Ayuso sale en auxilio de los benedictinos del Valle de los Caídos: declarará bien de interés cultural su Escolanía
El consejero de Cultura asegura que la Comunidad de Madrid “ha hecho todo lo que podía hacer”, y que está dentro de sus competencias, para conservar el patrimonio de Cuelgamuros
Dos años de la Ley de Memoria y ningún crimen franquista juzgado: “No se ha terminado la impunidad de los verdugos”
Isabel Díaz Ayuso sale en auxilio de los monjes benedictinos, a los que el Gobierno central quiere expulsar del Valle de Cuelgamuros, anteriormente denominado Valle de los Caídos, y declarará Bien de Interés Cultural (BIC) la Escolanía que gestionan estos religiosos. Por lo menos, su ejecutivo regional ha iniciado los trámites. La Consejería de Cultura “se encuentra recabando información para realizar el informe que alumbre” ese reconocimiento, explican fuentes de este departamento a elDiario.es.
En ese mismo procedimiento, la Comunidad de Madrid también quiere proteger la Escolanía fundada por los religiosos del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. La administración autonómica asegura que estos coros “se han encargado de preservar la tradición oral a lo largo del tiempo y han tenido un papel fundamental en el desarrollo de sus comunidades religiosas”.
El encargado de realizar este procedimiento, el consejero Mariano de Paco, aseguró en una entrevista con la agencia Servimedia que la Comunidad de Madrid “ha hecho todo lo que podía hacer”, y que está dentro de sus competencias, para conservar el patrimonio de Cuelgamuros. “No podemos hacer más”, aclaró.
Resignificación del Valle
Siguiendo la misma estrategia que la presidenta, De Paco cargó contra el Gobierno central, al que acusó de dejación de funciones. El consejero de Ayuso aseguró que el ejecutivo de Pedro Sánchez “está dejando” que Cuelgamuros se “desmembre”, que el tiempo pase y “haga mella” en sus instalaciones. “Lo está dejando destruir”, insistió al recordar que Patrimonio Nacional, que depende del Gobierno central, es el organismo encargado de gestionar el Valle.
Con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática hace dos años, el ejecutivo de Sánchez comenzó el proceso para resignificar Cuelgamuros y combatir el relato franquista. Con esta norma, aspiraban a que este espacio adquiriera “una finalidad pedagógica”, pero también pretendían que se reconociese “el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus ascendientes”.
Aunque ya han salido del Valle los restos del dictador Francisco Franco y los de José Antonio Primo de Rivera, todavía se están realizando trabajos de búsqueda de los restos de víctimas del franquismo que fueron enterradas allí sin autorización de sus familiares. De momento, han sido exhumadas 12 personas, de las cuales 11 han sido identificadas, además de otras tres procedentes de Borja (Zaragoza).
Queda pendiente todavía la salida de los monjes benedictinos de la basílica, que será “consensuada”, según explicó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras reunirse con el Papa en el Vaticano. Cuando los religiosos se marchen, el objetivo es reconvertir el espacio en un centro de interpretación.
La disputa entre benedictinos y el Gobierno de Sánchez lleva enquistada varios años, e Isabel Díaz Ayuso ha querido posicionarse en ella. En julio, tal y como desveló El Debate, la presidenta autonómica visitó Cuelgamuros y se reunió con cuatro monjes. Tras ese encuentro, fuentes cercanas a la lideresa autonómica citadas por el mismo periódico aseguraron que Ayuso estuvo “meditando qué hacer para frenar” la “marcha inminente” de los religiosos.
A pesar de las presiones de Vox, su Gobierno descartó declarar BIC a todo el complejo. En una comparecencia parlamentaria, Bartolomé González Jiménez, el director general autonómico de Patrimonio Cultural, aseguró que la administración regional no tenía competencias para ello, ya que esa gestión dependía en “exclusiva” del Estado. No solo el partido de extrema derecha ha tratado de influir en las políticas autonómicas, la organización ultraconservadora HazteOir también ha lanzado campañas públicas para ello.
Sin embargo, finalmente lo que ha anunciado la Comunidad es que protegerá la Escolanía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, vinculada a la congregación benedictina de la Abadía. También declarará Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Patrimonio Inmaterial, la Escolanía del Escorial, fundada por los religiosos del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
La vinculada a Cuelgamuros se fundó durante el franquismo, en 1958, por monjes benedictinos. Está compuesta por 40 niños con edades que van de los 8 a los 16 años. “Su repertorio abarca desde la monodia medieval, especialmente el canto gregoriano e hispano-mozárabe, hasta la polifonía sagrada y profana de las diferentes épocas de la historia de la música”, explica la Comunidad de Madrid en un comunicado.
Por su parte, la vinculada al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial es mucho más antigua. Se creó en 1567 por Felipe II con la finalidad de contribuir a las celebraciones litúrgicas tras la construcción del complejo religioso. Está gestionada por agustinos y ha conseguido convertirse en uno de los coros “más reconocidos del mundo”, según el Gobierno regional, que también explica que está “especializada en polifonía religiosa renacentista”.
La Escolanía del Monasterio celebra la decisión del Gobierno de Ayuso, pero lamenta que les metan en el mismo saco que a los monjes benedictinos a los que el Ejecutivo central quiere sacar de Cuelgamuros. “Hubiéramos preferido que se otorgara por separado. Y, de hecho, nadie se ha puesto en contacto con nosotros aún, solo sabemos lo que se ha publicado en la prensa”, explicó Pedro Albert, uno de los responsables del coro del Monasterio a El País.
Con esta decisión, Ayuso da un espaldarazo a los benedictinos que tienen un conflicto abierto con Sánchez. En estas últimas semanas, el Gobierno autonómico también se ha posicionado en contra de dos medidas del Ejecutivo central sobre memoria histórica: el reconocimiento de la sede de la Presidencia autonómica como un lugar de memoria democrática, ya que acogió los calabozos de la Dirección General de Seguridad durante el franquismo, y el nombramiento del escritor Vicente Aleixandre como víctima de la dictadura.