El terremoto político por la salida de Errejón o la relación de Sánchez con Aldama, marcan la agenda de esta semana
El terremoto político por la salida del que fuera exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón y la relación de Pedro Sánchez con Víctor Aldama, marcarán esta semana la sesión de control del Congreso de los Diputados.
Y es que en la sesión de control al Gobierno la "corrupción" y la "hipocresía" del Ejecutivo serán dos frentes que la oposición lanzará contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La dimisión del exportavoz de Sumar, que hizo efectiva la baja de su puesto como diputado el pasado viernes, después de solicitarlo él mismo y de que dimitiera de todos sus cargos políticos tras acusaciones de violencia sexual y que cuenta ya al menos con la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá. La salida del exdiputado y las causas que rodean a su dimisión han debilitado no solo a Sumar, la mitad del Gobierno, sino a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz a quien se le acusa de haberle encubierto lo que provoca también el debilitamiento de la coalición y los reproches de PP y Vox por la pancarta feminista que Errejón defendía mientras tenía conductas opuestas a ello.
Este lunes la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que ha estado en plena crisis de viaje en Colombia, presidirá la reunión de su grupo parlamentario, que sigue con la portavocía vacante tras la renuncia de Errejón.
En el orden del día de la sesión de control al Gobierno de esta semana no figura ninguna pregunta relacionada con este asunto, pero estará en el debate, tanto dentro como fuera del hemiciclo.
Los diputados también abrirán el fuego contra la bancada del Gobierno por la relación de Pedro Sánchez y el conseguidor de la trama corrupta de las mascarillas, Víctor Aldama. Y es que entre las preguntas de la oposición está la de "¿cuál es la estrategia política del Gobierno?" o "hasta cuándo piensa el Gobierno seguir engañando a los españoles? , que hará el Grupo Vox encabezado por su portavoz parlamentaria Pepa Millán o las de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra que interpelará a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero por "¿qué institución asaltará mañana el Gobierno?".
Será el martes cuando el Pleno del Congreso dará este martes el primer paso para tramitar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, rebautizada por la izquierda, quien de hace tiempo busca su derogación, como "Ley mordaza" y tendrá lugar la votación de la toma en consideración del texto que los partidos del Gobierno (PSOE y Sumar) cerraron a principios de octubre con EH Bildu.
Si la reforma, que se registró como proposición de Ley con la firma añadida de ERC, PNV y BNG, supera esa primera votación, arrancará así su tramitación parlamentaria en ponencia, comisión y Pleno, que será por el procedimiento de urgencia, reduciendo a la mitad todos los plazos, tal y como han pedido sus firmantes.
La nueva redacción de la ley, que sus promotores esperan aprobar antes de fin de año, recoge todos los acuerdos y avances logrados" entre PSOE, PNV y Unidas Podemos en la anterior legislatura, pero que se frustraron al no contar con el apoyo de Bildu y ERC porque los consideraban insuficientes.
El acuerdo con Bildu permite añadir el compromiso de la "sustitución progresiva" de las actuales pelotas de goma por parte de las Fuerzas de Seguridad, poner fin a la "discrecionalidad" en la imposición de sanciones administrativas por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia y presentar en un plazo de seis meses una reforma de la Ley de Extranjería para terminar con las devoluciones en frontera, mal llamadas "devoluciones en caliente" y que incluso el Gobierno de Pedro Sánchez ha empleado cuando la avalancha de migrantes en Ceuta y en alguna otra ocasión más.
En concreto, la nueva ley pondrá fin a la "discrecionalidad" que ahora existe en las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia, las que más se imponen desde 2015, de tal manera que "deberán ser objetivables y justificadas, terminando así con la subjetividad en las mismas y protegiendo el derecho a la libre expresión", destacó Bildu. Así, sólo podrán sancionarse los "insultos o injurias" que no sean delito, pero sí "expresiones relevantes". Además, las sanciones por faltas de respeto se cancelarán en caso de que la persona sancionada se retracte y las faltas por desobediencia pasarán de falta grave a falta leve. Éstas últimas sólo serán sancionables cuando haya un "negativa expresa a cumplir una orden legal y ajustada a la legalidad" o exista una "resistencia corporal a un mandato de los agentes" siempre que estén ajustados a la normativa.
Además, este miércoles, sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles protestarán a las puertas del Congreso precisamente contra la derogación de la ley de seguridad ciudadana pactada por el Gobierno con EH Bildu y es que, advierten; "Los policías y guardias civiles tendrán más difícil, y en ocasiones casi imposible, llevar a cabo su labor, y quienes sufrirán las consecuencias serán los ciudadanos, que se verán perjudicados, ya que la voluntad de unos pocos será suficiente para recortar sus derechos y libertades".