Una asociación de fiscales pide al Supremo suspender de empleo a García Ortiz
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), personada como acusación popular en la causa contra el fiscal general por revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado al Tribunal Supremo que ordene la suspensión de empleo a Álvaro García Ortiz mientras dure la investigación judicial en su contra.
Reclaman en el escrito, firmado por el abogado Juan Antonio Frago, que se le aparte como medida cautelar del cargo de máximo responsable del Ministerio Fiscal porque, exponen, "la legislación" así lo prevé". Señalan en el escrito que la Ley Orgánica del Poder Judicial -en el apartado primero de su artículo 383- establece "la suspensión de jueces y magistrados cuando se hubiere declarado lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones".
Ponen este punto del régimen disciplinario para miembros de la magistratura en relación al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en el que se establece que se debe aplicar esta misma suspensión cuando exista una "exigencia de responsabilidad civil y penal" a miembros de la carrera fiscal.
Entiende la APIF que la admisión de la querella contra el fiscal general del Estado el pasado 16 de octubre y el auto de este pasado miércoles en el que el alto tribunal requiere a García Ortiz para nombrar abogado y procurador -pese a que ahora LA RAZÓN desvela que será la Abogacía del Estado la que le represente- demuestran que "se ha declarado haber lugar a proceder contra" él. Pero también contra la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, la otra imputada en el procedimiento, a la que extiende la petición de suspensión por idénticas razones.
En el escrito se refleja, en este sentido, para reforzar la procedencia de declarar la suspensión provisional en sus funciones como número uno de la Fiscalía General del Estado, que el delito de revelación de secretos por el que se le investiga lo habría "cometido en el ejercicio de sus funciones ya que habría revelado unos secretos que conocieron precisamente por razón de su cargo".
Asimismo, esta asociación judicial se apoya en el Régimen del Ministerio Fiscal -concretamente, en su artículo 86.1- en el que se estipula que "los miembro de la carrera fiscal podrán ser suspendidos en virtud de un procedimiento penal" y que "mientras dure la suspensión quedarán privados del ejercicio de sus funciones".
La APIF señala que tanto García Ortiz como Rodríguez Fernández "están inmersos en un procedimiento penal", que es -sostiene- "el único requisito que exige el artículo", por lo que "también procede suspenderles provisionalmente" como fiscal general del Estado y fiscal jefe provincial de Madrid, respectivamente, "en base a tal precepto".
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