Sánchez, un año de amnistía, «reflexión» y cerco judicial

Pedro Sánchez adelantó las elecciones al 23 de julio consciente de que tenía una oportunidad. No de ganar, sino de retener el poder. El PSOE iba por detrás en todas las encuestas, pero el marco que instalaron las urnas en la convocatoria autonómica y municipal, los pactos entre el PP y Vox, brindaba un nuevo escenario: recuperar la «alerta antifascista» como acicate para la movilización de un electorado progresista hastiado. Surtió efecto. En la noche electoral del 23J, Sánchez compareció ante las huestes socialistas en Ferraz y clamó aquello de: «Somos más». Sin embargo, ese «más» por momentos ha significado «menos».

Tras disiparse la euforia, el PSOE se dio de bruces con la realidad de tener un nuevo actor clave y desestabilizador en su aritmética: Junts. El partido de Carles Puigdemont ya avanzó lo que sería la legislatura en la constitución de las Cortes, apenas un mes después de las elecciones, con la elección de los miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados. A Sánchez le costaría 116 días, casi cuatro meses, revalidar el poder, pero el precio de esa conquista se tiene que pagar todavía a plazos: el primero de ellos, la entrada de su hipoteca por el Palacio de la Moncloa fue la ley de amnistía. No es la única legislación que se ha alumbrado en este primer año desde la investidura que hoy se cumple, pero sí la que ha marcado y marcará –porque todavía no ha desplegado todos sus efectos jurídicos– lo que queda de mandato. Y lo hace, porque un año después, Sánchez ha sido incapaz de aprobar el gran proyecto de su gobierno. Los Presupuestos.

El semestre electoral de principios de 2024 y, en concreto, el adelanto de las elecciones catalanas, se utilizó como coartada para no presentar los del presente ejercicio. En un clima de contienda electoral sería imposible armonizar los intereses de dos socios, y rivales en las urnas, para sacar adelante las cuentas: ERC y Junts. Sin embargo, superados los comicios y con un presidente socialista en la Generalitat, tampoco ha sido plausible aprobarlas hasta ahora. El horizonte no es hoy más alentador. El fracaso del pacto fiscal augura que las dificultades no han hecho más que empezar y todavía queda por delante la negociación para la senda de estabilidad.

A la inestabilidad política de una legislatura que no acaba de arrancar se suma un frente inédito hasta ahora, un cerco judicial al entorno del presidente del Gobierno que le ha llevado a amagar con abandonar el poder y que le ha obligado a declarar como testigo desde La Moncloa en la causa en la que permanece imputada su mujer, Begoña Gómez. Esto, en el año del desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial –la que era, sin duda, la gran asignatura pendiente– que ha elevado al máximo la tensión del choque institucional entre poderes. Con ataques bidireccionales entre el Ejecutivo y el Judicial. No se puede hacer un repaso de este año sin detenerse en los cinco días de «reflexión» en los que Sánchez sumió al país, al Gobierno y a su propio partido.

Las consecuencias de la investigación a su mujer han tenido derivadas políticas e, incluso, orgánicas. El liderazgo del secretario general, nunca antes en cuestión, se vio amenazado por su propia tentativa de marcharse, asomando al PSOE al abismo de «un día después» sin Sánchez para el que no estaban preparados. No es que hayan surgido ahora movimientos desestabilizadores, pero sí hay un nivel de contestación interna –que se ha visualizado en lo relativo a la financiación singular para Cataluña– que no se había dado hasta el momento.

Quienes le conocen y pertenecen a su entorno reconocen que la investigación a su mujer «le ha pasado factura». «Está muy tocado en lo personal», asegura una persona de su círculo, que apunta a que Begoña Gómez es su «talón de Aquiles» y le ha «afectado» que su esposa esté en la diana política y judicial. «Ha sufrido», destacan, añadiendo inmediatamente que ha decidido ir «hasta el final» y «está seguro de que todo quedará en nada». Otro cargo consultado señala que Sánchez ha estado «muy preocupado» por el impacto que ha tenido esta cuestión y que se defenderá «con todo». En la estrategia judicial, los diferentes recursos y querellas por prevaricación –incluso la impulsada desde la Abogacía del Estado– contra el instructor han naufragado. Dentro la estrategia de defensa política está la aprobación de los Presupuestos. «Es la máxima prioridad», aseguran fuentes de su círculo, conscientes de que tener unas nuevas cuentas públicas suponen el salvoconducto para agotar la legislatura.

El cerco judicial a Sánchez lo completan las investigaciones también a su hermano por presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias o el proceso para imputar al fiscal general del Estado. Además, en clave netamente política el «caso Koldo» se ha convertido en el primer escándalo de corrupción con afectación directa sobre el Gobierno socialista, por la implicación del que fuera mano derecha de Sánchez en Moncloa y en el PSOE, José Luis Ábalos. Desde que llegara al poder hace seis años, este es el momento de mayor debilidad al que se ha enfrentado Sánchez, que mantiene firme su vocación de seguir hasta agotar el mandato, en 2027, y para ello se plantea acometer una profunda renovación en el partido en el 41º Congreso Federal de final de mes.