O pagas o pagas, por Miguel Palomino

La semana pasada, el Instituto Peruano de Economía publicó su segundo informe sobre el crédito informal en el Perú, en el cual se estudian los préstamos concedidos por organizaciones no supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). El primer estudio se realizó en el 2022 y el más reciente nos indica que en los últimos dos años ha aumentado el uso del crédito informal. En líneas generales, se mantienen las principales características de estos créditos, pero en casi todos los casos se han agudizado los aspectos más negativos del mismo.

El crédito informal tiene tres características principales; dos claramente negativas y una aparentemente positiva. En primer lugar, el crédito informal es usualmente muchísimo más caro que el formal. En segundo lugar, el crédito informal tiende a asegurar su repago con métodos de cobranza ilegales, con los que se mantiene controlado el porcentaje de créditos morosos. Finalmente, la característica aparentemente positiva es que el crédito informal se tiende a obtener de manera muy rápida.

En cuanto al costo del crédito informal, la mayoría de las personas no saben calcular cuál es la tasa de interés de un préstamo. Según la Encuesta de Capacidades Financieras realizada por la SBS en 2022, solo la quinta parte de los encuestados sabía calcular una tasa de interés simple. Por esto, las instituciones financieras supervisadas por la SBS deben expresar de una manera uniforme la tasa de interés efectiva anual de cualquier crédito que ofrezcan. Solo así resulta comparable el costo del crédito.

Para muestra, basta dar el siguiente ejemplo. El préstamo más común en los créditos informales es el que se paga en 24 cuotas diarias iguales con una tasa de interés que dice ser de 20%. ¡Pero es 20% en 24 días, no en un año! Si realizamos el cálculo, ¡ese préstamo en realidad tiene una tasa de interés anual de 1.400%! Esta es la tasa que estarían obligados a informar en caso de ser una institución financiera supervisada, pero no lo son y por lo tanto lo pueden publicitar como un “interés de 20%”.

Es claro que la mayoría de las personas que toman este préstamo no saben que están pagando 1.400% anual. Es más, la mitad de quienes toman un crédito informal consideran que el crédito fue dado en condiciones favorables o muy favorables. Todo lo cual nos lleva a pensar en la lógica detrás del tope a las tasas de interés en el sistema financiero formal.

Poner un tope a la tasa de interés que pueden cobrar las instituciones financieras formales es una de esas cosas que pueden sonar bien hasta que uno se pone a pensar cuidadosamente.

Primero, es lógico que los prestamos pequeños, como los que piden típicamente las personas de menores ingresos, sean más caros que los de mayor cuantía, porque el costo de procesar el crédito se diluye entre la menor cantidad de dinero prestada. Además, los préstamos a corto plazo, como los que suelen pedir estas personas, tienden a ser más costosos que los de mediano plazo, ya que hay menos tiempo en que distribuir el costo de su gestión. Por último, estos préstamos a personas de menores ingresos normalmente no cuentan con garantías, lo cual también aumenta su costo.

Entonces, ¿cuáles van a ser típicamente los créditos más caros? Los que atienden a personas de menores ingresos. ¿Quién se va a ver más afectado por un tope a las tasas de interés? La respuesta ya nos la ha dado el Banco Central de Reserva (BCR) al explicar el efecto del tope a las tasas de interés: “… los más afectados han sido aquellos con montos de deuda menor de S/3.000 (sectores de la población con menores ingresos)”.

Al negarles la posibilidad de obtener un crédito formal que cueste, digamos 140%, los estamos condenando a no tener crédito alguno o a pagar diez veces más. Esa es la consecuencia de medidas quizás bien intencionadas, pero cuyo resultado negativo fue anticipado por el BCR, la SBS y la mayoría de los economistas.

Al empujar a una parte importante del mercado por pequeños créditos al sector informal, los estamos también exponiendo a mecanismos de cobranza ilegales, incluyendo la extorsión. Los resultados de la encuesta son contundentes en este sentido. Una de cada seis personas que recibieron un crédito informal fue amenazada o fue víctima de violencia y, de ellos, a cuatro de cada cinco se les forzó a pagar más de lo inicialmente acordado.

Considerando solo a los que sufrieron amenazas, seis de cada siete consideran que las condiciones de su préstamo no fueron favorables, comparándolos con la mitad de los que no recibieron amenazas. Los amenazados recurrirían en el futuro a una entidad financiera formal para financiarse en dos tercios de los casos, mientras que los que no fueron amenazados recurrirían a un préstamo formal solo en un tercio de los casos.

¿Por qué tantas personas hacen uso del crédito informal si este es muy caro y peligroso? Porque, como dijimos, no saben que es muy caro y no tienen alternativa, pero, además, porque es muy “rápido” obtenerlo. Más de la mitad de los que buscaron un crédito informal declaró que para obtener un préstamo formal se les exigen “demasiados requisitos”. Estos requisitos se le piden por dos motivos: porque así lo exige la ley y porque para prestar plata formalmente se necesita verificar y analizar cierta información para saber a quién, para qué, por cuánto plazo y a qué tasa de interés se debe de otorgar el préstamo, o por qué no es conveniente hacerlo.

Los prestamistas informales no tienen que preocuparse mucho de si la persona está en capacidad de pagar el préstamo, ya que los requisitos de la institución financiera son reemplazados con mecanismos de cobranza ilegales. Solo el 1% de los prestatarios informales no están al día con sus pagos. Esto se compara con 4% para los créditos de consumo formales y de 6% para los créditos a microempresas. Esta gran diferencia en morosidad se explica porque en la práctica no existe la opción de no pagar el crédito informal. Para el prestamista informal, el a quién, para qué y por cuánto plazo interesan poco. O pagas o pagas.

Como vemos, la “rapidez” del crédito informal se da porque no se necesita un procedimiento de evaluación del crédito. El procedimiento de evaluación crediticia es sustituido por la opción de cobranza ilegal de los préstamos ante la menor dificultad en ser pagados.

En la discusión anterior he tratado de que no quede ninguna duda de lo indeseable que es el tope a las tasas de interés, por más buena intención que la legislación pudiera haber tenido. Es por lo que el BCR, la SBS y casi todos los economistas especializados se opusieron, y se oponen, a la medida mandada por el Congreso.

En el Congreso se está revaluando el haber colocado dicho tope de tasas, y es justo reconocer el mérito de corregir una decisión errada. Cientos de miles de personas agradecerán tener una alternativa viable al crédito informal.