Los retos fiscales de las pensiones
De los 9.3 billones de pesos de gasto neto total propuesto por el Ejecutivo federal para 2025, el pago de pensiones contributivas y no contributivas, incluida la pensión para adultos mayores, representa en conjunto una erogación programada de prácticamente 2.2 billones de pesos.
Esto quiere decir que, de ser aprobado el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), el 23.3 por ciento del gasto neto total se destinará a cubrir las pensiones. Dicho de otra manera, 23 pesos de cada 100 pesos de gasto.
El documento prevé un gasto en pensiones contributivas de un billón 637.7 mil millones de pesos, lo que representa el 17.6 por ciento del presupuesto total.
El gasto para las pensiones no contributivas, incluida la pensión para adultos mayores, suma 527.4 mil millones de pesos y absorbe 5.7 por ciento del gasto total.
Sólo para la pensión para adultos mayores se proponen 483.4 mil millones de pesos, siendo el rubro que destaca entre los programas y proyectos prioritarios de la nueva administración.
De acuerdo con el informe reciente Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024, publicado el 12 de noviembre por la Cepal, los sistemas de protección social se componen de prestaciones contributivas y no contributivas.
Las políticas contributivas vinculan las contribuciones realizadas por las personas a lo largo de su vida activa en el mercado laboral con el acceso a las prestaciones (tanto para el titular como para sus potenciales beneficiarios).
Pueden financiarse con aportaciones de las personas empleadas y empleadoras, así como contar con financiamiento público o de otras fuentes.
Por su parte, las políticas no contributivas desvinculan el acceso a las prestaciones de las aportaciones realizadas y se financian principalmente con recursos públicos.
Pueden adoptar una naturaleza universal o por categorías para ciertas poblaciones, priorizadas según niveles de ingresos.
Los sistemas de pensiones no contributivos ofrecen transferencias monetarias a las personas mayores o con discapacidad.
Se trata de prestaciones monetarias no condicionadas, regulares y estables, que se calculan con independencia de las trayectorias laborales y que cuentan con una institucionalidad propia.
Las personas destinatarias generalmente no han tenido un trabajo formal o no han realizado las cotizaciones requeridas durante su vida laboral para tener acceso a una pensión contributiva.
La principal pensión no contributiva en México es la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o pensión para adultos mayores, cuyos recursos representan 57.8 por ciento de los programas sociales prioritarios para 2025 del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Otros ejemplos de pensión no contributiva son la Pensión para Personas con Discapacidad, a la que se prevé destinar el año entrante 29 mil millones de pesos, y la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, a la que se propone asignar 78.8 mil millones de pesos.
Como cada año, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) realizó un análisis integral del Paquete Económico, donde concluye que los gastos ineludibles en 2025 ascenderían al 20.6 por ciento del PIB, de los cuales 6 puntos corresponden a pensiones.
El think tank advierte que “las pensiones consumirían toda la recaudación por IVA e IEPS”.
Las pensiones son uno de los pocos rubros que presentan incrementos en el PPEF 2025, un 4.3 por ciento real con respecto al monto aprobado en 2024, a pesar de la baja recaudación y los recortes en el gasto.
“Aunque este incremento es menor que los observados en años anteriores, representa una presión importante para las finanzas públicas, ya que en 2025 se requerirían todos los recursos del IVA y de los IEPS para cubrir este gasto”, subraya el CIEP.
Concluye que el presupuesto en pensiones no permite financiar de manera adecuada otros derechos:
“Las pensiones son un derecho esencial que garantiza ingresos durante la vejez, la discapacidad o ante la muerte. Sin embargo, existen otros derechos que no se financian de manera suficiente, como la salud, la educación y el cuidado, entre otros”.
Por ejemplo, el gobierno propone gastar 2.4 veces más en pensiones que en salud. Todo esto exhibe el tamaño de los retos fiscales de las pensiones para el país.