Sumar reclama que la Ley de Industria obligue a devolver todas las ayudas públicas a las empresas que deslocalicen

Sumar está presionando a su socio de Gobierno para que incorpore al proyecto de Ley de Industria, que el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes, la obligación de que las empresas devuelvan todo el dinero de las ayudas recibidas por parte del Estado (a través de los ERTE o el conocido como Mecanismo RED) cuando haya deslocalizaciones.

La formación que encabeza la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, plantea también que a estas empresas se les prohíba, en estos casos, acceder a medidas de flexibilidad laboral: despidos colectivos, modificación sustancial de condiciones de trabajo e inaplicación de condiciones de trabajo previstas en convenio colectivo.

Desde Sumar explican que el Ministerio de Trabajo viene realizando diferentes observaciones a este proyecto desde el pasado mes de junio. En los últimos días, Sumar ha arrancado al socio de Gobierno incluir el principio de condicionalidad en la política industrial, rebajar los límites para la devolución de las ayudas recibidas e impulsar la centralidad de la transición ecológica en la política industrial. Aunque la negociación se encuentra en una fase avanzada, Sumar “lamenta” que aún no exista acuerdo a falta de un día para su debate en el Consejo de Ministros.

Fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo explican que la norma regula que cualquier empresa que quiera finalizar su actividad industrial en nuestro país, tenga que anunciarlo con 9 meses de antelación al Gobierno y en el caso de haber recibido ayudas públicas superiores a 3 millones de euros, “tengan que devolverlas si ponen fin a su actividad antes del periodo establecido”.

Hasta este lunes, el baremo de devolución que se manejaba en el ministerio de Jordi Hereu era de 6 millones. No se descarta que el texto final incluya todavía alguna modificación respecto a la cuantía final y a si la deslocalizacion “se hace con o sin acuerdo”.

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes el proyecto de Ley, que presentó como anteproyecto en 2022 la entonces ministra Reyes Maroto. Fuentes del departamento que encabeza Hereu califican esta norma de “histórica”. Subrayan que va a ser fruto del “consenso” con los agentes sociales. El texto será la primera ley sectorial de este siglo. Sustituirá la ley actual, que data de 1992. La futura Ley de Industria y Autonomía Estratégica, la que será la primera ley sectorial para esta actividad en 32 años, “pretende asegurar las inversiones realizadas en España”, subraya el ministerio.

El texto que ahora el Ejecutivo remitirá a las Cortes deberá ser el punto de partida para la creación de una reserva de productos relacionados con sectores como el farmacéutico, de defensa, energía o materias primas.

El proyecto de ley establece la creación de esa Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial, denominada RECAPI, para asegurar en tiempos de crisis o pandemias el suministro de recursos de primera necesidad o de carácter estratégico. “Se trata de un instrumento, un fondo, de productos y capacidades estratégicas susceptibles de movilizarse con rapidez ante una situación de crisis”, subraya el Ministerio de Industria.

El anteproyecto persigue “que la industria pueda afrontar a día de hoy los retos tecnológicos y alcanzar los objetivos que nos marcamos como gobierno y que nos marca europa” en materia de industrialización, señalan desde el ministerio de Hereu. 

El texto, subraya Industria, “ha recibido aportaciones de toda la sociedad: empresas, agentes sociales, administraciones públicas y el resto de sectores implicados”. Cuenta con dictamen favorable del Consejo de Estado desde el pasado 28 de noviembre y ha sido sometido a las observaciones de sindicatos, patronal o el Consejo Económico y Social (CES).

El objetivo es que “suponga un antes y un después para la industria española, que dote a nuestra industria de instrumentos efectivos para afrontar los retos tecnológicos”, y en concreto la Inteligencia Artificial (IA), “e impulsar la reindustrialización, la innovación y la transformación de nuestro tejido productivo”.

Entre las principales novedades del texto está la creación de un Consejo Estatal de Política Industrial y de los llamados proyectos industriales estratégicos, para facilitar los trámites de aquellas inversiones que sean de interés general para el país.