Manos Limpias se querella contra Sánchez en el Supremo por no activar el estado de alarma tras la DANA
Manos Limpias se ha querellado en el Tribunal Supremo (TS) por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y cuatro ministros -Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa), Teresa Ribera (Transición Ecológica) y Ángel Víctor Torres (Política Territorial)- por "no haber declarado el estado de alarma ni implementado medidas adecuadas para mitigar los efectos" de la DANA. Algo que, según expone en la denuncia -a la que ha tenido acceso LA RAZÓN- "impidió una coordinación efectiva y la movilización de recursos necesarios para enfrentar la emergencia".
El colectivo de funcionarios denuncia además a María José Rallo, responsable de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet); Emilio Argüeso, director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias; y Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a quienes ya ha denunciado también en los jugados de Valencia.
Según la asociación querellante, el Gobierno "omitió su responsabilidad constitucional de declarar el estado de alarma y de coordinar una respuesta eficaz ante una catástrofe que afectaba a múltiples comunidades autónomas". Algo que, llama la atención, "dejó la gestión en manos de autoridades locales, sin la capacidad ni los recursos suficientes para enfrentar una emergencia de tal envergadura".
En cuanto al ministro Ángel Víctor Torres, Manos Limpias asegura que "no coordinó una respuesta eficaz ante la emergencia". Y se queja de que "la falta de una directriz nacional y la insuficiencia de recursos regionales agravaron la situación, dejando a muchas localidades sin asistencia adecuada".
La denuncia incide en lo que considera una "insuficiencia de alertas" de la magnitud de las inundaciones. La Aemet, señala, "no emitió alertas tempranas adecuadas que reflejaran la gravedad del fenómeno meteorológico", una "falta de información" que "contribuyó a que la población y las autoridades locales no adoptaran medidas preventivas necesarias". Por estas supuestas carencias en la gestión atribuye a la responsable de la Aemet, María José Rallo, un delito de imprudencia grave.
La denuncia también apunta al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de quien afirma que "no implementó medidas preventivas necesarias en las infraestructuras hídricas, como el control y mantenimiento de presas y canales, lo que contribuyó al desbordamiento de ríos y al agravamiento de las inundaciones".
"Se ha denunciado que la liberación descontrolada de agua desde la presa de Forata fue uno de los factores que exacerbó las inundaciones en la región", subraya Manos Limpias, que recuerda que según el alcalde de Algemesí "no hubo un aviso adecuado sobre la liberación, lo que impidió que los residentes y autoridades locales pudieran prepararse y tomar medidas de prevención". De ahí que sostenga que la "falta de coordinación y de una comunicación efectiva" desde la CHJ "dejó expuestas a las comunidades afectadas a riesgos evitables, aumentando así el impacto de la catástrofe".
Manos Limpias pide a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que lleve a cabo una "investigación exhaustiva" para "esclarecer y delimitar las responsabilidades en cada uno de los hechos relatados" y que impute a los denunciados por los delitos apuntados. Además, reclama al alto tribunal que solicite a la Aemet y a las confederaciones hidrográficas del Júcar y del Turia "un informe técnico e independiente" sobre lo sucedido" para poder hacer "justicia para las víctimas" y depurar las responsabilidades de quienes "por inacción o falta de diligencia, permitieron el desarrollo de una catástrofe que pudo y debió haberse evitado".
Hasta el Supremo han llegado además otras dos querellas contra el jefe del Ejecutivo: una de Iustitia Europa (que también ha denunciado ante el TSJ de la Comunidad Valenciana a Mazón) contra Sánchez y Marlaska por omisión del deber de socorro, lesiones, homicidios por imprudencia y prevaricación omisiva y otra de Vox contra Sánchez y otros miembros del Gobierno por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro.