PAC y presupuestos: dos incógnitas para el campo

Las negociaciones sobre el Marco Financiero de la Unión Europea (UE) para el periodo 2028-34 y sobre la nueva PAC, procesos que están íntimamente relacionados, se presentan en esta ocasión muy complicados. La dos preguntas claves son: ¿cuánto dinero habrá para financiar esa política en los próximos presupuestos y cómo se distribuirán esos fondos entre los estados miembros y cada uno de los sectores?

Ya han comenzado los debates preliminares con el lanzamiento de ideas para tomar posiciones de cara a las conversaciones, que no se iniciarán hasta que no tome posesión la nueva Comisión Europea, lo que se producirá a principios de diciembre, suponiendo que se cumpla el calendario previsto.

Una de las ideas que circula estos días por los pasillos de Bruselas plantea que el dinero de la PAC se distribuya entre los estados miembros en forma de lo que se denomina un «sobre nacional», y que, luego, cada uno de ellos reparta ese importe entre sus agricultores y ganaderos beneficiarios de las ayudas, en forma de una posible tasa plana o una cantidad a tanto alzado.

Los ministros de Agricultura de la UE han reaccionado ante esta idea y adoptaron en su última reunión un documento de conclusiones sobre la futura PAC, en el que dejan claro que la política agraria que se debería aplicar a partir de 2028 debe mantener la estructura actual basada en dos pilares: el primero dedicado a las ayudas directas y el segundo para el desarrollo rural. Además, insisten en que tienen que contar con fondos suficientes para responder a sus objetivos.

Con este documento, el Consejo Agrícola quiere enviar un mensaje claro a la Comisión Europea, que estaría pensando en modificar el presupuesto de la UE para eliminar los programas de gastos actuales, entre ellos el de la PAC, y sustituirlos por un sobre asignado a los estados miembros que decidirían sobre su reparto. Esta posibilidad plantea dos problemas serios.

El primero, a corto plazo, consiste en que las diferentes delegaciones estén de acuerdo, o no; en estos momentos cosecharía una mayoría clara en contra.

El segundo, es un problema de fondo muy grave, porque eso supondría una renacionalización encubierta de la PAC, lo que daría alas a los enemigos de esta política que utilizarían este argumento: si la PAC es cada vez más nacional, pues que deje de estar financiada por el presupuesto comunitario y sea costeada por cada uno de los socios; lo siguiente sería plantear que los fondos actuales de la política agraria se destinen a otros sectores. Y en este punto se llega al meollo de la cuestión: ¿cuál será el presupuesto total de la UE para ese periodo y qué cantidades totales se destinarán a financiar a cada una de las políticas?

Por un lado, la Comisión Europea quiere poner en marcha nuevas actuaciones, entre ellas una política de Defensa, para lo que se necesita dinero; también medidas para revitalizar el sector industrial de la UE y, finalmente, financiar actuaciones relacionadas con la digitalización de la economía, para no perder este tren.

Evidentemente, para ello hace falta más dinero. Sin embargo, los estados miembros se niegan, de momento, a aumentar sus aportaciones a las arcas comunes. Con ese planteamiento, solo quedaría realizar ahorros en las principales partidas del gasto actual, como son la PAC y la política estructural y de cohesión, que tendrían menos fondos.

Una tercera vía es la planteada en el informe Draghi, consistente en que la UE emita deuda mutualizada, es decir, que todos los socios sean responsables de la misma, a lo que se niegan estados miembros como los Países Bajos o los nórdicos, por ejemplo, que consideran esta propuesta una línea roja para ellos.

En este contexto van a comenzar las audiencias en el Parlamento Europeo con los candidatos designados. De momento estos últimos han expuesto ya las que serían sus principales líneas de actuación. En respuesta a las preguntas por escrito de los eurodiputados, el luxemburgués Hansen enumera las siguientes prioridades: el relevo generacional en el campo, la mejora en la gestión de los riesgos, reforzar el poder de negociación de los agricultores y ganaderos frente al resto de los operadores, y la simplificación de los procedimientos administrativos. En lo relativo a la PAC, se compromete a que las ayudas vayan a parar a los que tienen más necesidad, especialmente a los pequeños productores, y a compensar a los agricultores y ganaderos por los servicios de carácter medioambiental. Su examen definitivo será el 4 de noviembre.