Diputadas votaron 1.000 mociones para sacar adelante protocolo de atención de violaciones
Las diputadas de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa debieron superar un bloqueo de 1.059 mociones para sacar adelante el proyecto que daría rango de ley al protocolo de atención de víctimas de violación, en las primeras 72 horas después del ataque.
Este protocolo ordena la atención inmediata en centros médicos cercanos y procura evitar la revictimización de la mujer agredida. No obstante, la legisladora Olga Morera, del Partido Nueva República (PNR), intentó bloquear la iniciativa porque contempla la posibilidad de que la persona acceda al anticonceptivo oral de emergencia, conocido como píldora del día después, para evitar el embarazo.
En febrero del 2024, la Sala Constitucional rechazó tres acciones de inconstitucionalidad contra la píldora, al concluir que no se trata de un método abortivo.
La Comisión de la Mujer dictaminó afirmativamente el proyecto el 17 de octubre después de meses de trabajo. El foro debió votar 650 mociones de fondo y 409 mociones de revisión de la fabricista Olga Morera.
Inicialmente la diputada de Nueva República había presentado 1.300 propuestas de cambio, pero 241 no fueron aceptadas por falta de firmas.
Según explicó Carolina Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la comisión, el órgano decidió sacar adelante el proyecto, lo que requirió sesiones extraordinarias.
Las primeras sesiones se iniciaron en febrero pasado y se mantuvieron hasta el mes de abril; luego, llegó el periodo de sesiones extraordinarias, en el que el gobierno no convocó el proyecto durante tres meses. El trabajo se retomó con las sesiones ordinarias, que empezaron en agosto.
De acuerdo con Carolina Delgado, se intentó negociar un acuerdo con Morera, para dejar en claro que la píldora es optativa, pero la bancada de Nueva República rechazó la propuesta debido a que sostiene que la pastilla es abortiva.
“Este fue el tema esencial por el que ella no está de acuerdo con el protocolo, lo cual es algo complicado porque, cuando se dan los procesos de violación, es una de las atenciones que se le dan a las pacientes. Se hicieron muchas propuestas en función a que pudiera decir si quería recibir o no el anticonceptivo de emergencia, pero tampoco logramos nada en esa línea”, agregó la liberacionista.
¿Qué dice el proyecto?
El proyecto de ley pretende fortalecer la protección legal de las víctimas de violación sexual, asegurando la implementación efectiva y obligatoria del Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas Víctimas de Violación Sexual, desarrollado desde 2011 por el Poder Judicial y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Cuando ocurre una agresión sexual, este protocolo es implementado por diversas instituciones, como la Caja y la Medicatura Forense, a través de los Equipos de Respuesta Rápida para Víctimas de Violación (ERRVV). Su objetivo es garantizar que las víctimas reciban los servicios necesarios de manera continua y permanente.
Sin embargo, estos equipos no están disponibles en todo el país, lo que provoca que una víctima agredida en una zona sin acceso a los ERRVV no solo deba presentarse a interponer la denuncia y revivir la agresión al narrar lo sucedido, sino que también debe ser trasladada en una patrulla, acompañada por oficiales, para que se le aplique el protocolo. En ocasiones, el traslado para recibir atención por parte de estos equipos implica viajes de hasta cinco horas.
La iniciativa también contempla la creación de la “Comisión Nacional para la Aplicación del Protocolo de las 72 Horas para Víctimas de Violación”, que estaría conformada por representantes de las instituciones encargadas de aplicar el protocolo. Esta comisión coordinaría la respuesta psicológica, física y judicial.
El protocolo ha ayudado para mejorar la recolección de pruebas, evitando que casos sean desestimados por la pérdida de evidencia. Asimismo, se centra en evitar la revictimización de las personas afectadas y brindar una atención integral que prevenga consecuencias futuras, como enfermedades de transmisión sexual, lesiones físicas graves y afectaciones a la salud mental de las víctimas.