Sanidad prepara un informe para evaluar las consecuencias del fin de MUFACE
El 5 de noviembre era la fecha establecida para que las aseguradoras tomaran una decisión acerca de la propuesta planteada por el Gobierno. Y la respuesta de Adeslas, Asisa y DKV fue abandonar la licitación. De esta manera, MUFACE se quedaría sin mutualidades ligadas, por lo que 1,49 millones de funcionarios se quedarían sin asistencia sanitaria privada, ya que el organismo público desaparecería.
Se trata de una decisión que tiene que ver con temas económicos, puesto que las aseguradoras afirmaban tener pérdidas millonarias, y exigían unas condiciones que el Gobierno no ha alcanzado. La idea de las aseguradoras era ampliar la prima un 40%, algo a lo que el Gobierno ni siquiera se ha acercado, ofreciendo una subida del 17,12%.
Impacto de la desaparición de MUFACE
El Ministerio para la Transformación Digital ha anunciado que todos los mutualistas van a continuar recibiendo la misma asistencia sanitaria que disfrutaban hasta ahora, y aseguran que ya están trabajando en una nueva licitación. Esto supondría que las condiciones actuales se mantendrían y no se trasladarían casi un millón y medio de personas a la Seguridad Social.
Sin embargo, en caso de que esto no ocurriese, el impacto en el Sistema Nacional de Salud sería muy grande. Por ello, según "Redacción Médica" el Ministerio de Sanidad dirigido por Mónica García ha comenzado a elaborar un informe donde se analizan las consecuencias de la desaparición de MUFACE.
Este informe tendría el objetivo de prevenir las consecuencias posibles de la disolución, tanto en términos de recursos humanos como de infraestructura y financiación, puesto que todos los funcionarios pasarían a depender de la Seguridad Social.
Además, desde Sanidad aseguran que respetarán los procesos de negociación del Gobierno, a pesar de no estar muy de acuerdo con la sanidad privada que se propone. "No es entendible que en un país que tiene la sanidad pública como uno de sus orgullos, sus empleados públicos sean atendidos en la sanidad privada”, afirman desde el ministerio.
¿A quién afectaría la desaparición de MUFACE?
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) se encarga de cubrir la salud de todos los profesores (de infantil, primaria, secundaria y universidades), a los inspectores de Hacienda y de Trabajo, a la Policía Nacional. Por tanto, estos funcionarios verían como desaparece la sanidad privada de entre sus opciones.
Por otro lado, los perjudicados de esta desaparición serían todos los españoles que acuden a la sanidad pública. Actualmente ya existen serios problemas para abarcar a todos los ciudadanos que acuden a la Seguridad Social, por lo que sumar un millón y medio de personas provocaría mayores problemas al Sistema Nacional de Salud.
Los funcionarios podían elegir entre sanidad pública y privada
Según la guía de MUFACE, es obligatorio que todos los funcionarios sean parte del mutualismo administrativo, como parte del mecanismo de cobertura del Régimen Especial de Seguridad Social para los funcionarios Civiles del Estado.
Sin embargo, el modelo de asistencia sanitaria de esta mutualidad es mixto, lo que implica que los beneficiados pueden elegir entre la sanidad pública y la sanidad privada. Con la desaparición de la mutualidad, los funcionarios estarán obligados a acudir a la sanidad pública en caso de enfermedad, lesión o cualquier problema.
JUPOL denuncia el abandono de sus policías
Desde JUPOL, su secretario general, Aaron Rivera, ha enviado una carta a Pedro Sánchez recordado al jefe del Ejecutivo la reducción en la calidad de los servicios sanitarios que viven los agentes desde hace años por esas "limitaciones presupuestarias". Asimismo, ha destacado el "papel crucial" de los agentes en el mantenimiento de la seguridad y el orden público y la necesidad de poner fin a esta problemática que tiene, a su juicio, tres grandes focos: un presupuesto insuficiente, el incremento de los costes sanitarios y limitaciones en los servicios.
Además, desde el sindicato consideran que esta situación es insostenible, debido a la continua reducción de derechos y el empeoramiento de las condiciones laborales de los agentes de la Policía Nacional.