México, utilizando expedientes aduaneros fraudulentos. Según la Dirección General de la Guardia Civil, la organización operaba a través de empresas legalmente establecidas en España y México, que obtenían las autorizaciones para el comercio al segundo país, no comunitario, de angulas cocinadas, todo ello a través de declaraciones aduaneras irregulares.
Así, lograban acceder a los canales legales de fiscalización del producto y utilizaban para ello los canales legales existentes, evitando controles físicos y documentales sobre la mercancía exportada. Este mecanismo les permitió eludir las restricciones impuestas por la Unión Europea, que prohíbe la exportación de esta especie protegida hacia terceros países, con una cuota de exportación cero en cualquier formato o estado del producto. El destino final del comercio ilegal era el consumo humano en restaurantes de México, gestionados por empresarios españoles asentados en ese país.
La anguila europea está catalogada como una de las especies autóctonas más amenazadas, protegida tanto por la convención CITES como por el Reglamento Comunitario del Consejo Europeo. Su inclusión en estos marcos de protección responde al drástico descenso de su población en las últimas décadas, lo que llevó a la imposición de restricciones estrictas para su comercialización fuera de la Unión Europea. La operación contó con la participación de las comandancias de la Guardia Civil de Guipúzcoa, Madrid y Badajoz, además del apoyo de Europol.