Sanidad a la carta: ¿Muface para todos?

En la narrativa oficial y pública, se reitera constantemente que la educación y sanidad públicas son las mejores opciones al estar financiadas por el Estado y basadas en principios de igualdad, a pesar de que cada vez hay más colegios, universidades y hospitales privados con una demanda creciente ante la ineficiencia de lo público para cubrir las necesidades de los ciudadanos. Es el mundo al revés, pues en teoría económica, el sector público es quién debería corregir los fallos de mercado, derivados del sector privado y no a la inversa.

Efectivamente, una de las mayores contradicciones de nuestro país es que muchos políticos estén continuamente con la defensa de la sanidad pública y la equidad, mientras se permite a algunos funcionarios que puedan elegir dicha cobertura a través de entidades privadas concertadas. Resulta paradójico que el propio Estado, encargado de defender y fortalecer los servicios públicos, sea precisamente el que fomente, a unos pocos, el acceso privilegiado a servicios privados, pagado por todos, reconociendo de forma implícita que el sistema público no siempre cumple con las expectativas de calidad y eficiencia que se predica, lo que rompe la equidad entre todos los ciudadanos al no tener la posibilidad de elegir.

Así pues, al adquirir la condición de funcionario de carrera de la AGE se forma parte de lo que se llama el Mutualismo Administrativo que es un sistema de cobertura especial para los funcionarios Civiles del Estado, como las Fuerzas Armadas, Administración de Justicia y Administración Civil, entre otros, con un total de 2,5 millones de funcionarios. De ellos, algo más de 1,5 millones pertenecen a Muface que es el organismo público que les presta asistencia social y sanitaria.

Mientras el sistema de sanidad pública se presenta como la opción general y “única” para la mayoría de los ciudadanos, los funcionarios de Muface pueden decidir, cada año, si prefieren la sanidad pública o un proveedor privado, con un 70% a favor de esta última, lo que pone en cuestión el discurso ampliamente repetido de que la sanidad pública es siempre la mejor opción, aunque los datos muestran que el gasto por ciudadano del sistema público es muy superior al de los mutualistas.

De ahí las negociaciones actuales por las que las entidades concertadas exigen un aumento del 25% en sus primas mientras que el gobierno les ofrece un 17%, lo que podría conducir a un recorte en la oferta de cuadros médicos o unos mayores tiempos de espera.

El sistema de Muface, aunque proporciona a los funcionarios una flexibilidad muy valorada, también genera preguntas sobre la sostenibilidad y equidad de un sistema de sanidad con “privilegios” en el acceso. Muchos ciudadanos no tienen la opción de elegir y deben depender de un sistema público al que se le exige cada vez más, con menos recursos.

Esta situación abre un debate público pues si los funcionarios encuentran tan beneficioso optar por la sanidad privada, ¿por qué no se plantea abrir una vía similar para todos los ciudadanos, especialmente cuando la sanidad pública afronta constantes problemas de financiación y saturación? Esta tesis lleva a cuestionar si el Estado debería replantearse el modelo de MUFACE, ya sea para reducir la brecha entre ambos sistemas o para mejorar la sanidad pública con algunos elementos que han hecho de la privada una opción tan atractiva para los funcionarios.

Hay que reflexionar sobre el modelo de sanidad en España pues se evidencia que la mayoría de funcionarios, cuando tienen la opción, prefieren la sanidad privada, desafiando así el discurso de que la sanidad pública es siempre mejor. Y no sólo ellos, sino que también, altos cargos y miembros del Gobierno, acuden a la educación y sanidad privadas mientras se les llena la boca en defensa de lo público y en contra de su privatización.

No se trata de criticar a la sanidad pública sino inspirar un debate más amplio sobre el futuro de la sanidad en España para permitir la libertad de elección en el acceso a un sistema de salud más eficiente que responda, en tiempo y forma, a las necesidades de los ciudadanos. Mucho me temo que, lejos de mejorar la eficiencia de lo público, se perjudicará lo privado, para igualar por abajo y no por arriba ya que elegir no es una opción por razones ideológicas y por la situación de nuestras maltrechas arcas públicas.