PSOE y Sumar vetarán la cuestión de confianza de Junts: «Hay que responder a los desafíos»

Hace una semana, Carles Puigdemont comparecía desde Bruselas para hacer balance del primer año ejerciendo como sostén del Gobierno. En Moncloa esperaban una retórica encendida, pero el expresidente de la Generalitat sorprendió con un nuevo tirabuzón: plantear una proposición no de ley para exigir al jefe del Ejecutivo que se sometiera a una cuestión de confianza. En el entorno de Pedro Sánchez rechazaron desde el primer momento la posibilidad, recordando que dicho planteamiento es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno, previo aval del Consejo de Ministros, y no estaba en su hoja de ruta. «No hay ni intención ni necesidad», despacharon tajantemente.

No obstante, el Gobierno evitó entrar al choque directo con Junts y Sánchez dio la orden a los suyos de marcar perfil bajo y sortear cualquier confrontación con los de Puigdemont. ¿Qué hacer, entonces, con la iniciativa de los posconvergentes? En caso de ser admitida a trámite, los socialistas contarían con el calendario a su favor, pues no llegaría a debatirse en Pleno, como pronto, hasta finales de febrero o marzo, dado que enero es un mes inhábil en la actividad parlamentaria. Habría margen, por tanto, para lograr un entendimiento con Puigdemont en clave presupuestaria y que finalmente acabaran retirando la iniciativa.

Sin embargo, el Gobierno no tiene previsto dejarlo estar y no esquivará el choque con sus socios esta vez. «Hay que responder a los desafíos», afirman en Moncloa. Esa respuesta se producirá mañana en la reunión de la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar harán valer su mayoría absoluta en el órgano rector de la Cámara –tienen cinco de nueve votos– para tumbar la pretensión de sus socios independentistas. Lo harán, además, con el aval de los letrados de la Cámara, que cuentan con un precedente de 2013 en el que se rechazaba una propuesta similar, argumentando que se trataba de una «moción de censura encubierta».

Entonces con mayoría absoluta del PP, se tumbó una iniciativa presentada por los socialistas contra el presidente Mariano Rajoy. En pleno «caso Bárcenas», el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba criticaba que el jefe de Ejecutivo había «faltado a la verdad» y le instaban a «asumir las responsabilidades políticas que ineludiblemente deben derivarse de las falsedades vertidas ante el pleno del Congreso». Los letrados alegaron entonces que su tramitación atentaba contra el artículo 113 de la Constitución, el que regula las mociones de censura, porque el texto del PSOE no se adecuaba al «cauce constitucional previsto a tal efecto, en la medida en que supondría una moción de censura encubierta». A esto se aferrarán los socialistas para que no prospere la iniciativa de Junts.

En la formación independentista se malician el resultado de la operación y ya advierten de que si hay un veto por parte de la Mesa del Congreso a la cuestión de confianza, «tomarán decisiones». «Nos cuesta mucho imaginar que, tal y como están las cosas, el PSOE se niegue a que haya un debate sobre esta proposición», señaló ayer en una entrevista en «El Periódico de Cataluña» el secretario general de Junts, Jordi Turull. En el entorno de Puigdemont dan dos meses de margen al PSOE, coincidiendo con el periodo entre la eventual admisión a trámite por parte de la Mesa hasta su debate: «Son dos meses en los que el PSOE puede hacer cosas. Tomaremos decisiones en función de hechos, no de palabras».

«Es cosa de los letrados y de la Mesa», dicen en el Ejecutivo tratando de esquivar cualquier responsabilidad, como si el PSOE y Sumar no fueran los dos partidos que integran la coalición de gobierno. Desde un primer momento, en Moncloa animan a Junts a que, si quiere derribar a Sánchez, se sume a una moción de censura presentada por Alberto Núñez Feijóo, los posconvergentes tampoco tienen los votos para promoverla por sí mismos. Lo hacen, conscientes de que Puigdemont no tiene incentivos para hacer caer a este gobierno, al menos, hasta que su situación personal mejore –le sea de aplicación la amnistía– y porque entienden que una entente con el PP perjudicaría políticamente a Junts en Cataluña.

«No están sabiendo leer el sentir de la sociedad catalana», dicen en Moncloa. Por ello, en el Ejecutivo se ven con cierto margen para, esta vez, no ceder ante los desafíos de sus socios, que constantemente les están colocando en posiciones imposibles, si no abiertamente contradictorias con la hemeroteca y sus valores. Ahora, está por ver qué reacción genera este movimiento en Junts y si esas «decisiones» pasan por retirar su apoyo a Sánchez.