Los altos funcionarios estallan contra el Gobierno: “No hay razones, financieras, jurídicas y económicas para acabar con Muface”

Los altos funcionarios del Estado -pertenecientes a la escala A1- han dicho basta a la situación límite que el Gobierno ha llevado a la mutualidad de funcionarios Muface, al borde del bloqueo al no haberse renovado el concierto con las aseguradoras, que puede provocar que los empleados públicos puedan verse obligados a pasar a la Seguridad Social. Una situación que alentaría el riesgo de colapso al verse obligados a asumir los servicios sanitarios de 1,5 de funcionarios y de sus familias, con una edad media de 50 años.

“No existen ningún argumentos financieros, económicos ni jurídicos para acabar con Muface. No estamos dispuestos a que el sistema sanitario que nos ampara desde 1975 se extinga por motivos políticos, ideológicos y demagógicos". Con está contundencia, la presidenta de Fedeca -la Federación que agrupa al 80% de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado-, Ana Ercoreca, ha lamentado en rueda de prensa que el Ministerio de Función Pública y su titular, Óscar López, haya dado "la callada por respuesta a las tres peticiones que les hemos cursado a él y a la secretaría de Estado para reunirnos y tratar este asunto. "No existe ninguna evidencia que cuestione su sostenibilidad del sistema desde el punto de vista asistencial y también económico".

Ercoreca, que ha destacado que "no vamos a permitir que se acabe con Muface y vamos a defender el modelo tal y como está hoy en día, porque no hay argumentos para el fin del concierto", ha puesto sobre la mesa las cifras del informe de la Fundación IDIS, que cifra en 1.736 euros el gasto per cápita del Sistema Nacional de Salud frente a los 1.030 euros de las primas de Muface, una diferencia de casi 600 euros a favor del Estado, "por lo que se demuestra que no hay razones económicas para que quieran ponerle fin". Máxime cuando desmantelar Muface provocaría "una sobrecarga insostenible para un sistema ya tensionado. Las listas de espera aumentarían en un 266% en el caso de las consultas externas, en un 115% para las intervenciones quirúrgicas y en un 225% de media".

Aunque en este mismo encuentro con la Prensa Edmundo Bal, representante de la Asociación Profesional de Abogados del Estado, se ha mostrado abierto a negociar cambios en la financiación de Muface con la posibilidad de un copago en el sistema, desde Fedeca han aclarado que ese copago no es una propuesta de la federación, sino de Bal "como opinión propia. Cualquier propuesta de este tipo se tratará en la asamblea que celebraremos con todas las asociaciones que integran Fedeca esta semana".

En su intervención, Bal ha abierto la posibilidad de que "una parte la abone el funcionario y otra el Estado. Todo es cuestión de negociar y hablar", al tiempo que ha criticado con dureza la actuación del Gobierno con la licitación del concierto sanitario. "El informe de Sanidad es infumable, sectarismo puro, demagogia absoluta y con un planteamiento puramente ideológico". También ha planteado que se vuelva a incluir por defecto a los nuevos funcionarios en Muface y no en la Seguridad Social, como ocurre desde 2011. "Si dicen que no es rentable, pues que la solución de futuro es reintegrar al concierto a todos los funcionarios que salieron a la SS, para que el colectivo se nutra de jóvenes que aporten financiación pero su gasto sea menor".

Las tres aseguradoras que hasta ahora prestaban atención en Muface (Adeslas, Asisa y DKV) no se presentaron a la nueva licitación para los años 2025 y 2026 porque el Gobierno la subida de primas apenas fue del 17,12%, por debajo de la petición de las aseguradoras, que estaba en torno al 40%, "porcentaje que evitaría que tuvieran pérdidas y el sistema fuera deficitario", manifestaron. Al quedar desierta la licitación, el Gobierno abrió un plazo para que las aseguradoras notificaran a Muface su nueva propuesta económica.

DKV ha trasladado a Muface que la subida de la prima por cada asegurado dentro de la licitación de asistencia sanitaria a funcionarios debería subir un 40,6% y ha pedido a la mutualidad que los fármacos o coberturas que se incluyan en el sistema público de salud no se incorporen al convenio en vigor, sino al siguiente que se firme; Asisa también ha participado en el proceso de consulta preliminar pero no ha informado sobre su propuesta y Adeslas ha informado sobre la posición de la empresa y ofrecido datos que "sustentan" su posición.

Desde Fedeca, avisan de que trasladar a los empleados públicos al sistema nacional de salud (SNS) "sobretensionará" a comunidades autónomas donde las listas de espera ya son muy elevadas, especialmente Castilla y León, Andalucía, Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a la que habría que sumar Madrid si se añadiera el componente de la edad, ya que "ya que es la región con el número de funcionarios más elevado, lo que provocaría una sobrecarga insostenible para un sistema ya tensionado".

Asimismo, Ercoreca ha expresado su preocupación por la situación de los 8.000 funcionarios destinados en el exterior, ya que gran parte de los países en los que se encuentran carecen de un sistema de salud público o éste es muy deficiente. "Queremos que negocie con nosotros para garantizar que el día 1 de enero podamos ofrecerle una respuesta. Demandamos que justifiquen por qué van a gastarse más dinero en un sistema nacional sanitario cuando esto está suponiendo un ahorro y que se sienten a dialogar con las asociaciones que estamos involucradas. Se han reunido con CSIF, con UGT y con CC OO, pero no con Fedeca. Según dicen, nosotros no tenemos representación, cuando representamos al 80% de los altos funcionarios de la Administración", ha expuesto Ercoreca.

Por su parte, Mario Garcés, interventor del Estado, han cargado duramente contra el Ministerio de Sanidad y su titular, Mónica García, porque su decisión de acabar con Muface es fruto del "sectarismo" y de "la ideología pura" de una parte del Gobierno. "¿Éste es un conflicto de raíz ideológica o de necesidad económica y presupuestaria? ¿O realmente han hecho un conflicto ideológico de un problema económico-presupuestario? ¿O realmente se han enfrentado nuevamente las dos almas del Gobierno? Por una parte, Función Pública busca una solución razonable y continuista y, de pronto, surge el fundamentalismo del Ministerio de Sanidad", ha criticado Garcés.

Para Ana de la Herrán, presidenta del asociación de inspectores de Hacienda (IHE), "el Gobierno utiliza la demagogia sin ningún otro argumento, ni jurídico, ni técnico ni económico para tomar una decisión unilateral. Dicen que son de la gente pero, ¿de qué gente?, se ha preguntado.