El gobierno de Maduro libera a decenas de presos políticos, dos de ellos españoles
Nicolás Maduro pidió a la Fiscalía General de Venezuela “evaluar” posibles errores en casos judiciales abiertos contra personas que protestaron después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, reclamando fraude. Apenas cuatro días después, el fiscal Tarek William Saab anunció que a la luz de “nuevos elementos de prueba” al menos 220 casos serían revisados. Un día más tarde, este sábado, comenzó la excarcelación del equivalente al 10% de los presos políticos de Venezuela. Al cierre de esta nota se habían confirmado 70 liberados, todos adultos. Entre los liberados hay dos hispanovenezolanos.
Los primeros en salir permanecieron tras las rejas durante meses señalados de “terrorismo” por las autoridades, un cargo que penalmente en Venezuela no aplica para medidas de gracia. Pero la justicia bolivariana no depende solo del papel, por lo que a estas personas se les dictaron medidas sustitutivas, incluyendo regímenes de presentación ante tribunales y prohibición de declarar a la prensa o abandonar el país.
Durante las primera mitad del sábado unos 70 presos pudieron salir de las cárceles. Allí se incluyeron también personas que habían sido testigos electorales de la oposición el pasado 28 de julio, quienes contribuyeron a que el candidato Edmundo González consiguiera recopilar casi el 90% de las actas electorales emitidas por las máquinas de votación que demuestran, según afirman sus responsables, que Nicolás Maduro perdió en las urnas por una diferencia de más de tres millones de votos.
Las excarcelaciones ocurren cuando se confirma que una comisión técnica de la Corte Penal Internacional está en Caracas desde hace 10 días, según confirmaron a LA RAZÓN integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos. Los enviados de la CPI llegaron para prestar “asistencia” al sistema venezolano y revisar casos jurídicos con acceso a expedientes, sostuvieron reuniones con familiares de detenidos y pudieron visitar a algunos recluidos en el penal de Tocorón, uno de los dos extintos de máximas seguridad dispuestos por Maduro para encarcelar a las 2.0000 personas que denunciaron fraude electoral y fueron apresados, según cifras oficiales.
Venezuela está bajo estudio de la CPI desde 2021 por la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad durante el gobierno de Nicolás Maduro.
Un ejemplo de la acción de los técnicos internacionales fue la visita a siete adolescentes y un joven de 18 años detenidos en una sede judicial en Caracas desde hace tres meses. Fue en conjunto con fiscales venezolanos y allí los escucharon reiterar que habían sido detenidos aún cuando no estaban protestando y fueron aprehendidos en un lugar distinto a la concentración, a varios de ellos la policía los sacó de sus propias viviendas. Sus madres contaron que aunque ellas no pudieron estar presentes en el mismo cuarto, conocieron a los extranjeros de la comisión.
Este jueves hubo conmoción en Venezuela por la muerte del preso político Jesús Manuel Martínez Medina, en una cárcel donde permanecía en manos del Estado. A sus 30 años había sido testigo electoral de la oposición, formó una de las actas y se encargó de recoger varias como prueba del fraude, y fue detenido el 29 de julio en el oriental estado Anzoátegui. Tras su arresto, Martínez Medina había sido recluido en una sede policial, donde sufrió diversos maltratos y se le negó recibir la atención médica que necesitaba para atender su diabetes tipo II. Como consecuencia de la falta de atención médica, le salieron abcesos en la piel y se le infectó la pierna.
Entre los más de dos mil detenidos por la represión post electoral, públicamente anunciados por el propio gobierno de Maduro, hubo las de 160 menores de edad, de los cuales quedaban más de 80 en calabozos hasta este sábado.
Las medidas de gracia, no obstante, pudieran no incluir a ningún dirigente político de los detenidos después de las elecciones. Familiares de Freddy Superlano, una de las cabezas del partido Voluntad Popular, denunciaron que luego de 109 días detenido no han podido ni verlo. “Estamos esperando la fulana llamada. Pero me dicen que espere otra semana, me marean y me dicen que me quede tranquila, dijo su esposa Aurora Silva. La mayoría de los políticos están recluidos en el Helicoide, sede de la policía de inteligencia y calificado como centro de tortura por organizaciones como Amnistía Internacional.