¿La intervención del mercado es la solución a la problemática social de la vivienda?

Las políticas de vivienda están siendo el principal foco de debate en la opinión pública. Estos últimos meses se han caracterizado por un incremento en el malestar social, motivado principalmente por los elevados precios de los alquileres, el difícil acceso a la adquisición de propiedades inmobiliarias y el crecimiento de la okupación. El Gobierno de España y sus socios de coalición apuesta por intervenir el mercado mientras que algunos gobiernos autonómicos como el de la Comunidad de Madrid que lidera Isabel Díaz Ayuso, apuestan por mejorar el acceso a la vivienda con políticas que incentiven la oferta de alquileres. Es necesario un Plan Nacional para la vivienda y que el Gobierno de España proteja a todos los sujetos involucrados y genere un marco regulatorio estable y moderno.

Algunos partidos políticos están aprovechando la crisis social para enfrentar a inquilinos y propietarios. Como es de costumbre, se ha apostado por intervenir el mercado de la vivienda, poniendo el foco del problema en los propietarios y desincentivando medidas para dinamizar el mercado. Frente a los discursos populistas que promueven una intervención de los precios de los alquileres y que acaba generando menos oferta en el mercado, es necesario que haya más protección de los propietarios ante los inquilinos y acabar con el ataque sistemático a la propiedad privada.

La Ley de Vivienda que aprobó el Gobierno el año pasado ha resultado ser ineficiente y no ha conseguido atajar esta problemática social. Durante estos meses, miles de personas se han manifestado para pedir una acción política que solvente una situación preocupante y compleja. Más allá de las medidas que se vayan a tomar al respecto, la pregunta que hay de fondo es el debate sobre qué tipo de políticas públicas se tienen que adoptar para atajar esta problemática.

Pedro Sánchez prometió, el 18 de diciembre de 2023, un mes después de haber sido investido de nuevo presidente del Gobierno, que iba a usar ‘‘todos los recursos del Estado para habilitar 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible’’, si bien, a fecha de hoy, la realidad es que se han puesto a disposición de las familias 10.206 viviendas en un año y medio, lo que supone algo más del 5% de las viviendas anunciadas y la gran mayoría proceden de la Sareb o también conocido como el 'banco malo' al que fueron a parar los activos de las cajas quebradas durante la crisis financiera de 2008. Además, el Gobierno de España ha recibido ayuda internacional con la que hacer frente a esta situación y sin embargo, a día de hoy el Gobierno continúa sin solventar las ineficiencias de la ejecución de los fondos Next Generation. El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha reclamado al Gobierno, en diversas ocasiones, mayor transparencia y claridad a la hora de informar sobre los objetivos cumplidos y de los hitos marcados.

Frente a los anuncios del Gobierno, la Comunidad de Madrid se está convirtiendo en una comunidad autónoma referente en la construcción de vivienda social, y pone en evidencia que Sánchez no está cumpliendo con lo que prometió hace año y medio. Un ejemplo de la buena dirección en las políticas que se han llevado a cabo en Madrid es que frente a la reducción de un 42% del stock de viviendas en Cataluña durante el primer año en vigor de la ley que regula los precios, en Madrid el stock es 22% inferior al de los doce meses anteriores. Cataluña también sirve como ejemplo del escaso efecto que ha tenido el control de los precios de alquiler. Los datos revelan que las rentas han bajado un 8,2% en Barcelona durante el año en el que se ha implantó la intervención y el control de rentas.

Otra de las principales demandas del sector (y que afecta a todos los españoles) es la necesidad de tener un marco regulatorio estable, sólido y que dinamice el mercado del alquiler. La actual inseguridad jurídica está ahuyentando a los inversores tanto nacionales como internacionales de aquellas comunidades autónomas o ciudades donde los gobiernos intervienen el mercado. Esta práctica paraliza proyectos y perjudica a las empresas que quieren invertir, construir, crear empleo y dinamizar el mercado. Otra de las consecuencias del control de rentas es que muchos propietarios dejan de invertir en sus inmuebles porque no les sale rentable, provocando un deterioro paulatino y un envejecimiento de las viviendas de alquiler que están en las zonas tensionadas.

La inseguridad jurídica, la falta de inversiones y la pasividad a la hora de proteger la propiedad privada por parte de la administración pública ha llevado al creciente fenómeno de la okupación, una agresión a la propiedad privada y que sufren muchos propietarios en España. Los okupas aprovechan las vulnerabilidades del sistema y la lentitud de las respuestas legales para beneficiarse de este tipo de actividad ilícita.

Este fenómeno requiere una regulación específica que endurezca la lucha contra esta apropiación de bienes y que tantas familias sufren en España. Para ello es necesario desbloquear la 'Ley Antiokupas', cuya toma en consideración ya se aprobó el Senado el pasado mes de febrero de este año y que propone mejoras sustanciales que permitirán proteger la propiedad privada, endurecerá las penas por okupación ilegal, facilitará el desalojo de los okupas en 24 horas e impedirá el empadronamiento en las viviendas okupadas. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGCPJ), el plazo medio para desalojar a los okupas se sitúa en 20,5 meses, mientras que hace cuatro años (antes de que estuviera en vigor la Ley de Vivienda) era de 5 meses. Por lo que (una vez más) pone en evidencia la ineficacia del Gobierno ya no sólo en vivienda, sino también en materia de seguridad.

Frente a las políticas de subvenciones y de ataques a la propiedad privada que promueve la izquierda, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está planteando una estrategia proactiva para incentivar beneficios fiscales que buscan compensar los efectos de la subida de las hipotecas, estimular el mercado del alquiler y apoyar a los municipios más pequeños en los que se puede construir más viviendas. La clave que se traslada como solución a esta problemática es construir más vivienda joven, más suelo, más oferta de alquiler y sin intervenir en el mercado de los mismos.