El Gobierno aprueba las nuevas penalizaciones de la jubilación anticipada para 2025
El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de Real Decreto que modifica el reglamento de planes y fondos de pensiones y la Orden donde se establece la remuneración de los miembros de la Comisión de Control Especial de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. También se ha iniciado la tramitación administrativa urgente de la regulación el régimen jurídico y el procedimiento general para determinar la procedencia del establecimiento de coeficientes reductores que permitan anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.
Al aprobar la tramitación administrativa urgente, los plazos para aprobar el real decreto que regula los coeficientes reductores para anticipar la jubilación en caso de actividad que sean de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, se acortarán.
A partir de 2025, la edad mínima de jubilación anticipada voluntaria se incrementará en dos meses por el aumento de la edad legal de jubilación ordinaria: los que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses podrán jubilarse anticipadamente a partir de los 64 años y 8 meses y con más de 38 años y 3 meses cotizados podrán hacerlo a partir de los 63. Este margen es permitido porque la jubilación anticipada voluntaria puede solicitarse hasta 24 meses antes de la edad legal de jubilación, que el próximo año será de 66 años y 8 meses si no se alcanza el mínimo de cotización exigido. Para los que lo hayan logrado, la edad legal seguirá siendo de 65 años.
En el caso de la jubilación anticipada involuntaria o forzosa -con la que se puede adelantar la jubilación hasta 48 meses antes de la edad legal-, se podrán beneficiar de ella con 62 años y 8 meses con menos de 38 años y 3 meses cotizados y 61 años para los que tengan más.
En cuanto a las penalizaciones por la jubilación anticipada, el nuevo régimen transitorio introduce coeficientes reductores más elevados, que se aplican en función de los años cotizados y del periodo de adelanto. Los trabajadores que se jubilen el próximo ejercicio verán incrementados sus coeficientes. Con menos de 38 años y 6 meses cotizados, el coeficiente reductor será del 7,40%, 3,4 puntos más que el 4% que se aplicaba hasta ahora. Los que hayan cotizado más de 38 años y 6 meses también sufrirán un aumento, aunque menor, en comparación con los anteriores a la reforma.
Según ha señalado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, también se han modificado el reglamento que regula los planes de pensiones al mismo tiempo que aclara cuestiones relacionadas con la remuneración y las compatibilidades de los miembros de la Comisión de Control Especial.
Los cambios introducidos permitirán que los partícipes puedan percibir las prestaciones en la jubilación parcial (posibilidad que hasta ahora estaba limitada), además de aclarar el contenido de la política de inversión en materia de sostenibilidad. También permite que tanto la Comisión Promotora y de Seguimiento como la Comisión de Control Especial puedan solicitar asistencia al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.
"Supone, en definitiva, un paso más hacia la constitución de un marco más moderno para impulsar el ahorro vinculado al ámbito laboral para trabajadores por cuenta ajena y autónomos, garantizando su protección y su adecuada supervisión a través de la creación de los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos”, subrayan desde Seguridad Social, organismo que también subraya que el Pacto de Toledo establecía entre sus recomendaciones dotar de estabilidad al actual modelo de previsión social complementaria, impulsando el desarrollo y generalización de los planes de empleo entre los trabajadores.
En noviembre de 2023, la Comisión Promotora y de Seguimiento (CPS) de los fondos de pensiones de empleo abiertos de promoción pública nombró a los 13 integrantes de la Comisión de Control Especial, órgano encargado de la supervisión de dichos fondos. Los candidatos nombrados fueron propuestos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (cinco miembros), sindicatos (cuatro) y organizaciones empresariales (otros cuatro), y han sido designados una vez que la CPS verificó el cumplimiento de sus requisitos.