Desconexión entre universidad y empleo: más de uno de cada tres universitarios ocupan trabajos de baja cualificación

Uno de los grandes retos que afrontan las universidades es preparar a los jóvenes para poder tener un empleo acorde a su preparación. Pero España no parece cumplir las expectativas de muchos de los jóvenes. Y no solo eso, hay una desconexión entre la formación que se ofrece en las universidades y lo que realmente demanda el mercado laboral, según constata el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), que analiza cómo han avanzado las prioridades estratégicas de las universidades españolas. Cierto que nuestro país tiene una alta proporción de personas con educación superior que han encontrado una salida laboral (la octava más alta de la UE), pero lo alarmante de la situación es que más de uno de cada tres (el 35,8%) ocupan puestos de baja cualificación precisamente porque lo que han estudiado no tiene salidas profesionales. “El reto no radica únicamente en formar a profesionales, sino en hacerlo con las habilidades adecuadas y en las áreas más demandadas porque se detectan desajustes notables entre las competencias adquiridas en la universidad y las demandas del mercado laboral”, expone el informe.

Valga como ejemplo lo que está ocurriendo en áreas consideradas estratégicas, como la informática o las ciencias. Las universidades públicas presenciales han aumentado un 14,3% y un 4,9%, respectivamente, el número de plazas, un hecho que podríamos considerar positivo. Sin embargo, la demanda de informáticos es un 36,3% superior al número de jóvenes que se forman y un 26% más en ciencias. Lo mismo ocurre con las ingenierías, en las que también se observa una amplia brecha entre la formación que se ofrece y las oportunidades laborales que hay. La solución se encuentra en “otorgar a las universidades mayor autonomía en la toma de decisiones estratégicas y capacidad para colaborar con los empleadores porque la universidad tiene el papel de dotar a los jóvenes de competencias versátiles y trasversales que les permitan desarrollarse en un mercado en constante transformación”.

Brecha social y económica

A esta brecha se unen otras, como son las sociales y de género que perpetúan las desigualdades. Hoy por hoy podríamos seguir diciendo que quien tiene más posibilidades de acceder a al universidad es aquel alumno con mayor nivel de renta o nivel de estudios de sus padres. En esta situación estarían el 63% de los estudiantes de las universidades públicas españolas con lo que “hay una sobrerrepresentación de alumnos con familias que tienen un alto nivel educativo en las aulas”, expone el informe.

Preocupa también el hecho de que, pese a haber más mujeres que hombres matriculadas en el sistema universitario (56,8% en el curso 2022-2023) la presencia de féminas en disciplinas como las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (áreas STEM) siga siendo escasa. En España, el 33,5% de los estudiantes de STEM son mujeres y en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las mujeres apenas representan el 16,3% de los matriculados, cuando estos ámbitos son los que tienen mayores salidas laborales y también mayores salarios. Sin embargo, “revertir esta situación no es responsabilidad exclusiva de las universidades: debe abordarse desde las primeras etapas educativas y fomentar la visibilidad de referentes femeninos en estos campos”.

A todo esto se une que, independientemente de los estudios cursados, las mujeres, nada más titularse cotizan un 5,8% menos que los hombres y en su carrera académica persiste el “techo de cristal”. A medida que se asciende en la jerarquía académica hay un menos mujeres, un hecho, no obstante, en el que se empieza a percibir un cambio, a la vista de los datos que maneja el estudio, según el cual, en el curso 2022-2023 sólo el 27,4% de las plazas de catedrático de universidad estaban ocupadas por mujeres; y en 2021 el 25% de las mujeres eran rectoras, cuando en 2019 representaban el 22%.

Internacionalización

El estudio poner el dedo en otra llaga, como es la insuficiencia de alumnos de otros países que eligen una universidad española para formarse. Esa incapacidad para captar talento extranjero “limitan la proyección global”, dice el estudio, una circunstancia preocupante si pensamos en que la bajada de la natalidad va a empezar a afectar a las universidades y se hace más necesario que nunca contar con alumnos extranjeros para garantizar la supervivencia de estas instituciones.

Así, en 2022-2023, solo el 6,2% de los estudiantes eran estudiantes internacionales con matrícula ordinaria. “Una más que posible causa de esta situación es la escasa oferta de titulaciones en idiomas extranjeros (15,86% en el curso 2022-2023), lo que reduce la competitividad internacional de los estudios ofrecidos”, dice la Fundación CYD.

Otra de las debilidades del sistema universitario español es el estancamiento en la atracción de personal académico, según el estudio. En el curso 2022-2023, el porcentaje de personal docente e investigador de nacionalidad extranjera se situó en un 3,2%, con un incremento mínimo de siete décimas desde el curso 2018-2019. También ha bajado el liderazgo de investigadores nacionales en las colaboraciones de ámbito internacional. De ahí que la solución para paliar este problema pase por “flexibilizar las normativas de contratación, incentivar la movilidad y promover la participación de investigadores y docentes en redes internacionales”.

Investigación

En materia investigadora, España se podría decir que tiene una capacidad productiva alta con un número de publicaciones. Ahora el reto es que esa producción científica impacte en la sociedad, en el sistema productivo y en la economía en general. Por eso el Informe CYD 2024 cree que “es necesario revisar los criterios de evaluación para reconocer e incentivar el impacto social y económico de la investigación” y a la par “involucrar a la sociedad en los procesos de investigación”.

Si centramos ahora la mirada en la situación laboral de los profesores, el informe ahonda en la precariedad laboral del personal docente e investigador mientras el envejecimiento de las plantillas dificultan la renovación del personal académico.

Según el informe, la media del personal docente e investigador se sitúa en 49,5 años (curso 2022-2023) y un 18,1% de sus miembros se jubilarán en la próxima década. En el curso 2022-2023, solo el 52,6% del PDI en universidades públicas contaba con puestos permanentes, frente al 82,4% en las universidades privadas. “Este nivel de precariedad afecta tanto a la calidad de la docencia como a la capacidad investigadora, además de dificultar el desarrollo de carreras académicas con perspectivas en el tiempo”, subraya.

Financiación

En materia de financiación el informe CYD cree que de lo que se trata es de establecer una estrategia y prioridades claras ya que “el reto fundamental en la financiación de la educación superior en España radica en orientar la inversión pública hacia objetivos estratégicos que impulsen la calidad, la eficiencia y la relevancia del sistema universitario”.

Los datos más recientes del año 2021 constatan que España destina un 1,43% del PIB a la educación superior frente al 1,48% de la OCDE. A todo esto se une que el 67% del gasto en educación superior en España proviene del sector público, un porcentaje inferior al 76% de la UE, y la proporción del gasto público en educación superior respecto al gasto público total en España es del 2,19%, por debajo de la media de la UE (2,44%) y la OCDE (2,72%). La clave estaría no tanto en pretender equiparar estos porcentajes, sino de que la inversión fuera acompañada de “una transformación del modelo de financiación, centrado en el uso estratégico de los recursos y en una rendición de cuentas continuada y periódica en base a resultados”.

Para Francesc Solé Parellada, vicepresidente de la Fundación CYD, es importante “establecer objetivos estratégicos claros y una gobernanza que combine acción, transparencia y rendición de cuentas. La experiencia de otros países de referencia demuestra que, con una modernización de la gobernanza que cuente con unos objetivos bien definidos y mecanismos sólidos de rendición de cuentas, las universidades españolas podrán competir globalmente y desempeñar un papel central en el desarrollo económico y social del país”.