"Y el mes de agencia": la trampa de las inmobiliarias para seguir cobrando honorarios por el alquiler
Consumo investiga a varias agencias por clausulas abusivas e ilegales, más de un año y medio después de la entra en vigor de la ley que prohibe cargar los honorarios a los inquilinos
Mónica, contra el fondo buitre por el seguro de impago de alquiler: “Son 1.000 euros, pero hay que hacerles frente”
Israel lleva varias semanas buscando piso. Tiene 41 años y hace uno y medio regresó a casa de sus padres. “Compartía piso, pero tuve una mala experiencia y era insostenible. Me propusieron venir un tiempo, para ahorrar un poco”, explica. Cuando se decidió a retomar la búsqueda y reindependizarse se topó con un mercado hostil e imposible. Pese a su contrato indefinido y un sueldo neto de 1.500 euros, se le cerraban todas las puertas. Pero, además, Israel se ha encontrado con prácticas que colectivos por el derecho a la vivienda, asociaciones de consumidores, testimonios en redes sociales y grupos de amigos llevan meses denunciando: cláusulas abusivas y cargos directamente ilegales, como el mes de agencia que prohíbe la ley.
El Ministerio de Derechos Sociales ha anunciado este lunes la apertura de una investigación tras detectar prácticas ilegales en varias inmobiliarias, como el cobro de comisiones por la gestión, contratos temporales sin justificar y otras cláusulas abusivas. “Trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato es una práctica prohibida expresamente”, indicaban desde este departamento.
La ley estatal de vivienda, en vigor desde hace más de un año y medio, prohibía cargar a los futuros inquilinos el conocido como 'mes de agencia'. Sin embargo, muchas inmobiliarias continúan reclamando ese pago a los usuarios. Algunas lo piden directamente, aunque luego utilicen subterfugios para justificarlo, que es lo que la Dirección General de Consumo investiga ahora. “De forma general, siguen cobrando los honorarios a los inquilinos, en vez de a los arrendadores, porque su negocio está en explotar a los inquilinos”, señala Víctor Palomo, portavoz del Sindicato de Inquilinas.
“Lo que se paga son los días correspondientes al mes de septiembre, dependiendo de qué día entremos, mes de fianza y mes de agencia. Serían dos mensualidades y poco”, le explicaba a Israel por teléfono una trabajadora de RedPiso, según una grabación a la que ha tenido acceso elDiario.es y que se reproduce a continuación. “¿Mes de agencia?”, interpela él. “Sí, es más bien por servicios, por los servicios que os damos por el alquiler”, responde ella.
Los servicios a los que se refieren pasan por un manitas, que suele estar incluido en el seguro del hogar que paga el propietario, la limpieza previa a la entrada al piso y el seguro de impago. “Se utilizan distintas estrategias, desde cobrarlo en b, que es muy habitual, hasta el contrato de atención al inquilino que, en la práctica, son los honorarios, porque se paga antes de la firma del contrato y no hay ningún servicio al inquilino. Es una forma de trampear la ley”, señala Palomo.
Para Israel, vinculado desde hace años a los movimientos por el derecho a la vivienda, estas tretas no son nuevas. “Pero el seguro de impago beneficia solo al propietario, no al inquilino”, responde en la llamada, ante la afirmación de que es “para ambas partes”. “Si es verdad que beneficia más al propietario que al inquilino, pero si os da la seguridad de que si en algún momento tenéis algún problema, no es tan extremo el tema del impago”, indica la trabajadora.
Desde el Sindicato de Inquilinas explican que “solo el inquilino al que se le haya cobrado ilegalmente puede acudir a la vía judicial”. En la práctica, supone una barrera. “La gente piensa que le van a salir más caros los gastos judiciales que lo que van a recuperar. Además, supone afrontar un procedimiento judidial que se prolonga durante mucho tiempo e impone respeto”, indica Palomo, que apunta que la solución debe venir de la Dirección General de Consumo, que ahora investiga estas prácticas, y de sistemas de arbitraje, que también contempla la norma estatal, pero que aún no están plenamente desarrollados.
Precisamente, desde el sindicato han iniciado demandas a través de Consumo y acciones, como el señalamiento de inmobiliarias y fondos que aplican estas fórmulas. En mayo, el Sindicat de Llogateres y el Col-lectiu Ronda pusieron una demanda colectiva contra Inmo Criteria, por cláusulas abusivas en 2.000 contratos de alquiler en toda Catalunya, entre las que se incluye el seguro de impago. En 2023, ambas organizaciones ya consiguieron que un juzgado de Barcelona declarase nula una cláusula de este tipo, al considerar que “el arrendador dispone de mecanismos que permitan consultar (la solvencia) con carácter previo”, por lo que no puede “repercutir los gastos que puedan generar medidas que garanticen” esa capacidad de pago.
Precisamente, para garantizar esa capacidad de pago, las inmobiliarias exigen cada vez más requisitos. Según los expertos consultados, exigencias como las tarifas, los meses de fianza o exigir una renta determinada son, en la práctica, barreras de entrada que dificultan el acceso a una vivienda. “Empecé buscando con mi nómina”, indica Israel. Después, habló con sus padres tratar de conseguir el contrato sumando sus pensiones. “Como son inembargables, los seguros de impago no te las aceptan”, aclara. Y la tercera opción: “Mi hermana es funcionaria y se ofreció a alquilar conmigo. Entre las dos nóminas son 4.000 euros al mes, así que vez cómo se te abren las puertas y te marcan como prioritario para ir a visitar los pisos”. Ni así: “Cuando son agencias, la gran mayoría te siguen pidiendo los honorarios”.
Por el momento, las escasas victorias judiciales en el campo de las cláusulas abusivas, especialmente la del cobro del seguro de impago, han surgido contra los fondos de inversión que gestión parques de viviendas y no contra rentistas particulares o inmobiliarias. A principios de este mes, Mónica, una vecina de Parla, consiguió que el juzgado declarase nulo el punto de su contrato con Néstor que le imponía este concepto y obligaba a la gestora a devolverle 1.000 euros. “Me dan para pagar las costas. Si recurren, acabaré perdiendo dinero, pero prefiero pagarle al abogado que al fondo buitre”, explicaba en una entrevista con elDiario.es.
Israel sigue buscando un piso en el que poder vivir, sin destinar más del 30% de su nómina. En ningún momento se ha planteado por el aro del mes de agencia: “Me niego, antes he pensado en ocupar, aunque lo veo como algo colectivo, en un contexto en el que estemos organizados políticamente”.