El Gobierno «oculta» en el plan fiscal enviado a la UE que paga el 23% del gasto en pensiones

La sostenibilidad del sistema de pensiones es uno de los capítulos principales del nuevo plan fiscal estructural que el Gobierno ha enviado a la Comisión Europea. En él garantiza que las medidas adoptadas por el lado de los ingresos en el marco de la reforma de las pensiones afianzan el incremento gradual de los recursos del sistema por cotizaciones sociales e imposiciones del trabajo, pero en ningún apartado explicita el déficit estructural del sistema, que necesita de las transferencias del Estado para sostenerse.

Según apuntó Fedea en su último informe sobre esta prestación, el peso de los impuestos al trabajo y las cotizaciones ha pasado de financiar prácticamente todas las mensualidades del sistema en 2010 –más de un 92%– a apenas el 70% actual. Es decir, que las transferencias extraordinarias del Tesoro Publico pagan ya casi una cuarta parte del gasto total (23%), que se financia mediante impuestos y deuda pública. Es más, la Seguridad Social maquilla sus cifras con un supuesto superávit que, en realidad, oculta un agujero de más de 40.000 millones en los datos de la Contabilidad Nacional.

Nada de esto queda reflejado en el plan fiscal, que se limita a señalar que en 2031, al finalizar el período de ajuste, «la recaudación del sistema aumentará 0,7 puntos de PIB gracias a las medidas de la reforma», que incluyen la nueva regla de crecimiento de la base máxima de cotización, que se actualizará con el crecimiento anual del IPC y que entre 2024 y 2050 a «esta revalorización, basada en precios, se le añadirán 1,2 puntos porcentuales. También apunta que se ha adoptado una nueva cuota de solidaridad «que gravará la renta que exceda la base máxima de cotización»; que se ha reconfigurado el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) –que pasa a ser una «cotización finalista cuyos ingresos nutrirán al Fondo de Reserva de la Seguridad Social– y que se ha aprobado una nueva regla de cotización para los autónomos, que una vez finalizado el periodo transitorio, «dejarán de poder elegir sus bases» y cotizarán por sus ingresos reales.

Ninguna referencia a las citadas transferencias extraordinarias que sostienen el sistema, que se han cuadruplicado en las últimas dos décadas: en 2012 se situaron en 9.182 millones y fueron aumentando hasta los 15.687 millones de euros anuales en 2019, cuando todavía suponían menos de la mitad que ahora. En los años 2020 y 2021, estos préstamos estatales apenas superaron los 13.000 millones; en 2022 ya superaron los 22.000 millones y, según Fedea, el sistema público de pensiones dispuso en 2023 de transferencias del Estado por valor de 3,1 puntos de PIB, equivalente a más de 44.000 millones. Por tanto, la Seguridad Social ha duplicado su deuda en menos de un lustro. Según el Banco de España, ha pasado de acumular un pasivo de 55.000 millones en 2020 a superar los 116.000 a cierre del pasado ejercicio.

El Ministerio de Economía, que ha elaborado el plan fiscal, se limita a defender que la sostenibilidad del sistema «queda garantizada por la cláusula de cierre incorporada en la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 2/2023». Según esta norma, la Airef deberá evaluar con carácter trienal que el gasto en pensiones neto y sus medidas de ingresos «no excedan de un determinado umbral fijado». En caso de que se produzca una desviación al alza, «se deberán adoptar medidas apropiadas para eliminar el exceso de gasto neto en pensiones». En caso de no adoptarse, «la cotización del MEI aumentará a partir del año siguiente a la publicación del informe de la Airef», apunta el plan fiscal.

El ministro de Economía Carlos Cuerpo, defendió en su presentación que el documento es solo «un paraguas en cuanto a la senda del crecimiento de gasto» y que los detalles irán especificados en el plan presupuestario.