Los inspectores de Hacienda anuncian el fin de la lucha antifraude si Cataluña sale de la caja común y no se pueden fiscalizar sus tributos

Los inspectores de Hacienda auguran el fin de la lucha contra el fraude fiscal si el Gobierno lleva a cabo sus planes para permitir una Hacienda propia a Cataluña. "Los grandes programas de inspección contra el fraude fiscal que se realizan actualmente no se podrían llevar a cabo si se culmina la cesión de todas las competencias tributarias a Cataluña y se pierde el acceso a esos datos". Alto y claro, los inspectores han vuelto a alertar en las sucesivas ponencias del XXXIV Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado del peligro que puede provocar la aprobación del cupo catalán si la Agencia Tributaria pierde los datos de la autonomía que preside Salvador Illa. "Desde la creación de la Agencia Tributaria no hemos vivido una situación tan delicada", ha lamentado la presidenta de la asociación, Ana de la Herrán.

Los inspectores avisan de que la eventual ruptura del sistema único de información tributaria impediría, entre otras cosas, abordar la inspección de las sociedades-socios, que requieren de personaciones simultáneas en distintos territorios, si alguno de ellos reside en Cataluña, sería más complicado comprobar si personas físicas con domicilio en Cataluña están tributando en otros territorios y la Agencia Tributaria no tendría acceso a los datos de los grandes patrimonios en la región, ni podría realizar actuaciones coordinadas que impliquen a empresas con sede en ese territorio. Así lo ha denunciado el portavoz de la asociación de inspectores de Hacienda (IHE), José María Peláez, que ha recordado que "Cataluña va a tener su base de datos propia y esa información no va a estar en la base de datos de la Agencia Tributaria", lo que impedirá la búsqueda del fraude en sus contribuyentes, como ya sucede con País Vasco y Navarra, unos territorios que ha calificado como un "agujero negro fiscal".

Pero los inspectores no ven solo una "grave situación en la lucha contra el fraude", sino también en otros ámbitos, como la gestión de ayudas que han sido asumidas por la AEAT -como la bonificación del carburante- o el encaje entre las retenciones de IRPF que realiza una empresa donde tiene su sede respecto de un trabajador que vive y tributa en otra comunidad autónoma. "Además, se dinamita el sistema de financiación autonómica porque la Agencia Tributaria desaparecería de Cataluña y la región pasaría de gestionar 26.000 millones en impuestos a 53.000 millones, con una pequeña aportación al resto de regiones que aún no se ha cuantificado", retiró Peláez.

Especial temor por esta situación han mostrado los casi 4.000 trabajadores de la Agencia Tributaria en Cataluña, que pueden ver cómo su situación como empleado público de la Administración General del Estado puede verse truncada si se traspasa la gestión de su trabajo a la administración regional, ya que la nueva Agencia Catalana debería cuadruplicar su tamaño para poder asumir las nuevas competencias. "Desconocemos cómo lo van a hacer los políticos, pero tememos que el primer pasito lo van a dar con la próxima campaña de la renta catalana, que puede abordarse mediante un convenio de colaboración sin necesidad de cambios legales", algo que quieren evitar porque "pasito que se dé, no tiene vuelta atrás".

IHE ya está analizando cuáles podrían ser los recursos que podrían interponer para paralizar cualquier intento en este sentido, por lo que esta asociación reclama la aprobación de un estatuto independiente de la Agencia Tributaria que "blinde la institución de las injerencias políticas, lo que evitaría actuaciones como el posible fraccionamiento+ de la Agencia a cambio de una investidura", apostilló De la Herrán.

Para los inspectores de Hacienda, este nuevo Estatuto de la Agencia Tributaria se configuraría como un "instrumento jurídico para regular la autonomía e independencia" de este organismo con respecto al poder político, debiendo estar representadas en el mismo todas las administraciones tributarias, estatal, autonómicas y locales. Ello garantizaría, afirman, una "uniformidad" en la aplicación del sistema tributario español y una "adecuada y ágil" lucha contra el fraude fiscal. Los inspectores también abogan por que la política de contrataciones y oposiciones que se aplica en toda la Administración debe regirse por los principios de "igualdad, mérito y capacidad", lo que implica que cualquier reforma del sistema de selección de los futuros funcionarios de la Agencia Tributaria debe seguir velando por el cumplimiento "de la necesaria objetividad unida a la alta cualificación en esta selección".