La Audiencia Nacional investiga la financiación ilegal de la campaña europea de Alvise
La Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido la denuncia presentada por Álvaro Romillo, investigado paralelamente por la supuesta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC), contra el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez en la que el empresario asegura haberle entregado 100.000 euros para la financiación de la campaña electoral de la formación que lidera, Se Acabó la Fiesta (Salf), para las últimas elecciones europeas.
El magistrado José Luis Calama, que asume esta investigación por un delito de financiación ilegal de partidos políticos, ofrece a Alvise, precisamente por su condición de aforado en el Tribuanl Supremo como europarlamentario, la opción de personarse en las actuaciones y declarar de forma voluntaria en sede judicial el próximo 20 de noviembre. También le traslada la posibilidad que tiene de aportar documentos, proponer diligencias de investigación y participar en la propia instrucción de la causa.
Para aclarar estos hechos el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha acordado abrir una pieza separada independiente de la causa principal, que es en la que se investiga a Romillo y a sus más directos colaboradores por presunta estafa a los que fueron inversores de MIC y clientes a través de esta plataforma de sus servicios de elusión fiscal e inversión en criptoactivos.
El magistrado Calama señala en su auto que no descarta que el líder de Salf acabe siendo considerado cooperador necesario en el delito de estafa agravada al haber promocionado, al menos en una ocasión, la actividad presuntamente ilícita llevada a cabo a través del entramado financiero que se creó en torno a Madeira Invest Club.
Esta decisión de la Audiencia no implica la imputación de Alvise, que tendría que ser solicitada con una exposición razonada en la que se expongan los indicios que para el magistrado hacen procedente que sea investigado por su responsabilidad en la supuesta financiación ilegal de la campaña electoral que antecedió a su irrupción en las instituciones por primera vez con tres escaños en el Parlamento Europeo.
Esta admisión a trámite de la denuncia sí que implica, por otro lado, que pueda empezar a defenderse al aparecer en el relato de los hechos que ahora se investigan como el presunto receptor de la entrega irregular de dinero en metálico procedente de una de las compañías de este empresario, Sentinel.
Álvaro Romillo sí que pasa a estar imputado en esta nueva pieza por un delito de financiación ilegal de formaciones políticas, que fue quien reveló esta supuesto entrega de dinero al eurodiputado, en el marco de un acuerdo de colaboración en que el primero obtendría publicidad de sus empresas y el eurodiputado "podría financiar con seguridad y holgura su campaña sin persecución estatal", como figura en la acción penal y recoge ahora el juez.
Ya que, explica en el auto el magistrado de la Audiencia, en la ley se castiga tanto a los que reciben donaciones para un partido, pero la responsabilidad penal también se extiende a "quien entregare donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores, por sí o por persona interpuesta".
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