Los 81 «hachazos» fiscales del Gobierno de Pedro Sánchez
Se avecinan curvas en materia de impuestos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abrieron esta semana en el Congreso la puerta de par en par a una nueva subida impositiva. En este sentido, recordaron que la «brecha fiscal» de España con Unión Europea es de 4 puntos de PIB y ahí lo dejaron. Como a buen entendedor, pocas palabras bastan, el aviso a navegantes , aunque algo camuflado, quedó bastante claro: todavía tenemos margen para subir los impuestos hasta 60.000 millones de euros (el equivalente a los 4 puntos de PIB), así que prepárense para un nuevo «hachazo». Estas manifestaciones se producen a pocos días de que Ejecutivo envíe a Bruselas el Plan Fiscal Estructural (tiene de plazo hasta el próximo miércoles, aunque, previsiblemente, se retrasará), un documento en el que los países exponen cómo articularán las reglas fiscales que quedaron suspendidas como consecuencia de la pandemia, que se retomarán en 2025, y que compromete a los estados miembros a tener unas finanzas públicas saneadas y no sobrepasar el 3% del PIB de déficit ni el 60% en el caso de la deuda. Un verdadero encaje de bolillos si se tiene en cuenta que la deuda pública española asciende, según los últimos datos del Banco de España, al 105% del PIB (1,6 billones de euros). Por su parte, el déficit se ha reducido hasta el 3,6%, algo que, no obstante, tal y como apuntan los expertos, se ha visto favorecido por el efecto de la inflación en los ingresos y en el PIB nominal porque el sector público continúa aumentando el gasto.
Para cumplir con Bruselas, el Gobierno tiene dos opciones: o adelgazar considerablemente el gasto o aumentar ingresos. Teniendo en cuenta la deriva del Ejecutivo y las declaraciones del propio Sánchez, que aseguró que no habrá recortes, la contención es bastante improbable, por lo que los contribuyentes deben estar listos para que el Gobierno avive aún más el fuego en el infierno fiscal en que se ha convertido el sistema tributario español.
Entre 2019 y 2023, España había logrado rebajar la «brecha fiscal» con la UE en cuatro puntos, pero la revisión al alza del Producto Interior Bruto realizada por el INE por el efecto del aumento de la población ha rebajado el peso de los ingresos tributarios sobre el PIB, por lo que el «hueco» se ha vuelto a abrir y, aunque sea a golpe de estadística, ha dado al Gobierno una nueva argumentación para incrementar de nuevo los tributos. Sin embargo, Montero hizo referencia a la presión sin tener en cuenta el verdadero termómetro del grado de «ahogamiento» fiscal de los contribuyentes, que no es otro que el esfuerzo fiscal, un indicador que ofrece una radiografía mucho más real de la situación, ya que tiene en cuenta la renta de los ciudadanos. En este caso, la realidad es bien distinta a la expuesta en el Congreso: no hay brecha fiscal con la UE, sino que el esfuerzo fiscal en España es casi un 18% superior a la media de la Unión Europea.
Por tanto, una subida de hasta 60.000 millones de euros parece bastante inasumible si se tienen en cuenta todos los incrementos efectuados desde que Sánchez es inquilino de La Moncloa. Entre 2019 y 2024, se ha acometido 81 ajustes tributarios, que ha esquilmado el bolsillo de los españoles en 41.000 millones de euros. De las mismas, 62 son subidas tributarias propiamente dichas, con un coste de 9.600 millones, y las 19 restantes corresponden a incrementos de cotizaciones sociales, que afectan tanto a las empresas como a los trabajadores, que han supuesto una recaudación adicional de 26.100 millones. Además, el hecho de que se hayan ajustado los impuestos a la inflación ha costado otros 27.100 millones, según las estimaciones de Funcas y del Banco de España.
Así, el Gobierno ha subido en seis ocasiones la base mínima y en cuatro la máxima de las cotizaciones sociales y ha incrementado todos los años la cuota de los autónomos, a lo que se une otras tres alzas por cambios normativos, al eliminar una deducción por baja siniestralidad e introducir el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la Cuota de Solidaridad. Tras estos incrementos, las cotizaciones a la Seguridad Social por parte del empleador suponen el 29,9% del salario bruto, frente al 21% de media de la UE o el 16,3% de la OCDE.
Asimismo, se han producido seis subidas del IRPF, que se concretan en dos alzas de tipos del impuesto, dos del ahorro y otras dos reducciones de los límites a las aportaciones a los planes de pensiones. De esta manera, la «cuña fiscal», la diferencia entre lo que cuesta un trabajador a su empleador y lo que realmente percibe, se ha elevado hasta el 59,5% para los asalariados sujetos al tipo máximo de IRPF, lo que sitúa al país muy por encima de la media de la OCDE, que se encuentra en el 47%. Esto implica que una gran parte de los costes laborales se destinan a impuestos y contribuciones sociales, reduciendo el salario neto de los empleados.
Las empresas han sido, sin duda, las grandes damnificadas por la política Sánchez y Montero. El Ejecutivo ha efectuada cuatro incrementos del Impuesto de Sociedades, ha reducido la exención de dividendos y plusvalías; ha limitado la deducibilidad de los gastos financieros; ha establecido un tipo mínimo del 15% y ha bajado al 50% la compensación por pérdidas anteriores. También ha realizado 35 subidas de impuestos patrimoniales a través de la revisión del valor catastral, que ha subido cinco de los seis años, y que ha afectado a tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el del Transmisiones Patrimoniales (ITP), el de Actos Jurídicos Documentado (AJF), Sucesiones y Donaciones, Patrimonio y la Plusvalía Municipal. A ello se une el aumento del IVA a las bebidas azucaradas, las primas de seguros, Socimis, matriculaciones, gases fluorados e hidrocarburos. Se ha añadido una subida adicional para patrimonios de más de 10 millones de euros y se han creado nueve impuestos nuevos: las tasas Google y Tobin, el canon digital y el hidroeléctrico, así como los impuestos a los residuos, los plásticos de un solo uso, el temporal de Solidaridad a la Grandes Fortunas, a las entidades financieras y a las energéticas.
En resumen, Sánchez ha subido los impuestos todos los años. En total, 81 incrementos, que se distribuyen de la siguiente manera:
2019: 11 subidas
Tres de ellas correspondieron a las cotizaciones sociales, al subir las base mínima de 858,6 euros en 2018 a 1.050. Esta variación supuso un aumento del 22,3% debido a la subida del SMI de 735 a 900 euros. También se produjeron cambios en el impuesto sobre Hidrocarburos en nueve comunidades autónomas al incorporar a escala estatal la antigua tarifa autonómica unificada al alza. Asimismo, hubo siete incrementos patrimoniales por las actualizaciones catastrales, lo que supuso el aumento del IBI, ITP, AJD, Sucesiones, Donaciones, Plusvalía Municipal y Patrimonio.
2020: 12 subidas
Se volvió a incrementar la base mínima en la cuota que pagan los empresarios por sus trabajadores un 5,5%, pasando de 1.050 a 1.108,3 euros, y hubo un alza también para autónomos de un 1%. Se eliminó la reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que disminuyen la siniestralidad laboral y, como en 2019, se actualizaron los valores catastrales, afectando a los siete impuestos patrimoniales . Ese ejercicio se aprobó también el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (Tasa Google) y el Impuesto sobre Transacciones Financieras (Tasa Tobin).
2021: 20 subidas
Fue el ejercicio en el que acometió un mayor número ajustes. Además de entrar en vigor la tasas Google y Tobin, la cuota de autónomos se incrementó entre tres y doce euros, mientras que la cotización mínima volvió a subir otro 1,58% como consecuencia de un incremento del SMI. Se produjeron, además, tres subidas en el IRPF, dos de las cuales recayeron directamente sobre el ahorro. Así, al incremento en dos puntos el tramo de renta superior a 300.000 euros, se sumó la de tres puntos de las escalas de ahorro por encima de 200.000, y se rebajó el límite de la reducción de las aportaciones individuales a planes de pensiones de 8.000 a 2.000 euros.
También se modificó la Ley del Patrimonio para subir el último tramo de la tarifa del 2,5% al 3,5% para fortunas superiores a 10 millones de euros. El Impuesto de Sociedades también se vio afectado, ya que se redujo la exención de dividendos y plusvalías al 95%, lo que supuso un incremento de facto de la fiscalidad de las empresas con inversiones o filiales en el exterior, al mismo tiempo que se limitó la deducibilidad de los gastos financieros.
Se modificó la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido para subir el IVA de las bebidas azucaradas del 10% al 21%, y el Impuesto sobre las Primas de Seguros pasó del tipo general del 6% al 8% En los PGE 2021, se incluyó, asimismo, una subida del tipo de gravamen de las SOCIMI, que se hizo efectivo en 2022. En junio de ese año, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, que entró en vigor en noviembre, y que incluyó un nuevo coeficiente para la valoración de los bienes inmuebles que afectó a todos los impuestos patrimoniales. Esta misma Ley eliminó el beneficio fiscal de los pactos sucesorios en el IRPF, y se subieron los tipos impositivos del Impuesto sobre Hidrocarburos.
Se varió la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido para subir el IVA de las bebidas azucaradas del 10% al 21%, y el Impuesto sobre las Primas de Seguros pasó del tipo general del 6% al 8% En los PGE 2021, se incluyó, asimismo, una subida del tipo de gravamen de las SOCIMI, que se hizo efectivo en 2022. En junio de ese año, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, que entró en vigor en noviembre, y que incluyó un nuevo coeficiente para la valoración de los bienes inmuebles que afectó a todos los impuestos patrimoniales. Esta misma Ley eliminó el beneficio fiscal de los pactos sucesorios en el IRPF, y se subieron los tipos impositivos del Impuesto sobre Hidrocarburos.
2022: 10 subidas
Aumentó la base mínima de cotización un 5,2%, pasando1.108,3 euros a 1.166,7, mientras que la máxima lo hizo 1,7%, de 4.070 a 4.139,4. Por su parte, los autónomos tuvieron que pagar un 2,0% más en su cuota Un vez más, hubo cambio en la valoración catastral, afectó a los 7 impuestos patrimoniales. Se modificó la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para reducir nuevamente el límite de las aportaciones a los planes privados de pensiones, que bajó de 2.000 a 1.500 euros; se estableció un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, con la intención de recaudar 400 millones de euros adicionales y, el 1 de enero, entró en vigor la modificación del impuesto de matriculación WLTP, con una subida del 20%. En el mismo ejercicio, se aprobó la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que incluyó dos nuevas figuras: el Impuesto sobre Residuos, con una recaudación estimada de 861millones; y el Impuesto sobre los Plásticos de un solo uso, con una recaudación prevista de 491. Ambos entraron en vigor en enero de 2023. El 1 de julio de 2022 se aplicó la reforma del Impuesto sobre los Gases Fluorados. En la Ley de Aguas, se recuperó el Canon Hidroeléctrico, anulado por sentencia del Tribunal Supremo en 2021.
2023: 17 subidas
Se practicaron cuatro alzas cotizaciones sociales, que incluyeron el aumento de las bases máximas y mínimas en un 8,2% y un 8,0%, respectivamente, por la subida del SMI, y se creó un nuevo recargo del 0,6% que pagan tanto empresas como trabajadores. Al mismo tiempo, entró en vigor el nuevo sistema de cotización de autónomos, que suponía una mayor carga en la cotización de los trabajadores por cuenta propia. La escala de ahorro por encima de 300.000 euros también se incrementó en el IRPF, y, en Sociedades, bajó al 50% la compensación por pérdidas anteriores. En ese ejercicio, se aprobó el nuevo Impuesto Temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas, conocido como el «Impuestos los Ricos», el cual afectó especialmente a las comunidades autónomas que tenía el Impuesto de Patrimonio bonificado. Se crearon dos nuevas tasas, las energéticas y a la banca, en teoría temporales y de carácter extraordinario, aunque la intención del Gobierno es que sean permanentes. También se incorporó al sistema tributario un nuevo Canon Digital, y hubo una nueva actualización de los valores catastrales.
2024: 11 subidas
Este año las bases máxima y mínimas de las cotizaciones han subido un 5% por la nueva revalorización del SMI. También lo ha hecho la cotización de los trabajadores por cuenta propia, tal y como estaba previsto en el nuevo sistema de cotización de autónomos, y se ha aprobado una nueva cuota de solidaridad, que será efectiva en 2025, así como una actualización de los valores catastrales.
En total más de 80 ajustes fiscales, que, tal y como han dejado entrever Sánchez y Montero, no serán los únicos. Más fuego para el infierno fiscal del Gobierno.
Aumentó la base mínima de cotización un 5,2%, pasando1.108,3 euros a 1.166,7, mientras que la máxima lo hizo 1,7%, de 4.070 a 4.139,4. Por su parte, los autónomos tuvieron que pagar un 2,0% más en su cuota Un vez más, hubo cambio en la valoración catastral, afectó a los 7 impuestos patrimoniales. Se modificó la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para reducir nuevamente el límite de las aportaciones a los planes privados de pensiones, que bajó de 2.000 a 1.500 euros; se estableció un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, con la intención de recaudar 400 millones de euros adicionales y, el 1 de enero, entró en vigor la modificación del impuesto de matriculación WLTP, con una subida del 20%. En el mismo ejercicio, se aprobó la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que incluyó dos nuevas figuras: el Impuesto sobre Residuos, con una recaudación estimada de 861millones; y el Impuesto sobre los Plásticos de un solo uso, con una recaudación prevista de 491. Ambos entraron en vigor en enero de 2023. El 1 de julio de 2022 se aplicó la reforma del Impuesto sobre los Gases Fluorados. En la Ley de Aguas, se recuperó el Canon Hidroeléctrico, anulado por sentencia del Tribunal Supremo en 2021.
2023: 17 subidas
Se practicaron cuatro alzas cotizaciones sociales, que incluyeron el aumento de las bases máximas y mínimas en un 8,2% y un 8,0%, respectivamente, por la subida del SMI, y se creó un nuevo recargo del 0,6% que pagan tanto empresas como trabajadores. Al mismo tiempo, entró en vigor el nuevo sistema de cotización de autónomos, que suponía una mayor carga en la cotización de los trabajadores por cuenta propia. La escala de ahorro por encima de 300.000 euros también se incrementó en el IRPF, y, en Sociedades, bajó al 50% la compensación por pérdidas anteriores. En ese ejercicio, se aprobó el nuevo Impuesto Temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas, conocido como el «Impuestos los Ricos», el cual afectó especialmente a las comunidades autónomas que tenía el Impuesto de Patrimonio bonificado. Se crearon dos nuevas tasas, las energéticas y a la banca, en teoría temporales y de carácter extraordinario, aunque la intención del Gobierno es que sean permanentes. También se incorporó al sistema tributario un nuevo Canon Digital, y hubo una nueva actualización de los valores catastrales.
2024: 11 subidas
Este año las bases máxima y mínimas de las cotizaciones han subido un 5% por la nueva revalorización del SMI. También lo ha hecho la cotización de los trabajadores por cuenta propia, tal y como estaba previsto en el nuevo sistema de cotización de autónomos, y se ha aprobado una nueva cuota de solidaridad, que será efectiva en 2025, así como una actualización de los valores catastrales.
En total más de 80 ajustes fiscales, que, tal y como han dejado entrever Sánchez y Montero, no serán los únicos. Más fuego para el infierno fiscal del Gobierno.