La Fiscalía deja en manos de la Audiencia Nacional la investigación contra Alvise por financiación ilegal

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido dejar en manos de la Audiencia Nacional la investigación en torno al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez y su cobro en efectivo de 100.000 euros de manos de un empresario de las criptomonedas. El Ministerio Público entiende que este cobro ya forma parte de la investigación abierta en un juzgado de la Audiencia que analiza el hundimiento del negocio de inversiones de Álvaro Romillo y, en la práctica, deja en manos de este tribunal la decisión de denunciar o no ante el Tribunal Supremo al eurodiputado y líder de SALF por presunta financiación ilegal.

La Fiscalía se limita a señalar que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, está obligada a dejar de investigar en cuanto tenga conocimiento de que ya existe un procedimiento judicial sobre los mismos hechos, en este caso en la Audiencia Nacional.

En las últimas semanas, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha tenido que estudiar varias posibles causas penales contra el hoy eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez. Una de ellas es la denuncia de una magistrada de Sevilla, que acusa al agitador ultra de proferir amenazas contra ella en su canal de Telegram para exigir que el también agitador Vito Quiles no fuera detenido. La segunda llega después de que elDiario.es revelase que Alvise cobró 100.000 euros en metálico de un empresario del sector de las criptomonedas en plena campaña de las últimas elecciones europeas, en las que obtuvo más de 800.000 votos.

El hoy diputado entró en contacto con Álvaro Romillo, fundador del fallido club de inversiones Madeira, a finales de marzo de este año, cuando ya había anunciado su candidatura. Conversaciones que han podido ser examinadas por este periódico en las que ambos hablan de criptomonedas, de la posibilidad de colaborar e incluso de la participación de Alvise en un acto multitudinario de la empresa en el Hipódromo de Madrid.

En esos mensajes, audios y llamadas, Alvise se compromete a legislar a favor del sector de las criptomonedas cuando consiga acceder a alguna parcela de poder, poniendo el foco sobre todo en su posible papel en la política nacional junto con PP y Vox. Y reflejan cómo el 27 de mayo, un día antes de empezar su campaña electoral, Alvise fue presencialmente a las oficinas de Sentinel, la empresa de Romillo, a recoger el dinero en efectivo. “100.000 gracias”, dijo el hoy eurodiputado para confirmar la recogida. Posteriormente, Alvise ha reconocido que recogió el dinero pero atribuyendo el pago a un trabajo que hizo como “autónomo”, que no ha terminado de especificar y que no figura en las conversaciones con el empresario.

En esas conversaciones, el propio Alvise afirmaba que iba a destinar esos fondos opacos a financiar la parte más “urgente” de una campaña electoral que arrancó 24 horas después y que le llevó por 16 ciudades españolas hasta culminar con un acto multitudinario en la plaza de Colón de Madrid. El caso acabó en manos de la Fiscalía después de que el propio Romillo se dirigiera por escrito a este organismo, tanto para explicar su “relación” con Alvise como para comunicar que se ponía a disposición de los tribunales después de que su Madeira Investment Club –contra el que ya había advertido la CNMV– se quedara sin fondos.

En las últimas semanas la Audiencia Nacional ha recibido varias denuncias de afectados por el hundimiento del negocio de Romillo, con algunas de esas denuncias mencionando también como materia penal relacionada el cobro de 100.000 euros de Alvise. Esto lleva a la Fiscalía del Tribunal Supremo a dejar el caso en manos del juzgado central número cuatro de la Audiencia, que por el aforamiento del eurodiputado tendrá que decidir, en todo caso, si remite el caso al alto tribunal.