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Desafío al Estado mexicano

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De acuerdo con el filósofo político, Thomas Hobbes, la principal función de un Estado es la de asegurar la paz entre sus gobernados. Cuando esto no ocurre nos podemos encontrar, tarde o temprano, en una situación en la que el hombre es el lobo del hombre, en la acertada formulación del filósofo inglés.

Todo esto viene a cuento debido a que, conforme pasa el tiempo, nos damos cuenta de que la situación de seguridad en nuestro país no parece estar mejorando. Es cierto que la nueva Presidenta está respondiendo más asertivamente a los llamados de la sociedad para corregir las políticas de su antecesor. Sus acciones en el Estado de México y en Sinaloa así lo hacen pensar. A pesar de esto, la verdad sea dicha, es necesario actuar con mayor atingencia.

Los asesinatos recientes de Benito Aguas, diputado federal por el Partido Verde, sucedido en el estado de Veracruz, y el del magistrado Edmundo Román Pinzón en Acapulco, cuando salía de los juzgados de Caleta, son clara muestra de la deriva hacia la violencia por parte del crimen organizado. Hay que tomar en cuenta que este último sucedió un día después de que la presidenta Sheinbaum hubiera tenido una reunión muy importante sobre seguridad precisamente en Acapulco. El asesinato pareciera ser un desafío a la autoridad del Estado mexicano.

En la tribuna del Congreso de la Unión se pidió un minuto de silencio en homenaje a Benito Aguas pero, aunque necesario, esto de ninguna manera es suficiente. Su deceso -y el del magistrado- debería ser un acicate para comenzar a idear una estrategia más eficaz de combate al crimen y la violencia en nuestro país.

Está nueva estrategia tendrá que ser confeccionada con la participación de diversos sectores de la sociedad y, sobre todo, en negociación con los partidos de oposición.

Lo primero que debería hacerse es dejar claro que la nueva política ya no será la de ‘abrazos, no balazos’. En segundo lugar, se tiene que negociar un acuerdo de cooperación en la materia con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Este acuerdo tiene que asegurar el mantenimiento de la seguridad pública, en particular en el norte del país, al tiempo que se cuida nuestra soberanía nacional. En tercer lugar, las respuestas del gobierno no deberían ser ad hoc -dependiendo de las circunstancias- sino que se tienen que formular a partir de un nuevo planteamiento estratégico a nivel nacional.

De cualquier manera, es inaudito que México se haya convertido en una pesadilla hobbesiana durante la mayor parte del siglo XXI. Sin cambiar estas circunstancias ningún otro avance, sea económico, tecnológico o incluso político será posible o valdrá la pena.

Hay que entender, sin embargo, que cualquier estrategia de combate al crimen organizado no puede ser exitosa si se violan los derechos humanos de quienes supuestamente han cometido delitos. Lo mismo sucede si se deja a un lado el Estado de derecho. Los ejemplos más fructíferos han sido logrados por regímenes que no sacrifican una cosa por la otra. Hay que ver a Europa Occidental, al mismo Estados Unidos o a Japón, para confirmar esto.

Es hora de actuar en este sentido.