Lección urgente para la izquierda

A medida que pasan los días, los efectos del caso Errejón se hacen más evidentes en la crisis política y moral de la izquierda española. Acostumbrada a dictar pautas de conducta sobre los aspectos más privados del ciudadano, se ha visto sorprendida en una incongruencia sistemática con sus supuestos valores cívicos, una vez confrontada su actitud ante las conductas, como mínimo, infames de Íñigo Errejón. La denuncia contra este fundador de Podemos y gurú ideológico de Sumar ha desvelado la impostura de su propio partido con el rigor moral y ético que exige a sus adversarios. La famosa ley del embudo no ha resistido, sin embargo, lo que todo posible delincuente y sus cómplices quieren evitar: la transparencia y la publicidad. En cuanto los hechos rompen el código de silencio, el pacto de impunidad, las consecuencias son incontrolables porque ya están en manos de la opinión pública y de sus medios de comunicación. Al espectáculo lamentable de la connivencia silenciosa que tuvieron en Más Madrid y en Sumar con las primeras denuncias o sospechas sobre el comportamiento de Errejón con las mujeres se añade ahora un cobarde duelo fratricida para huir de las responsabilidades políticas. Ni Mónica García ni Yolanda Díaz deberían seguir en sus cargos de partido y de Gobierno. Son dos responsables políticas directas del caso Errejón, a quien, por acción u omisión, encubrieron y encumbraron al mismo tiempo , nombrándolo portavoz con protagonismo plenario en el Parlamento y ante la opinión pública. Ambas líderes no tienen escapatoria de su culpa política y su permanencia en el Gobierno ya concierne directamente al propio presidente del Gobierno, con la potestad constitucional de nombrar y cesar discrecionalmente a los ministros. Aunque mantenga a sus ministras Díaz y García, los ciudadanos ya han añadido este nuevo escándalo a la lista morosa del jefe del Ejecutivo. La izquierda está transitando por el calvario por el que ha hecho caminar a otros, sin piedad y sin pruebas. La denuncia anónima, tan gratificante cuando servía a los códigos punitivos del 'Mee Too' o de la cultura de la cancelación, se revuelve ahora contra sus más conspicuos defensores y su respuesta es volver la vista al Estado de derecho. En efecto, la denuncia anónima es una patología de las sociedades democráticas, aunque su uso esté arraigado en ciertos sectores como fuente de información. La circulación de tales denuncias por las redes sociales genera un dinámica tóxica que no excluye a la persona denunciante, por muy justa que sea su causa y muy ciertos los hechos que denuncia, sino que queda expuesta a réplicas en iguales condiciones de anonimato y alevosía. No hay que engañarse con la reacción de la izquierda: su especialidad es el linchamiento público sin pruebas contra cualquier ciudadano que se aparte de su guion moralista. En un Estado de derecho, el espacio verdaderamente seguro para las víctimas es el proceso penal ante el tribunal de justicia competente, con facultades para protegerlas y evitar su revictimización. Se hará esto mejor o peor, porque la Justicia no es perfecta, pero entre ser atendida por policías, médicos, fiscales y jueces expertos o por gestores privados de espacios digitales hay una notable diferencia. La izquierda lleva la penitencia en su pecado y es hora de que, a partir del caso Errejón, asuma que el Estado de derecho no es, como fabulan en sus sueños sectarios, una estructura opresiva del poder, sino el espacio seguro del ciudadano para recibir justicia.