La Generalitat Valenciana reclama al Gobierno más ayudas directas a familias y empresas por la DANA en vez de avales ICO que les endeudan

La Generalitat Valenciana solicita al Gobierno de España ayudas directas a fondo perdido a familias , empresas y pymes o préstamos que no tengan costes para los damnificados de la riada causada por la DANA porque los fondos ICO que ha activado tienen que ser devueltos con los intereses que determinen los bancos. La consellera portavoz y de Hacienda, Ruth Merino, ha indicado que «los fondos ICO van a cubrir al banco que los ponga en marcha y no a los particulares, pymes y empresas, que han sido afectados por la riada» y que «los valencianos lo que necesitan son ayudas y no aumentar las deudas». Ha explicado que la Línea de avales ICO anunciada esta semana por el Gobierno central no es una ayuda directa para los damnificados sino un anticipo de las ayudas e indemnizaciones que les corresponden, y el acceso a estos préstamos conllevará un coste aparejado para los afectados. Con este instrumento financiero, dotado con 5.000 millones de euros, el Gobierno aportará la garantía del Estado a préstamos concedidos por las entidades financieras a los afectados en concepto de anticipo de las ayudas e indemnizaciones que deban recibir del Consorcio de Compensación de Seguros, con lo que esta cantidad «no supone una ayuda directa para los damnificados, sino una garantía únicamente destinada a facilitar el acceso al crédito a través de las entidades financieras adheridas, que son quienes aportan la liquidez», ha puntualizado Merino. Los anticipos y créditos a los que van vinculados tienen que ser devueltos por los afectados con los correspondientes intereses. El tipo de interés aplicado a estas operaciones lo fijan las propias entidades financieras prestatarias sin que el ICO establezca ninguna limitación. Además de los avales concedidos para préstamos en concepto de adelanto de las ayudas e indemnización, el ICO contempla una línea de avales para financiar inversiones o circulante y en estos casos, las entidades financieras podrían pedir a los titulares de estas operaciones garantías adicionales a las aportadas por el Estado.