El Observatorio de la Universidad Francisco de Vitoria alerta del peso del gasto público en la economía española

Contener el gasto público para lograr un equilibrio presupuestario, bajar impuestos y cotizaciones para dinamizar la economía española y reducir el intervencionismo para aumentar la productividad. Esta son las principales propuestas del Observatorio Económico elaborado por la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) y dirigido por José María Rotellar junto a un equipo de economistas españoles, que avisa de que el Producto Interior Bruto (PIB) está creciendo artificialmente por culpa del gasto público, que registra una recaudación extraordinaria motivada por la inflación, algo que terminará por generar "una presión sobre el déficit estructural", provocando un modelo de desarrollo insano sin futuro ni a medio ni a largo plazo. Así, aunque el déficit público se ha reducido en términos relativos, continúa aumentado en valores absolutos.

En este sentido, el informe también advierte que dicho gasto público está expulsando la inversión productiva privada, que se enfrenta a una financiación e inseguridad jurídica que les acaba resultando contraproducente económicamente. De este modo, se observa una desaceleración en las exportaciones de servicios, que solo crecen un 1,6% trimestral, un punto menos que el trimestre anterior, un dato preocupante teniendo en cuenta que es en las exportaciones de servicios donde España goza de una buena posición. Lo mismo ocurre con las importaciones, que registran un crecimiento intertrimestral del 0,7%, un comportamiento derivado del empobrecimiento de los españoles, ya que la pérdida de poder adquisitivo sufrida durante los últimos dos años resulta en menos compras exteriores.

Perdiendo productividad y competitividad

Asimismo, el estudio también pone de manifiesto el problema que supone la pérdida de productividad y competitividad, que está acabando por transformar el modelo económico español en uno de bajo valor añadido, con crecientes subsidios y pérdida de capacitación profesional, aumentando, de nuevo, el gasto público y su ingente deuda (que ya supera los 1,6 billones de euros). Esto ocurre además porque los trabajadores extranjeros que recibimos suelen emplearse en trabajos poco cualificados, cuya demanda está creciendo, algo que sucede, en palabras de la UFV, "porque la economía se está desarrollando en esas ramas de actividad de poco valor añadido", provocando que España pierda posiciones con respecto a las economías exteriores.

Esto no se soluciona subiendo el salario mínimo ni reduciendo la jornada laboral, medidas que acabarán repercutiendo en el incremento de los costes laborales y, por tanto, destruyendo empleo, o frenando su creación en el mejor de los casos. Es por esto que, según el informe, los salarios no deben incrementarse por ley, sino por la productividad, ya que si suben por encima de la misma terminarán por hundir a las empresas. Algo parecido ocurre con la reducción de jornada: "No puede reducirse (...) porque no se está produciendo un incremento de la productividad, sino todo lo contrario", pues al disminuir la producción se perderían puestos de trabajo.

De este modo, el informe avisa que el crecimiento español, además de ser cortoplacista, se impulsa por el crecimiento de la población pero, al mismo tiempo, pierde prosperidad, algo que se observa en la evolución del PIB per cápita en paridad del poder de compra, donde España ha retrocedido respecto de la media de la UE, quedando de nuevo por debajo del 90% de dicha media.

La situación inmobiliaria y de las pensiones

La situación inmobiliaria tampoco mejora. Limitar el precio del alquiler en las llamadas zonas tensionales o tensionadas "no tiene ningún sentido y es una decisión económica irracional "que distorsiona el libre juego de la economía y la generación de actividad y empleo al restringir la posibilidad de que un inversor obtenga la rentabilidad que busca. Es decir, este intervencionismo público termina por complicar aún más la situación de la vivienda en nuestro país, ya que los arrendadores acusan pérdidas y los arrendatarios no pueden conseguir el alquiler que desean ante la escasez de oferta por la inseguridad jurídica que existe en el mercado, pues muchos propietarios no se atreven ni a alquilar lo que poseen ni a comprar para invertir ante el miedo que les provoca el problema de la ocupación.

De igual forma, la economía española también se enfrenta a un sistema de pensiones que requiere una inminente reforma para garantizar su viabilidad a largo plazo, ya que las cotizaciones no cubren el gasto en pensiones contributivas. El aumento de las tasas de reemplazo termina por presionar al alza dicho gasto, que acaba por deteriorar aún más la situación. En este sentido, desde la UFV detectan que las medidas propuestas de incremento de cotizaciones acaban por debilitar el sistema al incentivar el gasto, pues en lugar de frenarlo liga su déficit a una subida automática de los tipos de las cotizaciones "y nos llevan a un sistema que puede convertirse en asistencial, con pensiones muy pequeñas si no se toman las medidas estructurales que permitan salvaguardar el máximo del sistema actual".