La Junta de Andalucía amplía hasta 2066 la concesión de Puerto Banús ignorando a Costas sobre la explotación de las playas

Puerto Banús seguirá siendo Puerto Banús hasta 2066. Así lo ha decidido la Junta de Andalucía, que ha aceptado la propuesta de Puerto José Banús, S.A., que explota el famoso enclave marbellí, para prorrogar la concesión portuaria hasta ese año, cuando se cumplirán 99 desde su construcción.

Fue José Banús, un promotor ligado al franquismo, quien lo levantó a principios de los años 60 y se garantizó los ingresos que generasen sus atraques y alquileres durante un buen puñado de años. Entre siete y ocho millones por ejercicio ingresa en la actualidad. La certeza de que seguirá contando con este caudal aumenta también el valor de mercado de la explotación, sobre cuya venta se especula cada cierto tiempo. En 2021, llegó a circular una oferta de venta por 265 millones.

La prórroga de la concesión, que debe dar o denegar la Junta de Andalucía, estaba atascada desde 2021 debido a la intención de Puerto Banús de seguir explotando privativamente playas declaradas de dominio público por los tribunales. Se trata de unos 14.000 metros cuadrados (40.000, según los ecologistas) a levante y poniente, resultado de la obra original, pero también de los acrecimientos posteriores, en los que se asientan chiringuitos, club de playa, coctelería, un restaurante, más de medio millar de hamacas y un parque acuático, de los que obtiene unos dos millones anuales, según el estudio económico que presentó para solicitar la prórroga.

Un informe del Ministerio “pendiente”

La integración o no de esa superficie (originaria o “acrecida”) en la zona concesionada es un litigio que se prolonga desde hace casi dos décadas. Puerto Banús se retrotrae a las órdenes originales emitidas a mediados de los 60, y esgrime desde hace años la vigencia de los beneficios reconocidos a los “Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional”, una figura introducida por el Franquismo que concedía derechos de uso y disfrute de la zona marítimo-terrestre a quienes realizasen obras ganando terrenos al mar.

La pretensión de seguir usando (y monetizando) esta superficie de dominio público, tal y como hizo sin obstáculos durante años, ha generado un enfrentamiento con Demarcación de Costas, y el propio Ministerio de Transición Ecológica tiene pendiente emitir un informe sobre el asunto.

Hasta ahora, se suponía que el enredo condicionaba el expediente de ampliación del plazo concesional, paralizándolo. Así, en una respuesta parlamentaria, fechada el 22 de marzo, el Gobierno señaló que la ampliación estaba “pendiente” del “preceptivo informe” ministerial, que estaba “en tramitación”, y subrayaba que Puerto Banús estaba ignorando sus advertencias: “Lo que la Agencia denomina ”zona controvertida“ no ha llegado nunca a encontrarse bajo concesión. Así se le ha comunicado en diversos escritos tanto a Puerto José Banús S.A. como a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía [APPA]”, señalaba la respuesta del Gobierno a pregunta de Martina Velarde, diputada de Podemos.

“No hay duda alguna, incluso antes de la construcción de Puerto Banús, que los terrenos a los que se refiere la pregunta son dominio público marítimo-terrestre”, señalaba la respuesta escrita, adelantándose al previsible contenido del informe, del que, sin embargo, nada se sabe.

De ahí que la Agencia de Puertos de Andalucía (dependiente de la Junta, y competente para dar o denegar la prórroga) diera el alto hasta que la cuestión quedase resuelta o, al menos, se admitiese por Puerto Banús que la cuestión es controvertida.

Las playas discutidas, al margen

Todo eso ha cambiado. Ahora, el Gobierno andaluz accede ya a la prórroga pretendida por el concesionario, da una patada a seguir al intrincado asunto de las playas, y parece cerrar en falso la discrepancia con el Gobierno central. “No forma parte del alcance de este expediente, pronunciamiento sobre la titularidad, usos y derechos de los acrecimientos de playas producidos en la Zona II como consecuencia de la ejecución de la obra portuaria”, se lee en la resolución de la Junta de Andalucía a la que ha tenido acceso este medio.

La ampliación despeja el camino a Puerto de José Banús, S.A., en manos de la familia Vidiella desde que falleció José Banús, en 1984. Hasta ahora, podía seguir explotando el enclave hasta 2042. Ahora, podrá hacerlo hasta 2066, una posibilidad abierta gracias a que el Gobierno andaluz cambió la ley para permitir la extensión de la duración de las concesiones portuarias por un plazo total de 99 años.

La resolución de ampliación está firmada por quien era el consejero responsable, Ramón Fernández-Pacheco, a 30 de mayo. Todo se aceleró a partir de abril, cuando se emitieron sendos informes de las jefaturas de dominio público y del servicio jurídico de APPA, ambos favorables.

La ampliación de la concesión, un expediente público, ha sido llevada con extraordinario sigilo en los últimos meses. Nada consta de la resolución del proceso en la página de la Agencia de Puertos de Andalucía. Tampoco ha informado de ella la propia concesionaria, a pesar de ser una noticia muy positiva para sus intereses. Ni la APPA ni Puerto Banús han respondido a las reiteradas preguntas de este medio. El ministerio, por su parte, sí confirma que aún no ha emitido su informe. Ha sido necesario recurrir a Transparencia para obtener la resolución pública, que completa un expediente a priori disponible en la web de la Agencia de Puertos de Andalucía.

La importancia de las playas para el negocio

Puerto Banús registró su solicitud de prórroga el 17 de septiembre de 2017. Antes, debía justificar el interés público y cuantificar una inversión mínima para renovar el espacio, que cifró en 7.820.000 euros. La cuestión de si puede o no explotar las playas es capital, pues el negocio sufriría un tajo si de sus principales vías de ingresos (atraques, restaurantes y playas concesionales) se desgaja la última pata. Y esto era lo que podía ocurrir si se confirmaba que parte de las playas de Levante y Poniente, sobre las que se asienta un puñado de chiringuitos y hamacas que proporcionan la mitad de los ingresos a Puerto Banús, son en realidad dominio público, como señalan dos sentencias del TSJA que concluyeron que Puerto Banús estaba arrendando espacios de la playa que no eran suyos.

Por eso, la propia APPA echó el freno a la prórroga en junio de 2023. Para “no condicionar” el expediente, la jefa del área de dominio público portuario de APPA pidió por escrito a Puerto Banús que “subsanara” su solicitud para indicar “expresamente” que los acrecimientos de la playa son “actualmente zona controvertida”, y que su inclusión en el puerto queda condicionada a un expediente informativo de Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica.

La respuesta de Puerto Banús no cumplió con la literalidad del requerimiento de la APPA. No subsanó la solicitud para admitir “expresamente” que hay dudas, sino que remitió una carta a la APPA en la que desglosaba sus motivos para reclamar las playas (existentes o ganadas al mar) como propias, niega que las sentencias sean aplicables e indica que “no comparte” la “controversia”, y termina con una fórmula en la que dice “respetar el condicionante referido a la concreción de la inclusión de los acrecimientos”.

En todo caso, ya existen al menos dos informes previos del jefe de Demarcación de Costas en Málaga en los cuales deja clara su postura. El primero es de 14 de julio de 2021; el segundo, de 22 de septiembre de 2022, responde a las alegaciones de la concesionaria para no perder las playas.

La determinación de qué superficie forma parte de la concesión originaria y qué no es una operación que puede ser difícil porque en ella influyen mareas, acrecimientos y regresión marina. De ahí, que siga siendo controvertida, y el criterio del Ministerio siga sin encajar en el de la concesionaria. Costas propone dos soluciones, una principal y otra subsidiaria. Ambas son complejas desde el punto de vista administrativo, y parten de la consideración, indudable para Costas, de que las playas discutidas son dominio público ajeno a Puerto Banús y deben recuperarse materialmente.