Los letrados del Congreso, sobre el intento del PP para rechazar la ley que convalida penas: "El Senado es consciente de que su acuerdo no es un veto"

“Plenamente ajustado a derecho”. Es la conclusión del informe de los letrados del Congreso sobre la decisión que tomó la mayoría progresista de la mesa la semana pasada de enviar al Boletín Oficial del Estado la ley que acumula penas de presos españoles en el extranjero y frenar así el intento del PP para dilatar su publicación. El presidente del Senado, Pedro Rollán, dio por vetada la ley la semana pasada a pesar de que ningún grupo había registrado enmiendas ni una propuesta para rechazarla. Una maniobra inédita que retorcía el reglamento y que el informe rechaza de plano. La propia Cámara Alta, dice el texto, “es consciente de que su acuerdo no se puede calificar directamente como veto”.

Un breve repaso de los hechos. El Senado votó la semana pasada ley que acumula las penas de los presos cumplidas en otros países de la UE. Una norma que PP y Vox apoyaron en el Congreso y que dejaron sin enmendar durante semanas en la Cámara Alta. Hasta que salió a la luz que una enmienda incluida en el texto que apoyaron podría beneficiar a terroristas de ETA. El PP entró en pánico y, una semana después, forzó la Constitución y el Reglamento para abrir un conflicto institucional del Senado con el Congreso con el fin de intentar sacarse de encima su responsabilidad. Se trata del segundo intento de choque después del planteado por la amnistía.

A la espera de que el PP plantee formalmente un choque entre instituciones ante el Tribunal Constitucional, tal y como han amenazado, el Congreso rechazó la semana pasada el movimiento del Senado y ordenó enviar el texto al Boletín Oficial del Estado para su inmediata publicación. Lo hizo con el acuerdo de la mayoría progresista de la Mesa y el voto en contra del PP, después de escuchar un informe a viva voz del secretario general del Congreso. Este diario ha tenido acceso al informe que redactaron días después los letrados en el que defienden el acuerdo alcanzado.

“Con carácter general, es preciso señalar que la Mesa del Congreso, en su reunión del pasado día 15 de octubre, actuó conforme a la Constitución y las facultades establecidas en el [...] Reglamento de la Cámara”, sostiene el documento.

El Senado, dice el texto de los letrados, no afirma en su comunicación al Congreso de los acuerdos adoptados por el Pleno “que se haya opuesto veto”, sino que “el rechazo por mayoría absoluta del Proyecto de Ley Orgánica ha de entenderse como tal”. El texto aporta la comunicación exacta que la Cámara Alta envió al Congreso: “El Pleno del Senado, en su sesión del día 14 de octubre de 2024, ha rechazado, por mayoría absoluta, el [citado] Proyecto de Ley Orgánica. Al haber sido rechazado por la mayoría absoluta del Senado, que es la exigida por el artículo 90.2 de la Constitución para oponer el veto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106.1 del Reglamento de la Cámara, ha de entenderse que el Pleno del Senado ha vetado el texto, lo que le comunico en cumplimiento del artículo 122 del Reglamento”.

Y es ahí cuando concluye: “De lo anterior se deprende que el propio Senado es consciente de que su acuerdo no se puede calificar directamente como veto, sino que simplemente por esa Cámara se infiere que lo es por el hecho de que el pronunciamiento se adoptó por mayoría absoluta”.

“No en vano, lo que se sometía a votación no era una propuesta de veto, -que de haber existido y de haberse aprobado por tal mayoría habría supuesto, inequívocamente, la oposición de un veto a la iniciativa legislativa en trámite-, sino, por conocimiento directo, el Proyecto de Ley Orgánica, siendo así que el resultado de esta votación solo podía ser uno: la aprobación definitiva por las Cortes Generales”, insiste el informe.