Ayuso maniobra para recibir 169 millones de Universidades pero no comprometerse a estabilizar a los profesores contratados

Finalmente, Madrid firmará. El consejero de Educación, Ciencia y Universidades del Ejecutivo regional, Emilio Viciana, ha comunicado en la tarde del lunes que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso rubricará el programa María Goyri del Ministerio de Universidades, en los términos originales. Madrid era la única comunidad que hasta el momento había rechazado firmar el convenio, por el que el Gobierno central cofinanciará (sin tener las competencias) la contratación de un millar de profesores para las universidades madrileñas, y el pasado jueves trató de que el ministerio hiciera una versión ad hoc del texto para la región. El departamento que dirige Diana Morant se negó y, tras un intercambio de misivas, Ayuso cede y Madrid firmará.

Lo hará el próximo miércoles, pero lo hará entre protestas. El consejero Viciana ha calificado de “cacicada” e “imposición del Gobierno de Pedro Sánchez” el texto. “No ha habido posibilidad de negociar”, ha lamentado Viciana. “Seguimos denunciando los problemas que ya vimos en el convenio, por ejemplo que impone la figura del profesor ayudante doctor, una figura que soluciona el problema para muchas universidades públicas madrileñas y discrimina la figura del profesor asociado, con el consecuente detrimento de la calidad universitaria”. En una nota, el Gobierno regional explica que el programa le costará 17,5 millones de euros al año a partir de 2025. Los seis rectores de las universidades públicas le habían pedido la semana pasada que firmara el texto.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid no quería comprometerse a estabilizar los más de 1.000 puestos de trabajo que se crearían con los 169 millones de euros que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades le dedicaría a través del programa María Goyri durante seis años (los que duran los contratos de profesor ayudante doctor), que ha firmado con el resto de Comunidades Autónomas. El jueves pasado la Consejería de Educación envió una comunicación al departamento que dirige Diana Morant en la que especificaba la manera en la que pretende “adaptar a la realidad de las seis universidades públicas de la región” el acuerdo “para ampliar, rejuvenecer y estabilizar las plantillas de profesores”. Sus condicionantes, confirman fuentes del Ministerio, pasaban por saltarse el “estabilizar” de la ecuación.

La respuesta del secretario de Estado, Juan Cruz Cigudosa, al consejero Emilio Viciana ha llegado este lunes: “Como sabes, todos los elementos del convenio (consideraciones y compromisos económicos de los firmantes, fechas de compromiso y propuestas de tipo de contratación), así como el texto en todos los términos literales, fueron elaborados y acordados con el resto de las comunidades autónomas. Así mismo, fueron finalmente aprobados con el voto positivo de la Comunidad de Madrid en la Conferencia General de Política Universitaria del pasado 19 de junio de 2024″, asegura Cigudosa en su misiva.

La Comunidad de Madrid ya había adelantado sus objeciones a los términos del convenio, después recular de su decisión de no firmarlo. Todo sucedía el miércoles 4 de diciembre, en la misma jornada en la que la presidenta Isabel Díaz Ayuso se reunía con los rectores de los campus públicos madrileños que pedían públicamente un aumento de los presupuestos que les permitiera “sobrevivir”. Ayuso acabó prometiendo un incremento de 47 millones, que los responsables consideraron “insuficientes” (calculaban que lo necesario eran 200 millones). En cuanto al programa María Goyri, primero la Comunidad aseguró que no se sumaba al plan que inyectaría casi 170 millones para salarios docentes, después dijo que sí, pero que no le convencían algunos de los condicionantes que el resto de autonomías ya habían aceptado y firmado.

“El texto propuesto por el Ministerio impone contratar con este programa a una única figura docente, la de Profesor Ayudante Doctor, que según los propios rectores madrileños no soluciona sus problemas de plantilla e incide en esa temporalidad que se pretende evitar. Además puede plantear problemas legales a medio plazo, ya que se obligaría a priorizar la estabilización de esta figura por delante de otras categorías como las de Profesor Titular de Universidad, Profesor Permanente Laboral o cualquier otra de las previstas en el ámbito académico universitario”, argumentaba la Consejería de Educación.

Universidades le recuerda en su comunicación de este lunes que esos términos no son adaptables a cada Comunidad, sino que se han pactado con todas y que Madrid votó a favor en la Conferencia General de Política Universitaria. “Esperamos que la Comunidad de Madrid, en ejercicio de sus compromisos adquiridos públicamente en esa conferencia, apruebe en su órgano de Gobierno en los mismos términos que lo han hecho el resto de las Comunidades Autónomas, y con ello beneficie a las universidades madrileñas y a sus plantillas de profesorado”, sostiene el texto que firma Cigudosa.

Además, Universidades pone un tope temporal a las dilaciones de Madrid. Pone como fecha límite el 13 de diciembre para que el convenio sea “fiscalizado en esta anualidad de 2024”.