Los inspectores de Hacienda denuncian que Montero prepara ya la cesión de los impuestos a Cataluña a espaldas de los funcionarios
El cupo catalán está en marcha en su fase previa aunque aún no haya sido aprobado. Así lo denuncian los inspectores de Hacienda, que alertan sobre el plan que el Gobierno ha puesto en marcha para iniciar el proceso de activación de la nueva financiación singular de Cataluña, un cupo catalán cuyo diseño en el que se estaría ya trabajando pasaría por el "traspaso de competencias de inspección, gestión y recaudación a la actual ATC (Agencia Tributaria de Cataluña), acompañada de la consiguiente transferencia de Recursos Humanos y medios económicos de la Delegación Especial de Cataluña". Todo sin que se haya informado a la plantilla de inspectores de Cataluña.
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), en una carta remitida a los inspectores destinados en Cataluña, les advierte de que se han podido poner ya en marcha los "trabajos preparatorios" para el desarrollo del acuerdo sobre el traspaso de toda la recaudación tributaria a la Generalitat de Cataluña y que, hasta la fecha, nada se ha informado sobre ello a los propios inspectores en esta comunidad ni a la dirección de la Agencia Tributaria. "Nada saben de lo que está pasando. Nos parece que sólo puede producir, como así está pasando ya, un enorme daño a la organización y a sus trabajadores, pues si ninguna autoridad es capaz de garantizar su futuro más inmediato, en el caso de aquellos trabajadores que presten servicios en Cataluña, es especialmente grave".
Los inspectores advierten también de que, según el propio acuerdo y de lo que se está filtrando de las negociaciones en la prensa, los trabajadores destinados en las delegaciones catalanas se enterarán de que han dejado de ser trabajadores del Estado para adscribirse a la Administración autonómica con los hechos consumados. "Parece bastante probable que, cuando se pongan en contacto con vosotros no será para conocer vuestra opinión, sino para comunicaros una decisión que ya estará cerrada. Por eso, consideramos que es ahora cuando debéis manifestar vuestra opinión con respecto a los futuros acuerdos, antes de que sea demasiado tarde". En este contexto inciden en que "nos preguntamos una y otra vez si, de verdad, vais a ser los últimos en enteraros de qué van a hacer con vuestros empleos, con vuestro futuro y, en definitiva, con vuestras familias", han señalado desde la asociación.
Para la Asociación, los trabajadores de la Agencia Tributaria se van a convertir en la "moneda de cambio" de estos acuerdos políticos que "deshumaniza" a los empleados como personas, además de que ofrece una imagen de servicio público "que no merecen los ciudadanos, que confían en un modelo que funciona y que es referencia mundial desde el punto de vista de su eficacia, su eficiencia y, en definitiva, de su credibilidad". Por ello, muestran su apoyo a estos trabajadores y les aseguran que "no están solos. Tienen todo nuestro apoyo, incluidos los medios legales, para impedir que las cosas se hagan como si no hubiera normas", y les ofrecen todos los medios legales que necesiten "para impedir que las cosas se hagan como si no hubiera normas, no hubiera ley".
Fuentes ministeriales consultadas por LA RAZÓN mostraron su extrañeza por esta carta y negaron de forma rotunda que se esté realizando ninguna actuación para poner en marcha el cupo catalán o el traspaso de alguna de las competencias del Estado a una Hacienda catalana propia. "No hay absolutamente nada de eso". Sin embargo, la propia consellera de Economía de la Generalitat catalana, Alicia Romero, confirmó en una entrevista en La Vanguardia que se está trabajando con un grupo de trabajo conjunto con Hacienda "la forma jurídica y qué incentivos aplicar para que esos trabajadores se incorporen a la Agencia Tributaria de Cataluña".
En los próximos días la Asociación organizará una visita a Barcelona para hablar con el delegado especial y reunirse con los inspectores allí destinados. "Somos todos quienes debemos tomar la iniciativa en la defensa de lo público, de las expectativas de los empleados públicos y de la independencia de la Agencia (...) ante cualquier color político".