Pacto corrupto: rebasando todos los límites, por Diego García-Sayán

Una autocracia corrupta suele caer cuando concurren dos procesos. De un lado, lo que se podría llamar “crisis en las alturas”, con el resquebrajamiento de la unidad monolítica, como el paso que ha dado el Tribunal Constitucional en ejercicio de sus atribuciones, últimamente un tanto “aletargadas”.

Por otro lado, la sociedad peruana está despertando, venciendo su letargo, como ocurrió en el 2000, ejerciendo su derecho constitucional a la protesta. Lo demuestra, nuevamente, la movilización -y paro nacional- de ayer miércoles 23, una masiva protesta contra la corrupción, el mal gobierno y el crimen organizado.

Apuntalando la impunidad del crimen

Es larga la lista de medidas dictadas por el Congreso para favorecer descaradamente al crimen organizado. Desde la “liberalización” de la tenencia de explosivos (que ha facilitado las cosas a la minería ilegal y fomentado diversos atentados contra minas formales), pasando por el fulminante debilitamiento de la colaboración eficaz, hasta los pasos para seguir desmontando la institucionalidad democrática y la independencia de la justicia.

En general, no se había hecho tanto en tan poco tiempo, en la historia reciente del Perú, como lo viene haciendo el Pacto Corrupto, arrasando impunemente con la institucionalidad democrática. Y sufre el país no solo la descarada -e impune- corrupción en las alturas, sino también la más grosera ineficiencia e ineptitud de quienes gobiernan, que tendrían que hacer algo más para prevenir y castigar el crimen.

Los líderes del Pacto Corrupto buscan garantizar la impunidad y el poder absoluto. Por eso apuntan, certeramente, a desmontar algo crucial en una democracia: la independencia judicial. Dando así pasos sistemáticos -y persistentes- para demoler de manera brutal el mecanismo institucional independiente de designación y evaluación de jueces y fiscales: la Junta Nacional de Justicia. Además, han convertido en un adorno la Defensoría del Pueblo (al haberla sometido a sus intereses abyectos) y buscan anular la facultad de la justicia para actuar sobr decisiones inconstitucionales del Congreso.

Repetidas agresiones a la democracia

El Pacto Corrupto queda bien reflejado en dos graves agresiones -sistemáticas y persistentes- a la democracia.

Primero, la tolerancia -y hasta el impulso- a las agresiones contra periodistas y comunicadores independientes. Destaca la escandalosa impunidad de las violentas agresiones de la autodenominada “resistencia”. El resultado no sorprende: según el solvente “Índice Chapultepec” sobre la libertad de expresión y de prensa en las Américas, en 2024 el Perú es el país de América en el que más daño se ha producido a estos derechos fundamentales.

Segundo, la justicia electoral, amenazada persistentemente, particularmente a través de las constantes agresiones institucionales y mediáticas contra el correcto presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas. Debido a estas agresiones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le tuvo que otorgar medidas provisionales, ordenando al Estado peruano adoptar “de forma inmediata todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida e integridad personal de Jorge Luis Salas Arenas…” y de los familiares allí mencionados.

Mientras tanto, sigue el oscuro proceso de selección de integrantes de la Junta Nacional de Justicia. El “cabecilla” del proceso: el Defensor del Pueblo gris que le impusieron al país. El exabogado del prófugo Cerrón dirige este proceso sin transparencia.

Minería ilegal: articulada al Pacto

La minería ilegal es un espacio criminal particularmente beneficiado y protegido por el Pacto Corrupto. Sus exportaciones casi se han duplicado en los últimos dos años, bordeando ahora los US$8 mil millones en exportación de oro, proveniente esencialmente de la explotación ilegal. Mientras tanto, curiosamente, el presupuesto público contra la minería ilegal se redujo en un 34% desde 2019. Para 2025, se le reduciría un 13% adicional.

El crecimiento de las exportaciones de oro proveniente de la minería ilegal es, literalmente, “explosivo”, gracias a los estímulos y beneficios del Pacto Corrupto, y facilitado por la liberalización en el comercio de explosivos que el Congreso del Pacto Corrupto puso al servicio del crimen.

Los descarados actos del Pacto para beneficiarse, sumados a su incompetencia en el desempeño de la función pública, repercuten trágicamente sobre la ciudadanía. Mientras los precios de nuestras exportaciones aumentan, en paralelo la pobreza crece. Ya ocurrió por dos años seguidos (2022/2023), subiendo a 29%. Además, se incumplirán por segundo año consecutivo los límites al déficit fiscal establecidos en la regla fiscal. La probabilidad de una reducción de la calificación soberana ha aumentado, y las perspectivas para el próximo año son más que mediocres.

Mientras tanto, los responsables del Pacto van acumulando un nutrido currículum para los procesos penales que vendrán cuando se recupere la democracia. ¡Prepárense!

Afirmando democracia

El Pacto Corrupto sigue demoliendo la democracia, abusando de su aplanadora autoritaria y depredadora contra los espacios de oxígeno democrático aún vigentes en nuestra sociedad.

Sirve de fresco y poderoso aliento, dentro del contexto de acoso a la democracia, la designación por el papa Francisco de monseñor Carlos Castillo como cardenal del Perú. Su voz en favor de la tolerancia democrática ya se hizo sentir, apoyando esta semana el derecho del movimiento estudiantil a manifestarse, a propósito de la escandalosa represión a la protesta en la Universidad de San Marcos. Monseñor Castillo no calló ante esto. Sin pelos en la lengua, declaró: “Así también lo hemos visto ayer en el asalto violento a una universidad para doblegar una justa protesta ante una situación fraudulenta".

En el panorama institucional/democrático destacan varios hechos alentadores de envergadura nacional que contrapesan y contradicen la dinámica disolvente que impulsa el Pacto Corrupto desde hace casi dos años. Algunos de los hechos que destacan son:

Primero, la elección por la Junta de Fiscales Supremos de la fiscal Delia Espinoza como Fiscal de la Nación, magistrada de respetable conducta y trayectoria independiente. Paso positivo y alentador para la vigencia del Estado de derecho en el Perú. Espinoza había sido víctima del acoso y marginación por la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides, quien fue destituida por decisión unánime de la Junta Nacional de Justicia en mayo de este año ante su politización grosera y sus severos indicios de corrupción.

Segundo, la decisión independiente del Tribunal Constitucional sobre la inconsistente demanda competencial presentada por el Congreso. Como se recordará, el Congreso (parte dominante del Pacto) presentó esa “demanda competencial” contra el poder judicial que, en ejercicio de sus atribuciones, había dispuesto la reposición de los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello en la Junta Nacional de Justicia. Ambos habían sido destituidos indebidamente por el Congreso.

Para “blindar” trapacerías inconstitucionales como esa, el Congreso del Pacto Corrupto dictó la ley para impedir y anular la independencia y actuación judicial, prohibiéndole a la justicia -inconstitucionalmente- actuar ante la inconstitucionalidad de una ley. Gravísimo ataque a la función e independencia judicial.

Como se sabe, ante la “demanda competencial” presentada por el Congreso basándose en esa ley inconstitucional, el viernes pasado el TC ejerció correctamente sus facultades. Hizo caso omiso de esa ley írrita y se pronunció, en ejercicio de sus facultades y en concordancia con la Constitución. El Pacto Corrupto, así, quedó en offside y en el ridículo.

Una de las derivaciones de la correcta -e independiente- decisión del TC es que confirma el derecho de los magistrados Vásquez y Tello -irregularmente cesados- de permanecer en la crucial Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Tercero, el valiente -e independiente- pronunciamiento público del poder judicial contra la sucesión de normas inconstitucionales dictadas en los últimos dos años por el Congreso. Normas por las que, entre otras cosas, se cancelaba la esencial atribución de la justicia de poder controlar la constitucionalidad de las leyes.

Cuarto, la justicia que vendrá. Después de casi dos años de atropellos, impunidad y vergüenza nacional. Lo ha expresado crudamente la periodista Claudia Cisneros, interpretando el sentir popular de justicia: “¡Vamos por ustedes!”.

Otrosí digo: Me uno al hondo sentimiento de pesar por el fallecimiento del padre Gustavo Gutiérrez, fundador de la Teología de la Liberación: ¡Gracias, Gustavo, por tu vida y amistad!4oChatGPT puede cometer errores.