Más de 80 reos esperan en el corredor de la muerte en Marruecos en medio de un debate sobre la supresión de la pena capital
Marruecos debate desde hace tres décadas la sobre la supresión o el mantenimiento de la pena de muerte. Desde 1993, fecha de la última ejecución contra Hajj Thabet por cargos de extorsión, violencia sexual, fotografía de víctimas y abuso de poder, los tribunales no han aplicado la pena de muerte
El número de personas condenadas a la pena capital alcanzó las 83 personas hasta el año 2023, según un informe del Consejo Nacional de Derechos Humanos, de las cuales 81 tienen sentencias firmes, además de dos sentencias prejudiciales emitidas en 2023 y en espera de apelación.
La comisión de algunos crímenes especialmente brutales, como la violación y el asesinato de niños, despierta la ira de activistas en Marruecos hasta el punto de exigir que se aplique la pena de muerte a estos criminales, informa HesPress.
Los delitos de asesinato, en los que son víctimas niños y menores de edad, constituyen el principal eslabón al que se aferran los defensores de la implementación de la pena de muerte.
Activistas en las redes sociales habían pedido la ejecución de las personas que causaron la muerte de un joven llamado Badr en la ciudad de Casablanca el verano pasado, al ser atropellado deliberadamente por un coche. También en el caso del niño Adnan Bouchouf en la ciudad de Tánger en 2020, quien fue sometido a agresiones sexuales por parte del criminal antes de ser asesinado y enterrado. Lo mismo ocurrió con Ali Al-Hadhi, conocido como el “Carnicero”, en la ciudad de Taroudant, quien violó y mató a 11 niños.
A diferencia de quienes piden la pena de muerte en casos de crímenes atroces, hay quienes creen que lo mejor es lo que Marruecos se limite a mantener en suspenso la ejecución de la pena capital, como ocurre ahora. De hecho, Marruecos ha firmado una serie de convenciones de derechos humanos, a pesar de que ha aún no se ha suscrito la decisión de abolir la pena capital ante el Comité de la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas especializada en cuestiones de derechos humanos.
Hay quienes apoyan la abolición inmediata y definitiva de la pena de muerte, representada por activistas d políticos, parlamentarios e instituciones oficiales, en particular el Consejo Nacional de Derechos Humanos, cuya presidenta, Amina Bouayyash, afirmó, en con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte, que mantenerla vigente sin ejecutarla es una forma de tortura psicológica y social.
Bouayyash subrayó la necesidad de “sacar a los condenados a este castigo y a sus familias de un duro estado de espera que es comparable e incluso supera en sus repercusiones psicológicas y consecuencias sociales a la aplicación de la pena de muerte; este castigo no protege a nadie, y su implementación no constituye garantía para lograr tranquilidad para los familiares de las víctimas ni seguridad para la sociedad”.
Por su parte, Abdel-Ilah Al-Khudari, director del Centro Marroquí de Derechos Humanos, afirmó que varios estudios e investigaciones de campo concluyeron que la tendencia general en la sociedad marroquí es mantener la pena de muerte y aplicarla en casos específicos como los delitos de terrorismo, asesinatoy delitos contra el patrimonio.
Al-Khudari atribuyó la posición de Marruecos sobre la pena de muerte, al suspenderla en lugar de abolirla completamente, como piden muchas organizaciones de derechos humanos, a un conjunto de factores políticos, sociales, culturales y religiosos.